El juez impone una fianza de 125 millones a Jes¨²s Gil, y de 50 a Gil Mar¨ªn y Cerezo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n decret¨® ayer la prisi¨®n del presidente del Atl¨¦tico de Madrid, Jes¨²s Gil, su hijo Miguel ?ngel Gil Mar¨ªn y la del vicepresidente Enrique Cerezo, que podr¨¢n eludir si antes de una semana depositan en el juzgado fianzas de 125 millones de pesetas el primero, y de 50 millones los otros dos. El juez justifica la medida en el "relativo, pero posible" riesgo de destrucci¨®n de pruebas y en el "riesgo de reincidencia en las conductas delictivas anteriores". Los tres imputados comparecer¨¢n hoy en el juzgado y previsiblemente depositar¨¢n las fianzas.

La cuant¨ªa de las fianzas viene a ser algo m¨¢s de la mitad de las exigidas por el fiscal Carlos Castresana, quien reclam¨® 200 millones de pesetas para Gil y 100 para cada uno de los otros dos imputados.El juez del caso Atl¨¦tico dict¨® ayer tres autos de id¨¦ntico contenido en los que impone las mencionadas fianzas al estimar que los presuntos delitos de estafa, apropiaci¨®n indebida, otorgamiento de contratos simulados, -delito no mencionado con anterioridad-, falsedad en documento p¨²blico y mercantil, falsedades contables y otros delitos societarios investigados pertenecen a la categor¨ªa de los "graves", penados cada uno con m¨¢s de tres a?os de prisi¨®n.

Garc¨ªa-Castell¨®n rechaza el argumento del fiscal Carlos Castresana de que los imputados vayan a sustraerse a la acci¨®n de la justicia si permanecen en libertad, "tanto por sus circunstancias personales como por la situaci¨®n del procedimiento".

Respecto al "riesgo de destrucci¨®n de pruebas" alegado tambi¨¦n por el fiscal, el magistrado lo considera "relativo, pero posible", aunque este peligro, a?ade, "se ha reducido notablemente despu¨¦s de la incautaci¨®n en entradas y registros de numerosos documentos, y de la imposici¨®n de un administrador judicial para el Atl¨¦tico de Madrid".

Sin embargo, el juez cree que "persiste" el riesgo no s¨®lo de posible destrucci¨®n de pruebas sino de "ocultaci¨®n de las existentes o de elaboraci¨®n y confecci¨®n de pruebas ficticias", peligro que, seg¨²n dice, debe prevenirse mediante las fianzas acordadas.

El riesgo de reincidencia en los anteriores delitos "ha quedado igualmente matizado por la administraci¨®n judicial", contin¨²a el juez, "pero no puede ser descartado, habida cuenta de que los propios imputados han venido reconociendo que una buena parte de su gesti¨®n al frente de la sociedad se desarrollaba de manera opaca, carec¨ªa de reflejo contable y permit¨ªa la existencia de flujos econ¨®micos muy importantes que escapaban al control de los socios minoritarios, de la Liga de F¨²tbol Profesional y de los organismos p¨²blicos".

Medida disuasoria

Seg¨²n el magistrado, la prisi¨®n eludible bajo fianza es la ¨²nica medida que puede resultar "disuasoria" para que los imputados "desistan de realizar negocios jur¨ªdicos carentes de la necesaria transparencia, y para que queden garantizados los derechos de terceros".

El juez concede a los Gil y a Cerezo un plazo de siete d¨ªas para depositar las cantidades exigidas en cualquiera de las formas establecidas por la ley, y les impone la obligaci¨®n de comparecer una vez al mes en el juzgado.

Garc¨ªa-Castell¨®n anticipa su decisi¨®n sobre algunas de las cuestiones planteadas por la defensa y rechaza, en primer lugar, la alegaci¨®n de que se est¨¦n persiguiendo los mismos hechos en Marbella y en Madrid. Seg¨²n el juez, los hechos son diferentes, porque en la Audiencia de M¨¢laga se investigan conductas delictivas que habr¨ªan perjudicado al Ayuntamiento de Marbella y al erario municipal, y en el procedimiento seguido en la Audiencia Nacional se persiguen conductas que habr¨ªan perjudicado al Atl¨¦tico de Madrid, a sus socios, a otros clubes de f¨²tbol y a organismos p¨²blicos. Que coincidan algunos de los imputados y algunos de los hechos (como el del contrato publicitario de 450 millones de las camisetas de los jugadores), "no permite apreciar la identidad de conductas que se afirma por la defensa". Agrega que Gil puede pedir la inhibici¨®n del juez o la declinatoria de jurisdicci¨®n, "remedios que hasta la fecha ni siquiera ha intentado".

Tampoco acepta el juez la prescripci¨®n de los delitos, y se?ala que "incluso los m¨¢s antiguos en el tiempo, aisladamente considerados, ser¨ªan acreedores de penas con arreglo al C¨®digo Penal antiguo y al actual. A?ade que las "conductas falsarias" no han desaparecido del C¨®digo Penal sino que en ocasiones han pasado del cap¨ªtulo de las falsedades al de los delitos societarios.

El magistrado tampoco considerada "atinada" la invocaci¨®n de la derogaci¨®n del decreto de administraci¨®n judicial, ya que tal derogaci¨®n no se producir¨¢ hasta el 8 de enero de 2001 y ser¨¢ sustituida por otra figura jur¨ªdica "que no es sustancialmente diferente".