Pinochet, un personaje en busca de autor, lo hall¨® en Baltasar Garz¨®n

El caso Pinochet comenz¨® a balbucear el 4 de julio de 1996 en Valencia, cuando la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) present¨® una denuncia contra el ex dictador por genocidio, terrorismo y torturas en Chile, y, al d¨ªa siguiente, el abogado Joan Garc¨¦s se querell¨® en nombre de las v¨ªctimas en la Audiencia Nacional. La minusvaloraci¨®n del caso, considerado un intento voluntarista testimonial, y la intervenci¨®n de Garz¨®n lo convirtieron, al lograrse el arresto de Pinochet, en un caso internacional.Es un dato hasta ahora in¨¦dito, pero b¨¢sico: fue la v¨ªctima m¨¢s emblem¨¢tica de Espa?a en el Chile de Pinochet la que resucit¨® para desencadenar el caso Pinochet. Corr¨ªan los primeros d¨ªas de julio de 1996. El d¨ªa 16 se cumpl¨ªan 20 a?os del asesinato de Carmelo Soria, espa?ol y chileno, nieto del urbanista espa?ol Arturo Soria, secuestrado y asesinado en Chile, en 1976, por un comando de la Direcci¨®n de Inteligencia Nacional (DINA), la polic¨ªa secreta de Augusto Pinochet, en el cual participaba nada menos que el edec¨¢n del entonces dictador.

La Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF), una agrupaci¨®n de miembros de la carrera fiscal, no tuvo tiempo para saborear su primer ¨¦xito con la admisi¨®n a tr¨¢mite por parte del juez Baltasar Garz¨®n, en junio de 1996, de una denuncia sobre genocidio, terrorismo y torturas en la Argentina del general Videla. Los fiscales de la UPF se pusieron a trabajar sobre Chile. La decisi¨®n: evitar la prescripci¨®n, en Espa?a, a los veinte a?os, del brutal asesinato de Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas.

El 4 de julio, el fiscal de Valencia Miguel Miravet present¨® la denuncia en el juzgado de guardia. Casi al mismo tiempo, los familiares del sacerdote espa?ol Antoni Llid¨®, ejecutado por la dictadura de Pinochet, acudieron a los mismos juzgados con un escrito de querella. Al d¨ªa siguiente, con la pr¨®xima prescripci¨®n del crimen de Carmelo Soria en la mente, el abogado valenciano Joan Garc¨¦s, ex asesor del presidente chileno Salvador Allende, present¨® una querella en la Audiencia Nacional.

El juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, titular del Juzgado n¨²mero 6 de la Audiencia Nacional, a quien toc¨® por reparto la querella, dict¨® un auto el 8 de julio en el que iniciaba las diligencias previas para determinar los hechos descritos por Garc¨¦s y solicit¨® informe al fiscal Javier Balaguer, adscrito a su juzgado, sobre la competencia para investigar los hechos. Balaguer dio cuenta a su entonces superior jer¨¢rquico, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jos¨¦ Aranda, de que informar¨ªa a favor de la competencia.

Eran aqu¨¦llos unos d¨ªas de desorden y mudanza. El Partido Popular hab¨ªa ganado las elecciones en marzo de 1996 y el flamante Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar todav¨ªa no hab¨ªa resuelto los cambios en la Fiscal¨ªa General del Estado, cuyo titular era Carlos Granados, ni en la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, a cargo de Aranda. Fue en esos d¨ªas de julio que Aranda transmiti¨® la posici¨®n de Balaguer, favorable a la competencia espa?ola en Chile. Granados, como otros fiscales de sala, no cre¨ªa en ella, pero estaba a punto de ser cesado. Dio, como quien no quiere la cosa, v¨ªa libre para que Balaguer actuara conforme a su leal saber y entender. A la querella de Garc¨¦s se unieron la denuncia de la UPF y la querella de la familia Llid¨®, procedentes de Valencia. El caso, pues, hab¨ªa nacido.

Pero en enero de 1997, Jos¨¦ Aranda fue destituido en la Audiencia Nacional; la designaci¨®n de Eduardo Fungairi?o en su lugar, en mayo de 1997, implic¨®, entre otras muchas cosas, la declaraci¨®n de guerra a los casos de Argentina y Chile. El 2 de octubre, Fungairi?o elabor¨® un informe en el que tildaba al Gobierno constitucional de Allende como "regimen" y subrayaba que los golpes militares en Argentina y Chile s¨®lo se hab¨ªan propuesto la interrupci¨®n "temporal" del orden constitucional en dichos pa¨ªses y cuestion¨® la jurisdicci¨®n espa?ola. Fungairi?o declar¨® a finales de ese mes a El Mercurio -un peri¨®dico que recibi¨® apoyo financiero de la CIA para desestabilizar a Allende, en 1970- que Espa?a carec¨ªa de jurisdicci¨®n. El fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, le apoy¨®.

El proceso Pinochet se convirti¨® en un caso mundial: centenares de v¨ªctimas acudieron a Madrid, de Chile y otros pa¨ªses, para aportar sus datos y declarar ante el juez Garc¨ªa Castell¨®n. Con todo, sus adversarios lo consideraron siempre un procedimiento testimonial, un viaje a ninguna parte.

Fue la acci¨®n decidida de Baltasar Garz¨®n lo que puso en proa al caso. El juez investigaba un cap¨ªtulo de las actividades delictivas de Pinochet en la llamada Operaci¨®n C¨®ndor, un organismo de inteligencia creado por el ex dictador y otros colegas de Am¨¦rica Latina, para ajusticiar a opositores pol¨ªticos. El 16 de octubre de 1998 Garz¨®n orden¨®, a trav¨¦s de Interpol, el arresto de Pinochet, quien disfrutaba de un viaje de placer, negocios y de salud por Londres. Las autoridades brit¨¢nicas ejecutaron la orden la misma noche, cuando el ex dictador sal¨ªa, en la London Clinic, de una operaci¨®n de columna vertebral.

El caso Pinochet se creci¨® por una doble convergencia. Por un lado, los enemigos del mismo -de fuera y dentro de Espa?a- lo minusvaloraron; por la otra, Pinochet, un personaje en busca de autor, lo termin¨® por encontrar en Baltasar Garz¨®n.