La misi¨®n especial del marqu¨¦s de Tamar¨®n

El martes 12 de octubre de 1999, el embajador de Espa?a en Londres, Santiago de Mora-Figueroa, marqu¨¦s de Tamar¨®n, particip¨® en el ¨¢gape que celebr¨® la embajada, y por la tarde se dispuso a partir en misi¨®n especial. Ten¨ªa una importante cita en las oficinas del Servicio de Fiscal¨ªa de la Corona brit¨¢nica, agente de Espa?a en el caso Pinochet. La iniciativa de pedir una reuni¨®n part¨ªa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid. El marqu¨¦s de Tamar¨®n ten¨ªa que establecer nuevas reglas de juego en las comunicaciones entre Espa?a y la fiscal¨ªa brit¨¢nica.?Nuevas reglas? Durante un a?o, las relaciones hab¨ªan sido directas entre el juez Baltasar Garz¨®n, los miembros de la fiscal¨ªa brit¨¢nica encargados del caso y los abogados contratados, Alun Jones y James Lewis. El fax y el tel¨¦fono entre el juez y sus interlocutores funcionaron durante ese a?o a pleno rendimiento.

El 5 de octubre de 1999, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid hab¨ªa enviado una primera misi¨®n especial. El diplom¨¢tico Miguel Aguirre de C¨¢rcer viaj¨® a Londres y se uni¨® a Carmen de la Pe?a, asesora pol¨ªtica de la Embajada espa?ola en Londres, para visitar a los miembros de la fiscal¨ªa brit¨¢nica relacionados con el caso Pinochet. La visita ten¨ªa lugar tres d¨ªas antes de que el magistrado Ronald Bartle, seg¨²n hab¨ªa anticipado, dictar¨ªa su sentencia de extradici¨®n, el punto culminante del caso.

El responsable del caso pregunt¨® a sus visitantes qu¨¦ deb¨ªa hacer si el fallo era adverso a la extradici¨®n del exdictador, ya que se aproximaba la fecha, y agreg¨® que ya ten¨ªa instrucciones para recurrir un fallo negativo. Como quiera que los dos enviados no pudieron precisarle el curso de acci¨®n, el funcionario consider¨® la situaci¨®n como "inaceptable", dej¨® constancia de que exist¨ªan "instrucciones en conflicto" entre dos poderes del Estado espa?ol, levant¨® un acta de la reuni¨®n y se lo envi¨® al juez Garz¨®n.

El Gobierno espa?ol consider¨® los hechos como una afrenta y protest¨® ante Londres. Lo fundamental estaba por hacer: fijar las nuevas reglas de juego. Asuntos Exteriores consideraba como de su "propiedad" el pleito en Londres. El marqu¨¦s de Tamar¨®n explic¨® aquella tarde del 12 de octubre de 1999 a su interlocutora, que supervisa a los funcionarios responsables de la extradici¨®n, que todas las comunicaciones entre el juez y la fiscal¨ªa brit¨¢nica deb¨ªan hacerse, en adelante, a trav¨¦s de la Embajada espa?ola.

El juez Garz¨®n, enterado de los hechos, se dirigi¨® a la Subsecretar¨ªa del Ministerio de Asuntos Exteriores para conocer el alcance de las nuevas reglas de juego. El subsecretario, Jos¨¦ Carvajal, contest¨® por escrito que sin duda se trataba de un malentendido y que la fiscal¨ªa brit¨¢nica no se enteraba. Carvajal prometi¨® restablecer las comunicaciones. En un escrito dirigido a la fiscal¨ªa brit¨¢nica aclar¨® que se pod¨ªan mantener las comunicaciones que se estimaran necesarias con el juez.

Pero ya nada fue igual. El Gobierno espa?ol se hizo con el control de los faxes y las llamadas por tel¨¦fono se hicieron cada vez menos frecuentes. Los miembros de la fiscal¨ªa brit¨¢nica ya no llamaban, ni contestaban. "Hay que dirigirse a la Embajada espa?ola". ?sta era la consigna.

El pasado jueves 20 de enero, varios d¨ªas despu¨¦s de que el ministro brit¨¢nico Jack Straw anunci¨® que liberar¨ªa a Pinochet por estar incapacitado para someterse a un juicio, Asuntos Exteriores solicit¨® un informe a la fiscal¨ªa brit¨¢nica sobre el recurso de revisi¨®n judicial previsto en la ley brit¨¢nica. El mismo jueves, el abogado Alun Jones, el hombre que ha ganado la extradici¨®n para Espa?a, recomend¨® en un informe recurrir porque no era posible admitir que el informe de salud en el que se basa la decisi¨®n preliminar de poner en libertad al exdictador se mantenga en secreto. El ministerio guard¨® el informe. Una vez destapado el hecho explic¨® que el informe era suyo, no del juez Garz¨®n.

Exteriores finalmente ratific¨®, contra el informe de Jones, que no habr¨ªa recurso. Y a trav¨¦s de la Embajada espa?ola hizo saber a la Fiscal¨ªa de la Corona que, en ning¨²n caso, ni la fiscal¨ªa ni los abogados a cargo del asunto pod¨ªan representar a Espa?a en la vista que se celebr¨® ayer, de la cual Espa?a no formar¨ªa parte por sus compromisos con el Gobierno de Chile.

Ni Alun Jones ni James Lewis, que siempre llevaron el caso, aparecieron ayer con sus togas. Brian Gibbins, miembro de la fiscal¨ªa, estuvo presente. Como espectador mudo.