El juicio por el accidente de Vandell¨°s I se centrar¨¢ en cuestiones t¨¦cnicas
El juicio contra cinco directivos de la empresa explotadora de Vandell¨°s I, Hispanofrancesa de Energ¨ªa Nuclear, SA (Hifrensa), y del organismo encargado de fiscalizar la seguridad en los complejos at¨®micos, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), empezar¨¢ en la Audiencia de Tarragona el pr¨®ximo mi¨¦rcoles, 10 a?os despu¨¦s del accidente que supuso la primera y ¨²nica clausura de un reactor nuclear en Espa?a. La vista oral, que se prolongar¨¢ como m¨ªnimo hasta el d¨ªa 25, tendr¨¢ un car¨¢cter eminentmente t¨¦cnico.
Las partes personadas aseguran que el juicio tendr¨¢ car¨¢cter t¨¦cnico tanto por la complejidad del propio proceso productivo nuclear como por la ambig¨¹edad con la que el delito de riesgo que se imputa a los cinco acusados se recoge en el nuevo C¨®digo Penal. Las defensas de los procesados pretenden, adem¨¢s, evitar a toda costa que el juicio pueda derivarse en un proceso a la energ¨ªa nuclear en general.El accidente en la central de Vandell¨°s I se produjo el 19 de octubre de 1989, cuando se declar¨® un incendio que afect¨® a la turbina y oblig¨® a cerrar definitivamente la planta.
Los cinco imputados por aquel suceso, Fernando Roset, Mariano Mataix y Carlos Fern¨¢ndez Palomero, de Hifrensa, y Jacobo D¨ªaz D¨ªaz y Enrique Echevarri, del CSN, se enfrentan a una pena solicitada por el fiscal de cuatro meses de arresto mayor y una multa de tres millones de pesetas por un delito de riesgo o, alternativamente, a dos a?os de prisi¨®n menor por un delito contra la ley de energ¨ªa nuclear. Las acusaciones popular y particular, representadas por Marc Viader y Marc Palm¨¦s, solicitan un total de 30 a?os de prisi¨®n para los cinco procesados y una indemnizaci¨®n de 54.000 millones de pesetas por actuaci¨®n contraria a la ley de energ¨ªa nuclear. Esta indemnizaci¨®n tan elevada corresponde al impacto econ¨®mico que ha supuesto en la tarifa el¨¦ctrica la inclusi¨®n del coste de la clausura de los complejos at¨®micos espa?oles. Estas acusaciones piden, alternativamente, una multa de 15 millones de pesetas y penas de arresto por el delito de riesgo.
El ministerio fiscal sostiene que Hifrensa incumpli¨® "con constantes maniobras dilatorias y de resistencia" las exigencias del CSN (realizadas a ra¨ªz del accidente de Chern¨®bil) y finalmente s¨®lo llev¨® a cabo dos de las cinco modificaciones urgentes previstas por este organismo, entre ellas la mejora del sistema de protecci¨®n contra incendios y la adaptaci¨®n del cambiador de parada como mecanismo de refrigeraci¨®n de emergencia.
Las acusaciones y el ministerio fiscal consideran que dos de las modificaciones incumplidas est¨¢n directamente relacionadas con el accidente, ya que ten¨ªan que ver con el sistema de extinci¨®n de incendios y la mejora del de refrigeraci¨®n del reactor.
La defensa de Hifrensa, por su parte, mantendr¨¢ que la empresa se ajustaba al calendario pactado con el CSN sobre sus exigencias y que el cumplimiento de ¨¦stas no habr¨ªa supuesto diferencia alguna en el momento del accidente, que se gener¨® por la rotura de una v¨¢lvula de la turbina, situada en la zona convencional (no radiactiva) de la central.El gabinete jur¨ªdico Quatrecases, encargado de la defensa de los directivos del complejo, basar¨¢ su alegato en que no se produjeron da?os externos ni emisiones radiactivas, as¨ª como en los informes periciales realizados en la central francesa de referencia a Vandell¨°s I -de primera generaci¨®n y de grafito-gas-, la de Saint Laurent des Eaux, que s¨ª hab¨ªa implantado las medidas de seguridad exigidas por el CSN. Ha sido precisamente la negativa inicial de la justicia francesa a cumplimentar las comisiones rogatorias solicitadas a tal efecto y el retraso posterior lo que ha motivado la demora del inicio de la vista hasta superar el d¨¦cimo aniversario del accidente de Vandell¨°s.
Delito de riesgo
La ambig¨¹edad con la que el nuevo C¨®digo Penal contempla el delito de riesgo, as¨ª como la supresi¨®n del concepto de "riesgo nuclear" en ese texto, tambi¨¦n formar¨¢n parte del eje central de la vista oral. La defensa solicit¨® en 1997 el archivo de la causa por entender que la supresi¨®n del delito de riesgo nuclear supon¨ªa que el hecho quedaba despenalizado, y la Sala Tercera de la Audiencia de Tarragona evit¨® pronunciarse al respecto argumentando que ¨¦sta ser¨ªa una de las cuestiones que se abordar¨ªan en el juicio.
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