El Govern ocult¨® al Parlament el posible coste de la indemnizaci¨®n por no hacer el casino Hard Rock

El actual Gobiern catal¨¢n ocult¨® a los grupos parlamentarios de la CUP y del PP parte del informe del Gabinete jur¨ªdico de la Generalitat que estudia el futuro legal del megacasino del Hard Rock (Tarragona). El Ejecutivo envi¨® a los dos grupos el informe jur¨ªdico elaborado en el mandato del president Pere Aragon¨¨s pero sin incluir el anexo que, entre otra documentaci¨®n, incluye una estimaci¨®n de la indemnizaci¨®n por no sacar adelante el Plan Director Urban¨ªstico (PDU), que puede ascender a entre 37,5 a 50 millones de euros.

El informe, de noviembre de 2023, se?ala los peores escenarios en los que el Govern deber¨ªa asumir una eventual indemnizaci¨®n si el proyecto se desbarata. La consejera portavoz S¨ªlvia Paneque ha alegado este martes que no han ¡°escondido nada¡± y que se limitaron a responder a las peticiones de los grupos. ¡°El Govern hace lo que tiene que hacer: modificar la fiscalidad del complejo y tramitar el PDU¡±, ha dicho al t¨¦rmino del Consell Executiu. El Govern de Illa negaba, hasta hace pocas semanas, la existencia del documento.

El caso ha aflorado esta ma?ana en el Parlament cuando los diputados de la CUP, acompa?ados de miembros de la plataforma Aturem Hard Rock, han sostenido que, seg¨²n la documentaci¨®n que le hab¨ªa remitido el Govern a trav¨¦s de una pregunta parlamentaria, se pod¨ªa parar el proyecto del megacasino ¡°sin consecuencias econ¨®micas¡±. La CUP ha acusado al PSC de mentir al sostener que no hac¨ªa falta pagar 50 millones de euros. La cifra hac¨ªa referencia a una informaci¨®n publicada por EL PA?S, el 7 de enero, sobre el informe jur¨ªdico que planteaba diversas hip¨®tesis fijando el posible coste de parar el proyecto en esa cantidad. La anterior responsable de Econom¨ªa, Natalia Mas, ya hab¨ªa compartido el a?o pasado con otros grupos parlamentarios esta cifra a la hora de negociar los Presupuestos auton¨®micos que finalmente no vieron la luz.

El documento asegura que si se aprueba el PDU, en unos t¨¦rminos que permitieran la implantaci¨®n del casino, y el Govern revocara la autorizaci¨®n para la implementaci¨®n del proyecto, ser¨ªa ¡°viable la reclamaci¨®n por da?os emergentes¡± de los gastos que se hayan producido una vez se de la autorizaci¨®n, de acuerdo con el punto ocho de las conclusiones del documento que el Govern envi¨® a la CUP. Seg¨²n el anexo, la cuantificaci¨®n aqu¨ª podr¨ªa llegar a los 21,4 millones de euros, contando los gastos financieros. Seguidamente, descarta la posibilidad de que haya una reclamaci¨®n por lucro cesante ya que ¡°no se habr¨ªa creado ninguna expectativa cuantificable¡±. ¡°Para que los recursos prosperen y se reconociera una eventual indemnizaci¨®n¡±, dice el informe, el promotor tendr¨ªa que acreditar ¡°que la actuaci¨®n de la Administraci¨®n de la Generalitat no se adecu¨® claramente a la legalidad¡±.

Tanto la CUP como el PP hab¨ªan solicitado la documentaci¨®n referente al informe jur¨ªdico sobre la eventual responsabilidad patrimonial de la Generalitat ante un posible retirada del proyecto del Hard Rock. Los dos grupos han certificado que solo recibieron las 37 primeras p¨¢ginas de un documento que cuenta con un total de 97. La CUP y los comunes han acusado a ERC de ocultar en su d¨ªa el informe. Ambas formaciones adem¨¢s han pedido que comparezca el exdirector del Incas¨°l y ahora concejal de Junts en Barcelona, Dami¨¤ Calvet, porque el informe considera ¡°an¨®malo¡± que esa entidad mediara entre el promotor y Criteria Caixa (brazo inversor de La Caixa) en la venta de los terrenos. ¡°Cambiar las reglas del juego en medio de la partida es poco serio¡±, ha respondido a su vez la portavoz de Junts, M¨°nica Sales, en referencia al cambio fiscal.

Paneque ha insistido en que no han ocultado nada a los grupos, que no les concern¨ªan informes encargados por otro govern y que han actuado con ¡°transparencia¡±. ¡°Se les ha pasado la informaci¨®n que requer¨ªan¡±, ha dicho obviando que la petici¨®n que realiz¨® la CUP, contestada por la consejera Al¨ªcia Romero el 27 de enero, preguntaba espec¨ªficamente el coste de parar el Hard Rock. La consejera ha reiterado que el Govern se est¨¢ limitando a cumplir dos cometidos: el de derogar por ley el traje fiscal a medida del complejo e igualarlo con el de los otros casinos y el de tramitar el PDU.

La modificaci¨®n fiscal fue una exigencia de ERC y los comunes, socios de investidura de Illa, que se ve obligado a hacer constantes equilibrios en este cap¨ªtulo. Los socialistas fueron firmes defensores del complejo recreativo cuando estaban en la oposici¨®n hasta el punto de condicionar dos presupuestos a que el plan siguiera adelante. Pero ahora su posici¨®n es ambigua y est¨¢ en el limbo: insisten en que est¨¢n cumpliendo los objetivos y se remiten a la decisi¨®n final del promotor. ¡°Este proyecto se traslad¨® como una oportunidad para el territorio que lo ve con buenos ojos¡±, ha afirmado la consejera.

Desde las filas republicanas, la portavoz parlamentaria Ester Capella ha sacado pecho de la aprobaci¨®n, hace una semana, de una ley que revirti¨® el tratamiento fiscal m¨¢s beneficioso que en su d¨ªa se aprob¨® en la C¨¢mara para poder encajar el proyecto. ¡°Esquerra nunca vot¨® unas bonificaciones que equiparaban al Camp de Tarragona con Macao¡±, ha defendido, recordando que a¨²n hay tramitaciones pendientes. ¡°A d¨ªa de hoy, el Hard Rock no existe¡±, ha remachado.