Parlamento plusmarquista y estable

El incremento de trabajo y la armon¨ªa del pacto PSOE-PA han marcado la V legislatura

Tras la tempestad, la calma, h¨ªperactiva, pero calma. A la borrascosa cuarta legislatura, condicionada por la pinza que PP e IU implantaron en el Parlamento auton¨®mico, le han sucedido cuatro a?os de estabilidad marcados por la solidez, con trompicones ocasionales, del gobierno de coalici¨®n PSOE-PA y por el ingente trabajo desarrollado en la C¨¢mara, que ha establecido varias plusmarcas de actividad. Estos dos rasgos rompen en cierta manera un principio que sostiene que cuando hay mayor¨ªas absolutas, como la formada por socialistas y andalucistas, los parlamentos tienden a adormecerse. Y es que pese a que la aritm¨¦tica parlamentaria de la mayor¨ªa se ha impuesto casi siempre a rajatabla (PSOE y PA contaban con 56 de los 109 diputados auton¨®micos), la actividad de la C¨¢mara andaluza ha experimentado un sobresaliente incremento.

En la quinta legislatura (1996-2000) no hubo ni rodillo avasallador de un partido (que oscurece la labor de la oposici¨®n) ni gobierno desde el Parlamento (que atenaza el trabajo del ejecutivo), dos extremos que vivi¨® Andaluc¨ªa en anteriores mandatos. Estos cuatro a?os se han caracterizado por un correcto equilibrio entre el poder ejecutivo y el legislativo, que han convivido, con sus m¨¢s y sus menos, dentro de unos m¨¢rgenes l¨®gicos.

El Parlamento andaluz ha cumplido al dedillo las funciones cl¨¢sicas de una c¨¢mara (legislar y controlar e impulsar la acci¨®n del Gobierno) y se ha consolidado como el principal foro de debate pol¨ªtico: En ¨¦l se han hecho anuncios de gran relevancia (la intenci¨®n del presidente de la Junta, Manuel Chaves, de impulsar la fusi¨®n de las seis cajas de ahorro regionales) o se han discutido con ardor asuntos como el sistema de financiaci¨®n, el contramedicamentazo o la subida de las pensiones no contributivas.

Incertidumbre

No ha habido, sin duda, la incertidumbre y la tensi¨®n que rigi¨® en la cuarta legislatura (1994-1996), cuando la precariedad del PSOE hac¨ªa que cada votaci¨®n se convirtiese en una quiniela, pero en un an¨¢lisis puramente cuantitativo se deduce con claridad que han sido cuatro a?os fruct¨ªferos.

En materia legislativa, el Parlamento ha aprobado 44 leyes (37 proyectos de ley del Gobierno y siete proposiciones de ley), superando de esta manera a la legislatura constituyente (43 leyes), en la que se conform¨® la estructura institucional de la Junta de Andaluc¨ªa. Entre las leyes aprobadas destacan las de salud, menores o discapacitados, lo que llev¨® a Javier Torres Vela, presidente del Parlamento, a afirmar que ha sido la "legislatura social". En este punto, el principal borr¨®n lo ha constituido la ley de Cajas, a la que Chaves defini¨® como ley de Estado, que naci¨® coja tras decaer algunos sus trazos m¨¢s novedosos por la falta de consenso entre los grupos.

En el an¨¢lisis de los proyectos de ley, que el Gobierno lleva a la C¨¢mara, se comprueba las dificultades que el PSOE pas¨® entre 1994 y 1996. S¨®lo se presentaron ocho en dos a?os y ¨²nicamente se aprobaron dos. El Gobierno se comprometi¨®, en 1996, a aprobar medio centenar de leyes, por lo que se ha quedado a 13 del reto que se marc¨®, entre ellas la ley de Funci¨®n P¨²blica o la de Cooperaci¨®n.

En las tareas de control al Ejecutivo, destaca el crecimiento de todas las iniciativas, tanto en pleno como en comisi¨®n. Dentro de este grupo es relevante el incremento de las comparecencia de los consejeros ante el pleno del Parlamento (96), m¨¢s que en el total de las cuatro legislaturas anteriores (64). Tambi¨¦n es subrayable el aumento de las preguntas que los miembros del Consejo de Gobierno han respondido en pleno a instancia de la oposici¨®n: 1.259. En este sentido, las preguntas a Manuel Chaves han pasado a ser una referencia sobre la actualidad pol¨ªtica de la comunidad.

Un rasgo distintivo de esta legislatura ha sido que por primera vez el Parlamento andaluz ha presentado recursos de inconstitucionalidad contra decisiones del Gobierno central. En estos cuatro a?os se ha producido una situaci¨®n in¨¦dita desde 1982 (gobierno del PSOE en Andaluc¨ªa y del PP en Madrid), lo que ha provocado que las tensiones entre ambas administraciones se hayan trasladado al alto tribunal, que tendr¨¢ que decidir sobre la propuesta de la C¨¢mara auton¨®mica de impugnar tres presupuestos generales del Estado.