Pagar bien a la justicia

Nadie puede poner en duda que cualquier pa¨ªs que aspire a tener una Justicia digna -y por digna nos referimos a que cumpla con la misi¨®n constitucional de protectora y garante de los derechos de todos, especialmente de los que a ella acuden como expectativa de soluci¨®n-, ha de dotar a quienes la imparten y a sus colaboradores de una retribuciones dignas -y por dignas nos referimos tanto a suficientes como a proporcionadas en relaci¨®n con su dignidad, dedicaci¨®n, categor¨ªa, antig¨¹edad y responsabilidades y con el resto de los profesionales de su nivel-. Es dif¨ªcil encontrar a alguien que no quiera ganar m¨¢s.Sin embargo, desde la reflexi¨®n que realizamos en la Fundaci¨®n por la Justicia -integrada por magistrados, fiscales, secretarios judiciales, m¨¦dicos forenses, abogados, procuradores, profesores universitarios y asociaciones de consumidores-, queremos incorporar al debate publicitado recientemente en los medios de difusi¨®n que:

1.- Condicionar el incremento retributivo, sea cual sea el porcentaje, a la p¨¦rdida de independencia, nos parece un desprop¨®sito.

2.- Sugerir un conflicto de poderes ante la negativa de aceptar las reivindicaciones planteadas, aun sinti¨¦ndose chuleados por los negociadores oficiales del nunca jam¨¢s, nos parece una desproporci¨®n.

3.- Incluir en la exigencia a todos los miembros de las carreras judicial y fiscal, nos sugiere una desfachatez, ya que la representatividad de las asociaciones reclamantes no alcanza ni el 40% de sus integrantes.

4.- Anunciar, aun veladamente, medidas de presi¨®n en perjuicio de las personas a quienes servimos y en cuyo nombre impartimos justicia, nos produce verg¨¹enza.

5.- Ampararse en el respaldo institucional del Consejo General del Poder Judicial, que decidi¨® incrementarse sus retribuciones en un 60%, nos parece un esc¨¢ndalo provocado por conciencias intranquilas. ?All¨¢ ellos!

6.- Aprovechar la importante subida salarial de los magistrados del Tribunal Supremo, implica desconocer que en un pa¨ªs de envidiosos estamos provocando la misma reacci¨®n en el resto de los servidores p¨²blicos, incluidos los m¨¢s pr¨®ximos.

Sin duda que est¨¢ incumplido el mandato legal de promulgaci¨®n de una Ley de Retribuciones, a la que se refiere nuestra Ley Org¨¢nica del Poder Judicial de 1985 (art¨ªculo 403), pero, antes de publicar otra ley y provocar su incumplimiento, se nos ocurre m¨¢s coherente plantear el debate al rev¨¦s: a nadie le gusta medir, pues midamos el tiempo, los recursos disponibles, la dedicaci¨®n a la reflexi¨®n, la ilusi¨®n empe?ada. Exijamos en consecuencia. Plantear la subida salarial en el marco y bajo el pretexto de una necesaria modernizaci¨®n es pura ret¨®rica, ejercicio de la est¨¦tica, falacia inadmisible. La modernizaci¨®n exige estar dispuestos a la flexibilidad, que implica asumir la mayor pero tambi¨¦n la menor retribuci¨®n, en funci¨®n de baremos de productividad y eficiencia. No sabemos por qu¨¦ nos cuesta aceptar conceptos que en cualquier organizaci¨®n, de cualquier pa¨ªs que asume el riesgo de prestar mejores servicios, definen su calidad.

No nos gusta ofrecer a cambio inquietud y temores de renovados retrasos. Preferir¨ªamos garantizar tutela "efectiva" y la sociedad entender¨ªa, quiz¨¢ reclamar¨ªa, por nosotros.

Lamentamos disentir. Tambi¨¦n somos tropa y seguimos creyendo que la Justicia se puede mejorar.