El Consell extrema el control fiscal en los conciertos

El Gobierno de Eduardo Zaplana no est¨¢ dispuesto a que el esc¨¢ndalo de fraude tributario detectado por el Ministerio de Trabajo en uno de los 10 pol¨¦micos colegios de ¨¦lite y del Opus Dei concertados en agosto pasado, se repita y, mucho menos, que salpique las elecciones generales. As¨ª, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) public¨® el 22 de diciembre una modificaci¨®n a la orden de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n que regula el acceso a r¨¦gimen de conciertos de los centros educativos privados, en la que se endurecen los controles fiscales, en los mismos t¨¦rminos que adelant¨® este peri¨®dico el 13 de noviembre. La pr¨®xima solicitud de conciertos, que en febrero deber¨¢ ser sometida a consulta de la comisi¨®n respectiva para aprobarse antes de abril, contempla la solicitud expresa de que los colegios privados que soliciten subvenci¨®n deber¨¢n "estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".Los titulares de los centros privados beneficiarios tanto de un nuevo concierto, como de la pr¨®rroga, renovaci¨®n o modificaci¨®n deber¨¢n aportar a la hora de formalizar la solicitud documentaci¨®n que acredite "la persona f¨ªsica o jur¨ªdica y la circunstancia de que ¨¦sta sea titular del centro", as¨ª como la identificaci¨®n fiscal de la entidad. Tambi¨¦n se aportar¨¢ la documentaci¨®n relativa a los pagos de la Tesorer¨ªa General de la Seguridad Social, con el n¨²mero de trabajadores dados de alta, en donde deber¨¢n coincidir los datos de la empresa con los del titular del centro docente. Educaci¨®n exigir¨¢ tambi¨¦n certificaci¨®n actualizada de la Agencia Estatal de la Administraci¨®n Tributaria y de la Consejer¨ªa de Hacienda, para comprobar que el titular y la empresa cumplen con los pagos tributarios. Y se adjuntar¨¢ el recibo del IAE (Impuesto de Actividades Econ¨®micas) relativo a la actividad educativa que se solicita.

El caso del Mar¨ªa Ic¨ªar

La medidas, que en realidad ya forman parte de las exigencias del texto refundido de la Ley de Hacienda de mayo 1996 que no fueron incorporadas en la primera orden de conciertos elaborada por el PP en diciembre de ese mismo a?o, persigue evitar el esc¨¢ndalo que gener¨® la publicaci¨®n en octubre de una orden de embargo del Ministerio de Trabajo a la subvenci¨®n concedida por Educaci¨®n al colegio Mar¨ªa de Ic¨ªar de Riba-roja, por fraude tributario de 83 millones que, en estos momentos, supera ya los 100 millones.

Educaci¨®n aleg¨® entonces que fue enga?ada por el centro, ya que los datos fiscales de la titular Mar¨ªa Bego?a Rey de Arteaga y los de la empresa Ic¨ªar, SL, no coincid¨ªan. Sin embargo, no present¨® ninguna denuncia por fraude y el asunto gener¨® en una espiral de denuncias, de CC OO y despu¨¦s de UGT y del STEPV sobre el proceso de adjudicaci¨®n de 690 millones a diez colegios de ¨¦lite y del Opus, s¨®lo para el primer cuatrimestre, que adem¨¢s ya hab¨ªan cobrado elevadas matr¨ªculas, pese a que es ilegal al estar concertados.