Ley de Extranjer¨ªa, el fiasco de CiU XAVIER RIUS-SANT

Si alguna virtud ha demostrado poseer CiU, tanto durante el actual mandato del PP como en la anterior legislatura socialista, es su capacidad para dar estabilidad a un Gobierno central que no posee la mayor¨ªa absoluta en el Congreso y, gracias a ello, conseguir la aceptaci¨®n de reivindicaciones pol¨ªticas de la coalici¨®n nacionalista. Por esa raz¨®n, la propuesta de reforma de la Ley de Extranjer¨ªa que remiti¨® CiU al Congreso hace 18 meses ten¨ªa posibilidades de conseguir la modificaci¨®n de algunos de los aspectos m¨¢s controvertidos de una ley que, desde su origen en 1985, hab¨ªa sido denunciada por el Defensor del Pueblo y las asociaciones de derechos humanos. Simult¨¢neamente a la propuesta de CiU, tambi¨¦n llegaron a las Cortes sendas propuestas de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, pero mientras que las reiteradas proposiciones que Iniciativa e IU han hecho en las ¨²ltimas legislaturas no han llegado a ninguna parte, el hecho de que la impulsara CiU permit¨ªa augurar que la ley ser¨ªa por fin modificada.Hay que reconocer que esta propuesta, surgida en la coalici¨®n nacionalista del entorno del diputado Carles Campuzano, no siempre tuvo pleno apoyo de la totalidad de sensibilidades y familias que hoy forman CiU, y para algunos de estos sectores era casi una batalla privada de Campuzano en el seno de la Comisi¨®n Constitucional de Congreso. Sorprendentemente para todos, esa propuesta fue cuajando en un consenso que un a?o y medio despu¨¦s se transformaba en un texto que permit¨ªa la regularizaci¨®n de buena parte de los extranjeros que viven y trabajan en Espa?a, les otorgaba sus derechos sanitarios, educativos y sociales y facilitaba la residencia permanente a quienes habiendo estado regularizados, debido a la lentitud de la Administraci¨®n y los formalismos de la ley, volv¨ªan a quedar en la ilegalidad.

Y as¨ª estaban las cosas cuando, pese a contar con la unanimidad de la C¨¢mara, las voces de alarma de algunos ministros asegurando que la reforma era un grave error obligaron a CiU a tomar una dif¨ªcil disyuntiva: o aceptaba negociar algunos cambios en el Senado con el PP, o el Gobierno la bloqueaba impidiendo que se aprobase en la actual legislatura, cosa que obligar¨ªa a volver a empezar partiendo de cero. Pero ambos grupos olvidaron que el Congreso pod¨ªa rechazar los cambios que introdujera el Senado y que, en tal caso, entrar¨ªa en vigor el texto inicial aprobado por la C¨¢mara baja. Es dif¨ªcil saber si este olvido se debi¨® a la ignorancia del Reglamento, a la improvisaci¨®n o a la confianza en que no se iba a romper una norma de cortes¨ªa parlamentaria vigente hasta hoy: aquella que indica que, por lo general, el Congreso acepta los cambios introducidos por el Senado.

Los cambios pactados por CiU y el PP en el Senado eliminan la posibilidad de regularizar a quienes lleven dos a?os en Espa?a, aunque est¨¦n empadronados y demuestren tener recursos econ¨®micos; endurecen las condiciones para la reagrupaci¨®n familiar; modifican las condiciones de legalizaci¨®n de quienes en los ¨²ltimos a?os tuvieron permiso de residencia en alg¨²n momento, y establecen un r¨¦gimen sancionador que recuerda la derogada Ley de Peligrosidad Social.

Puesto que para no ser rechazada en su vuelta al Congreso se precisaba al menos del voto de Coalici¨®n Canaria, se intent¨® suavizarla con nuevas enmiendas en el pleno del Senado, pero ello no prosper¨® y no se puede augurar qu¨¦ ocurrir¨¢ en la votaci¨®n prevista para hoy en el Congreso.

Lo m¨¢s triste no es el rid¨ªculo papel que ha desempe?ado CiU como buena pagadora de sus pactos en Catalu?a y Madrid con el PP. Lo m¨¢s triste de este fiasco es que se ha perdido una oportunidad ¨²nica de normalizar la situaci¨®n de quienes, viniendo de fuera de la Comunidad Europea, viven y trabajan entre nosotros soportando situaciones de una ilegalidad que les aboca a la marginaci¨®n y la vulneraci¨®n de sus derechos b¨¢sicos.