Pinochet: c¨¢rcel evitable, juicio ineludible

El Home Office (Ministerio del Interior brit¨¢nico) anuncia que el general Pinochet ser¨¢ sometido a pruebas m¨¦dicas oficiales este mes, probablemente el pr¨®ximo d¨ªa 5. A tal efecto ha sido designado un equipo formado por un neur¨®logo y dos geriatras. Su trabajo ser¨¢ seguido, en calidad de observadores, por los doctores Michael Loxton, que le ha atendido durante el ¨²ltimo a?o y ha pedido ya su liberaci¨®n, y Jacques Piroux, del Hospital Militar de Santiago, que, obviamente, la pedir¨¢ tambi¨¦n.Pero el diagn¨®stico decisivo, en el plano m¨¦dico, ser¨¢ el proporcionado por los tres miembros del equipo citado. Despu¨¦s, en el ¨¢mbito pol¨ªtico, ser¨¢ el ministro Mr. Straw quien se pronunciar¨¢ a la vista del informe m¨¦dico y dem¨¢s circunstancias concurrentes: o liberaci¨®n por motivos humanitarios, o continuaci¨®n del procedimiento judicial hasta el pr¨®ximo pronunciamiento del tribunal competente, fijado para el pr¨®ximo marzo, sobre el recurso planteado por la defensa del general contra la extradici¨®n concedida a Espa?a por el juez Barttle en su ¨²ltima resoluci¨®n.

Entretanto, las posturas al respecto siguen siendo tan contrapuestas como lo fueron desde el principio, tanto en Chile como aqu¨ª. "Es de sentido com¨²n evitar el juicio a Pinochet en Espa?a", afirmaba en Madrid, no hace mucho, el fiscal general del Estado. Frente a esta posici¨®n, la actuaci¨®n judicial espa?ola, con el pleno respaldo de la comunidad defensora de los derechos humanos (espa?ola, chilena, brit¨¢nica y del mundo en general, incluidas instituciones tan prestigiosas como Amnist¨ªa Internacional), mantiene otra posici¨®n que, con escasas variantes, puede resumirse as¨ª: "Es de sentido com¨²n y de conciencia humanitaria que Pinochet no sea encarcelado, por su edad, y quiz¨¢ incluso por su estado de salud; pero, en todo caso, sigue siendo de justicia ineludible que sea juzgado y sentenciado por los abominables cr¨ªmenes que perpetr¨®".

Comprendemos, desde el punto de vista humano, que muchas v¨ªctimas de Pinochet, as¨ª como principalmente los familiares directos de las personas desaparecidas bajo los excesos pinochetistas, deseen que ¨¦ste permanezca en la c¨¢rcel y muera en prisi¨®n, puesto que sus seres queridos fueron privados de libertad y torturados hasta su muerte en c¨¢rceles u otros recintos peores a¨²n. Sin embargo, y aun a riesgo de disgustar a este sector absolutamente respetable, consideramos acertada la norma legal -espa?ola y de otros pa¨ªses- que prev¨¦ el no encarcelamiento de personas por encima de una determinada edad. Pero, al mismo tiempo, consideramos que el punto irreductible, aquel en el que no se puede ceder, es en la necesidad de que el ex dictador sea sometido a un juicio justo y efectivo.

Recordemos tambi¨¦n que, incluso si el Tribunal Penal Internacional dise?ado en Roma en julio de 1998 estuviera ya vigente y plenamente operativo -de lo cual est¨¢ muy lejos a¨²n-, tal tribunal excluye expresamente en su estatuto la retroactividad, por lo que s¨®lo podr¨ªa juzgar los delitos posteriores a su establecimiento y no los del pasado. En otras palabras, ser¨ªa un instrumento que nunca podr¨ªa ser utilizado contra Pinochet, aunque s¨ª contra sus hom¨®logos del futuro. Ello confiere especial importancia a las actuaciones judiciales -como las emprendidas en Espa?a por el Juzgado n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional y por otros juzgados de varios pa¨ªses- al amparo del concepto de jurisdicci¨®n universal, y que al parecer constituyen la ¨²nica v¨ªa disponible por el momento para poder juzgar ciertos cr¨ªmenes contra la humanidad cuando sus autores consiguen asegurarse la impunidad en su propio pa¨ªs.

Por su parte, la declaraci¨®n del fiscal general espa?ol a?ad¨ªa una importante precisi¨®n, al se?alar que el juicio debe ser evitado "en Espa?a". Criterio que tambi¨¦n hemos de rechazar. Asumimos que, como norma general, los delitos deben juzgarse all¨ª donde fueron cometidos. Pero, cuando esto no resulta posible, la opci¨®n es ¨¦sta: impunidad o juicio en otro lugar. Recordemos que incluso notables personalidades chilenas -entre otras, el ex presidente Patricio Alwyn- reconocieron honradamente la imposibilidad de un juicio efectivo en Chile al ex dictador. Aunque en Chile existen ya m¨¢s de sesenta causas judiciales contra el general, todas ellas acumuladas a partir de su detenci¨®n en Londres -lo que demuestra el enorme efecto psicol¨®gico de su arresto por orden del juez espa?ol-, tal juicio, en t¨¦rminos efectivos, sigue resultando inviable en Chile por m¨²ltiples motivos. Lo siguen impidiendo barreras tales como la amnist¨ªa de 1978, la inmunidad parlamentaria del ex dictador como senador vitalicio, y, sobre todo, la oposici¨®n frontal de la instituci¨®n m¨¢s poderosa de Chile: las Fuerzas Armadas.

