El pacto de Estado en Justicia: ?para cu¨¢ndo?

Una de las graves carencias de Espa?a es su Administraci¨®n de Justicia. Aunque no exentos de problemas, los otros pa¨ªses comunitarios y los dem¨¢s del primer mundo, cuentan con sistemas judiciales m¨¢s modernos que el nuestro. Nosotros vamos muy lentamente aproxim¨¢ndonos a las soluciones que se han adoptado hace tiempo en Alemania, EE UU, Gran Breta?a, Francia, Austria, Portugal, las cuales han pasado por las mismas necesidades que a nosotros nos agobian. Primero el mundo anglosaj¨®n y despu¨¦s la Europa occidental, con Alemania a la cabeza, han aprendido de su propia experiencia judicial y, a trav¨¦s del ensayo, fallo y acierto final, han dado con f¨®rmulas emp¨ªricas y las han vestido con los necesarios ropajes jur¨ªdicos. Si ha sido caracter¨ªstica de la sociedad moderna la masificaci¨®n del Derecho y la complejidad de procesos judiciales (tal como han estudiado D¨ªez Picazo y Fair¨¦n Guill¨¦n), ellos han adoptado f¨®rmulas, llamadas de "desgravaci¨®n" de los tribunales, que pasan por la informatizaci¨®n de los juzgados y las t¨¦cnicas de gesti¨®n aplicadas al proceso.Por ello, en esos pa¨ªses hay m¨¢s jueces que en Espa?a y, adem¨¢s, se les hace asumir personalmente s¨®lo las decisiones finales o m¨¢s trascendentales, dejando el resto a colaboradores directos. Dicho de otra manera: el trabajo se divide. Se evita con ello, lo que no se hace en Espa?a, que a t¨ªtulo de juez sean los sustitutos de ¨¦stos, que es personal no profesional, quienes resuelvan m¨¢s de un 25% del trabajo. Eso, que es muy grave, es lo que sucede aqu¨ª, seg¨²n las ¨²ltimas estad¨ªsticas conocidas de sentencias dictadas.

Una legislatura tras otra se va dejando pendiente de resolver el problema del atasco de juzgados y tribunales en la resoluci¨®n de la creciente litigiosidad espa?ola, empe?ada por su n¨²mero y complejidad en destrozar las apresuradas soluciones que van dando las reformas de la Ley de Planta y Demarcaci¨®n y los sucesivos intentos ministeriales de parchear este tambor. En ¨¦l redoblan constantemente todas las facetas de la compleja convivencia ciudadana, que necesariamente recala en los juzgados para resolver, que no satisfacer, sus disputas. Pero los tribunales no dan m¨¢s de s¨ª: al menos del mismo modo.

Es muy reciente la publicaci¨®n (8 de enero de 2000) de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la soluci¨®n fuera esta importante ley, tan ?consensuada? por los pol¨ªticos, qu¨¦ gran m¨¦rito para sus autores. Pero este texto est¨¢ condenado al fracaso. Y no es que, como se excusan sus voceros, hayamos de inaplicarla. No llegar¨¢ a darse el "era un buen C¨®digo, pero nadie lo cumpli¨®". Ahora se dar¨¢ el caso m¨¢s imperdonable: es un texto de escuela, pero inservible en la pr¨¢ctica. Sencillamente, es imposible aumentar el volumen de asuntos resueltos con esta ley, cumplida a la letra, pues en vez de aprender de la lecci¨®n diaria, lleva al texto el sue?o de la absoluta inmediaci¨®n o presencia del juez en todos los actos del juzgado.

Tres lecciones importantes se aprenden trabajando en los juzgados. Y, desde luego, no es igual la perspectiva del juzgado -preocupados sus integrantes por resolver los asuntos pendientes, todos ellos, de modo imparcial-, que la de los abogados y procuradores -preocupados por su asunto en particular, enfocado desde la perspectiva, que es prioritaria, de su cliente-.

La primera lecci¨®n es que el exceso de trabajo y la dificultad del mismo, imponen su ley. Este hecho, abrumador, somete las intenciones y proyectos del m¨¢s ilusionado, preparado y bien intencionado de los jueces o secretarios de juzgado. Todos pasamos, como por otra parte es l¨®gico en toda experiencia laboral, de sabernos la cartilla y sus aprior¨ªsticas ense?anzas, a darnos por satisfechos con intentar siquiera aproximarnos a ese modelo legal del proceso. Si nos empe?amos, y a nivel te¨®rico eso ser¨ªa posible, en cumplir las normas procesales a rajatabla, colapsaremos el juzgado. Quien as¨ª lo haga, a quienes primero tendr¨¢ enfrente, quejosos del retraso que se ha de producir, ser¨¢ a los abogados y procuradores, o directamente a los ciudadanos.

La segunda, que a¨²n siguiendo ese camino, que es obviamente un incumplimiento de las propias normas procesales, s¨®lo habr¨¢n obtenido a cambio la cr¨ªtica m¨¢s feroz de la doctrina procesal y de los pol¨ªticos, empe?ados en la virtud de la letra de la ley y ciegos ante los problemas aplicativos. Esto se evidencia incluso en las ¨²ltimas reformas, como la que permiti¨® a los juzgados obtener la colaboraci¨®n de la Hacienda P¨²blica para conocer qu¨¦ rentas o patrimonio tiene un deudor, para dejar sin efecto esa posibilidad a los treinta d¨ªas, por otra ley. O como la reforma del C¨®digo Penal, cuyo nuevo texto establece penas a cumplir en centros especiales, que no se han creado de manera general. Parece que ha tomado cuerpo una especial cultura procesal, muy enraizada en la costumbre universitaria espa?ola de las facultades de letras, que apuran las teor¨ªas hasta sus ¨²ltimos recovecos, sin interesarse demasiado por las realidades, tan proteicas e ind¨®ciles.

La tercera, que aqu¨ª no cambia nada. Poco a poco, las nuevas generaciones, sean jueces, secretarios, fiscales, y a¨²n mucho m¨¢s el personal de las secretar¨ªas, van quemando sus ilusiones. S¨®lo queda la integridad moral, como soporte ante la abrumadora carga de trabajo y la incomprensi¨®n de la ciudadan¨ªa; el incumplimiento laboral de otros colegas, a los que no les pasa nada; la falta de alicientes e incentivos econ¨®micos para los mejores; la falta de reconocimiento honor¨ªfico a quienes, por contraste con otros, doblen su jornada laboral, sin compensaci¨®n alguna. A la falta de promoci¨®n en el trabajo, aunque sea un derecho constitucionalmente reconocido. A, en fin, la politizaci¨®n de la Justicia, que ha sido una carga m¨¢s, acompa?ada de su s¨¦quito period¨ªstico, propia de la democracia.

?El pacto de Estado en Justicia? En nuestro pa¨ªs es imprescindible. Para quienes estamos en la Fundaci¨®n por la Justicia es una de las principales preocupaciones y abogamos y luchamos por ¨¦l. Esperemos que, convencidos que est¨¢n encima de un volc¨¢n, algunos de los que pueden, decidan, como dijo Winston Churchill, que lo menos que pueden hacer es echar humo.

Jos¨¦ Miguel Guill¨¦n Soria es secretario de juzgado y miembro de la Fundaci¨®n por la Justicia.