Juez contra ministro

El proceso de extradici¨®n de Pinochet abierto en Londres a petici¨®n de Espa?a se ha convertido en un laberinto pol¨ªtico-judicial sembrado de minas que estallan a cada paso. La decisi¨®n preliminar del ministro brit¨¢nico Straw de liberar al dictador chileno, sobre la base de unos informes m¨¦dicos que mantiene secretos, ha puesto en marcha una v¨ªa alternativa de recursos judiciales que con toda probabilidad puede prolongarse durante meses y desembocar en la C¨¢mara de los Lores, que ya se ha pronunciado en dos ocasiones sobre materias vinculadas al proceso. Pero lo m¨¢s llamativo del ¨²ltimo meandro judicial es la ausencia de Espa?a como recurrente en un caso abierto en nombre de la Audiencia Nacional.La posici¨®n del Gobierno espa?ol a este respecto ha sido reiterada hasta la saciedad por el ministro Matutes. Exteriores no recurrir¨¢ la decisi¨®n de Straw porque har¨ªa el rid¨ªculo al tratarse de un asunto ya no judicial, sino pol¨ªtico, y porque constituir¨ªa un acto inamistoso con el Gobierno de Londres y, sobre todo, con el de Chile. El argumento sirvi¨® de base al Supremo para rechazar una demanda penal por obstrucci¨®n a la justicia. Pero amenaza con transformarse ahora en un conflicto de competencias entre el Gobierno y el juez Garz¨®n, como ya sucediera con la desclasificaci¨®n de los papeles del Cesid hace tres a?os. Garz¨®n ha acusado a Matutes de "interferir y dificultar" el procedimiento de extradici¨®n. La posici¨®n gubernamental se debilita en la medida en que la justicia brit¨¢nica ha abierto un portillo a la revisi¨®n de la decisi¨®n preliminar de Straw y ha permitido a los representantes legales de B¨¦lgica y de Amnist¨ªa Internacional defender sus alegaciones en sede judicial. El propio Straw ha dejado en situaci¨®n algo desairada a Matutes al admitir que su decisi¨®n es cuasi judicial, lo que ha facilitado sin duda el retorno del asunto ante los tribunales.

A medida que se complica y prolonga el procedimiento judicial brit¨¢nico, lleno de meandros que resultan dif¨ªciles de seguir, resulta m¨¢s obvio que el argumento de que Straw tom¨® una decisi¨®n pol¨ªtica en el ¨¢mbito de la discrecionalidad que le permite la ley -y no sometida, por tanto, a examen judicial- se cae por el peso de la realidad. Incluso si el final del caso termina sancionando la decisi¨®n de Straw de liberar a Pinochet por su incapacidad mental para someterse a juicio. A la luz de estos hechos es de credibilidad cada vez m¨¢s escasa la profesi¨®n de respeto a las decisiones judiciales que hace una vez tras otra el Gobierno mientras ante los tribunales brit¨¢nicos se escenifica la paradoja de que sea B¨¦lgica la que defienda hoy la extradici¨®n de Pinochet... a Espa?a. Hoy m¨¢s que nunca resulta evidente que no es la defensa de la justicia lo que ha primado, y es oportuno recordar que la resoluci¨®n del Supremo que rechazaba la querella contra Matutes recomendaba al tiempo revisar las leyes que regulan la extradici¨®n en nuestro pa¨ªs, a fin de hacerla depender exclusivamente de las instancias judiciales. Mientras, es dif¨ªcil conjugar el respeto a la justicia con la decisi¨®n de no dar tr¨¢mite a las alegaciones del juez Garz¨®n en esta fase del procedimiento.