Asumido, pues, que el juicio ha de ser en otro lugar, ?por qu¨¦ precisamente en Espa?a? Primero, porque fue aqu¨ª, en los juzgados 5 y 6 de la Audiencia Nacional, donde se presentaron, aceptaron y sustanciaron las denuncias y el procedimiento correspondiente, sin perjuicio de que denuncias similares fueran tramitadas posteriormente en otros juzgados de Francia, B¨¦lgica y Suiza. Segundo, porque la jurisdicci¨®n de Espa?a sobre el tipo de delitos imputados al general qued¨® plenamente ratificada por la decisi¨®n un¨¢nime de los 11 magistrados de la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional. Tercero, porque es precisamente Espa?a -de los varios pa¨ªses reclamantes- aquel que ha obtenido la decisi¨®n de la justicia brit¨¢nica, favorable a la extradici¨®n del general.

Lamentablemente, sin embargo, y a pesar de este notable logro, Espa?a no ha dado una imagen ¨²nica y coherente a lo largo del caso Pinochet, sino que ha mostrado en demasiados momentos -y sigue mostrando- dos caras contrapuestas. Mientras ciertos ¨®rganos del Estado llevaban adelante, con determinaci¨®n y eficacia, los sucesivos pasos del procesamiento, captura y extradici¨®n del general, otros ¨®rganos del mismo Estado contradec¨ªan, entorpec¨ªan y trataban de truncar dicho procedimiento judicial. Se trata, obviamente, de pronunciamientos tendentes a debilitar la posici¨®n espa?ola en cuanto al cumplimiento final de la extradici¨®n. Entre tales manifestaciones cabe incluir la ¨²ltima citada, con la cual el fiscal general se manifestaba una vez m¨¢s contra el cumplimiento de todas las decisiones judiciales espa?olas y brit¨¢nicas hasta hoy acumuladas, invocando esta vez lo ¨²nico que le quedaba ya por invocar: el "sentido com¨²n", como supuesto argumento para evitar el juicio a Pinochet.

Nadie negar¨¢, pues, que, por el lado espa?ol, una parte del Estado se ha mostrado, y se sigue mostrando, adversa a la presencia de Pinochet en nuestro pa¨ªs. A muchos les sigue resultando demasiado fuerte imaginar al viejo ex dictador en Madrid, sentado ante una solemne fila de togas negras: las de unos magistrados espa?oles -tambi¨¦n pod¨ªan haber sido franceses, belgas o suizos, e incluso brit¨¢nicos en caso de no haber otorgado la extradici¨®n- que tendr¨ªan, en todo caso, sobre la mesa la correspondiente legislaci¨®n nacional e internacional. Empezando por el fundamental e insoslayable Convenio contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes que el propio Pinochet ratific¨® con su firma en 1988 y cuyos preceptos y prohibiciones sigui¨® pisoteando hasta el final de su dictadura, seg¨²n revelan inequ¨ªvocamente los 35 casos presentados por el juez espa?ol y aceptados por el juez brit¨¢nico en su sentencia al otorgar la extradici¨®n.

Afortunadamente, y a pesar de la evidente divisi¨®n interna que el caso Pinochet ha suscitado tambi¨¦n entre nosotros, las actuaciones que han prevalecido oficialmente han sido las de un Estado de derecho, Espa?a, que, pese a los obst¨¢culos internos y externos y a las dificultades intr¨ªnsecas de un proceso sin precedente alguno, ha sido capaz de llevarlo adelante con un ¨¦xito espectacular que nadie hubiera imaginado 15 meses atr¨¢s. Proceso respaldado por el apoyo entusiasta de los grandes sectores sociales castigados hist¨®ricamente -en Am¨¦rica Latina y otras regiones- por una impunidad que parec¨ªa ser aplastante, irremediable y definitiva. De pronto, cuando nadie lo cre¨ªa posible, Espa?a abri¨® para ellos una esperanza de justicia; de esa justicia que siempre les fue negada en su propia tierra. Esa es la esperanza que no podemos defraudar, y ¨¦se es el camino que, por la parte que nos toca, debemos seguir hasta el final.

Otorguemos a Pinochet las consideraciones humanitarias propias de los pa¨ªses civilizados, aunque ¨¦l se las neg¨® a otros generales chilenos y a otras personas de avanzada edad. Pero no incurramos en la injusticia de a?adir a tales consideraciones la de eximirle de ese juicio justo que ¨¦l neg¨® a sus v¨ªctimas. Ese juicio justo y riguroso que ¨¦l, prepotentemente, crey¨® que jam¨¢s tendr¨ªa que afrontar.

Prudencio Garc¨ªa es consultor internacional de la ONU e investigador del INACS.