El Poder Judicial reconoce la lentitud de los jueces en la b¨²squeda del asesino de Alc¨¤sser

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dictamin¨® ayer que los retrasos producidos en 1992 en las ¨®rdenes judiciales de busca y captura del recluso fugado Antonio Angl¨¦s, uno de los acusados del triple crimen de Alc¨¤sser (Valencia) a¨²n sin capturar, constituyen anormal funcionamiento de la justicia. A la vista de este informe, el Ministerio de Justicia decidir¨¢ sobre la reclamaci¨®n de 100 millones de pesetas solicitada por Rosa Folch, madre de Desir¨¦e Hern¨¢ndez Folch, una de las tres ni?as raptadas, violadas y asesinadas el 11 de noviembre de 1992.

El caso Alc¨¤sser, por el triple crimen contra tres ni?as de entre 14 y 15 a?os, fue sentenciado en septiembre de 1997 con la condena de Miguel Ricart, de 28 a?os, a 170 a?os de c¨¢rcel. El fallo de la Audiencia Provincial de Valencia fue confirmado en 1999 por el Supremo.La sentencia condenatoria ped¨ªa que se ampliara la investigaci¨®n abierta contra Angl¨¦s, al que se consideraba el principal autor de los hechos. Pero la madre de Desir¨¦e, en su reclamaci¨®n al Ministerio de Justicia por funcionamiento anormal de la Administraci¨®n de justicia, se retrotrae a las actuaciones penitenciarias y judiciales en relaci¨®n con Angl¨¦s, a partir de que ¨¦ste, que se encontraba en prisi¨®n en 1991, tras ser clasificado en segundo grado, obtuviera dos permisos sin que al concluir el ¨²ltimo, el 12 de marzo de 1992, se reintegrara a la c¨¢rcel.

Seis meses sin ser buscado

Folch relat¨® que la orden de b¨²squeda de Angl¨¦s fue dictada por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 7 de Valencia el 10 de septiembre de 1992, "cuando ya hab¨ªan transcurrido cinco meses y 29 d¨ªas" desde su fuga. La madre de Desir¨¦e aleg¨® que el permiso carcelario nunca debi¨® concederse a un preso con nueve condenas en su haber y dada la "extrema crueldad y violencia, con alto riesgo de que en situaci¨®n de permiso carcelario reincidiera en su conducta delictiva como tan triste y espantosamente as¨ª ocurri¨®".

La reclamante considera evidenciado el mal funcionamiento de la Administraci¨®n tanto en las decisiones penitenciarias como en el retraso de seis meses desde la fuga de Angl¨¦s hasta que se decreta su busca y captura, as¨ª como en la ausencia de diligencias policiales efectivas para la averiguaci¨®n de su paradero, lo cual posibilit¨® que perpetrara los delitos de los que fueron v¨ªctimas su hija y otras dos ni?as.

El informe elaborado por el vocal Enrique Arnaldoy, aprobado ayer por el pleno del CGPJ, se circunscribe a las actuaciones u omisiones relacionadas con la Administraci¨®n de justicia, por estimar legalmente excluido de este tipo de expedientes lo relativo a las decisiones penitenciarias. Tambi¨¦n se excluyen las hipot¨¦ticas irregularidades cometidas durante el proceso del caso Alc¨¤sser, al no haberse formulado "alegaci¨®n alguna respecto de posibles anormalidades o deficiencias en su tramitaci¨®n".

El CGPJ razona que, tras el trasvase entre el juzgado de guardia de Valencia y el de Catarroja, con regreso al de Valencia, "la emisi¨®n de la orden de localizaci¨®n [de Angl¨¦s] se retrasa (...) tres meses despu¨¦s de la incomparecencia del penado en prisi¨®n despu¨¦s de su permiso penitenciario", por lo cual "se aprecia de nuevo una demora excesiva en emitir la orden de b¨²squeda (...), y ello teniendo en cuenta la naturaleza de la decisi¨®n a adoptar, sin complejidad de tr¨¢mite alguna, y la materia y ¨¢mbito de la misma".

En cuanto a la falta de diligencias policiales eficaces, el CGPJ considera no acreditado suficientemente "que existiera una actuaci¨®n descuidada o negligente de las autoridades policiales en la ejecuci¨®n de la orden de b¨²squeda, por lo que no cabe extraer en este sentido conclusiones sobre la existencia de funcionamiento anormal".

No hay juez responsable

La decisi¨®n del CGPJ, como ya es tradicional, no apunta hacia la responsabilidad de los titulares de los juzgados cuya actuaci¨®n declara anormal, y tampoco se pronuncia "sobre la relaci¨®n de causalidad que dicha actuaci¨®n haya podido tener en definitiva en la producci¨®n del evento indemnizable". En cambio, tras describir el anormal funcionamiento del juzgado, se?ala que, "con posterioridad, puede afirmarse que se ajust¨®, en t¨¦rminos generales, a la tramitaci¨®n seguida en otros casos". De este modo, la indemnizaci¨®n que en su caso decida el Ministerio de Justicia s¨®lo podr¨¢ repercutirse sobre el juez responsable, como autoriza la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial, si as¨ª lo decide ese departamento, decisi¨®n improbable y dudosa sin previo pronunciamiento del ¨®rgano de gobierno de los jueces.

Por otra parte, el pleno del CGPJ analiz¨® tambi¨¦n la reclamaci¨®n del presentador de televisi¨®n Jes¨²s V¨¢zquez, imputado y despu¨¦s absuelto en el caso Arny, sobre prostituci¨®n de menores. V¨¢zquez pide a Justicia 35 millones de pesetas por los perjuicios morales y patrimoniales causados por el proceso. El CGPJ recuerda que el juicio del caso Arny se celebr¨® a puerta cerrada y dictamina que no se produjo "anormal funcionamiento de la Administraci¨®n de justicia".