Las asignaturas pendientes del Gobierno popular

Aznar cumple es el t¨ªtulo de la p¨¢gina web que el PP ha escrito para hacer balance de sus cuatro a?os de Gobierno. De 510 compromisos adquiridos en 1996, el Ejecutivo popular ha cumplido 466, seg¨²n destaca el vicepresidente Francisco ?lvarez Cascos. Con un 91,4% de programa ejecutado, el PP cuenta que ha hecho un pa¨ªs "m¨¢s moderno, m¨¢s solidario, m¨¢s libre y con mayor bienestar".El Ejecutivo de Aznar reconoce una mayor eficacia en la aplicaci¨®n de pol¨ªticas de empleo (s¨®lo un 4,6% de compromisos pendientes al finalizar la legislatura) y cultura (3,9%) que en el fortalecimiento del Estado de derecho (16,7% de promesas sin desarrollar) o la consecuci¨®n de una "Espa?a plural e integrada" (11,8%). "Desterrada la corrupci¨®n, los ¨²ltimos cuatro a?os de gobierno han sido los m¨¢s estables y de mayor progreso y bienestar social conocidos hasta ahora", concluye el PP.

Lo que sigue a continuaci¨®n es un an¨¢lisis de las promesas electorales incumplidas y de los planes que los gestores del Partido Popular no han logrado llevar a buen puerto a lo largo de la legislatura.

Menores rebajas fiscales

La realidad acab¨® con una de las promesas fiscales m¨¢s sonadas: la reducci¨®n del tipo m¨¢ximo del IRPF del 56% al 40% se qued¨® finalmente en el 48%. Otro compromiso que asumi¨® el vicepresidente econ¨®mico, Rodrigo Rato, fue reducir el n¨²mero de tramos de la tarifa a tres, pero se quedaron en seis. Estas rebajas menores llegaron, adem¨¢s, con algunos a?os de retraso. El PP prometi¨® un recorte inmediato y lo ejecut¨® cuando la legislatura agonizaba.

Educaci¨®n empantanada

Las principales apuestas educativas del PP se han quedado sin ejecutar. Prometi¨® modificar la Ley de Reforma Universitaria (LRU) y no lo hizo; anunci¨® cambios en el bachillerato para ampliarlo de dos a tres a?os y no cumpli¨®; se comprometi¨® a favorecer la escolarizaci¨®n de los ni?os de cero a tres a?os con cargo a los fondos del Estado y el progreso ha sido pr¨¢cticamente nulo. A la misma v¨ªa muerta lleg¨® la introducci¨®n del segundo idioma para los alumnos de primaria. La reforma de la selectividad, que dio para tantas solemnes declaraciones, ha degenerado en un aut¨¦ntico galimat¨ªas rechazado por las comunidades aut¨®nomas y los estudiantes.

En cuanto al profesorado, qued¨® en el limbo de las promesas la amplia dotaci¨®n de docentes para sustituciones de corta duraci¨®n, la catalogaci¨®n de las enfermedades profesionales y la revisi¨®n de la formaci¨®n inicial.

Pero el mayor fracaso en pol¨ªtica educativa, y uno de los principales revolcones parlamentarios del PP, fue el de la reforma de las humanidades en secundaria, encargada por Aznar a Esperanza Aguirre. La algarada pol¨ªtica y medi¨¢tica fue superlativa, incluida una derrota parlamentaria del Ejecutivo a manos de sus propios socios y de la oposici¨®n. Al final, en el territorio administrado por el Gobierno central, todo ha quedado en nada.

Planes sociales incompletos

El Gobierno olvid¨® algunas promesas de pol¨ªtica familiar. No existe el fondo de garant¨ªa para cubrir los impagos de las pensiones tras un divorcio o una separaci¨®n que prometi¨®. Para luchar contra los malos tratos dom¨¦sticos, el Ejecutivo aprob¨® un plan de acci¨®n en 1998 y anunci¨® una inversi¨®n de 8.941 millones de pesetas para aumentar los servicios sociales, reformar las leyes para endurecer el castigo y poner en marcha campa?as preventivas, entre otras medidas. El plan est¨¢ vigente hasta este a?o, pero, seg¨²n el Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales, a¨²n quedan 5.000 millones por gastar.

En la atenci¨®n a los mayores, si bien se han incrementado todos los servicios -plazas en residencias, ayuda a domicilio o teleasistencia-, el envejecimiento de la poblaci¨®n es m¨¢s acelerado, lo que hace que no se alcance el m¨ªnimo exigido por el Plan Gerontol¨®gico, seg¨²n la Sociedad Espa?ola de Geriatr¨ªa y Gerontolog¨ªa. S¨®lo 17 hospitales tienen servicios de geriatr¨ªa, cuando la idea del PP era extenderlos hasta alcanzar a toda la poblaci¨®n.

Ambiente de espera

Isabel Tocino, la primera titular de un Ministerio de Medio Ambiente en Espa?a, deja el departamento sin haber podido presentar el asunto estrella de la legislatura, el Plan Hidrol¨®gico Nacional. Sus colaboradores ya ten¨ªan preparado el texto pero, cuando intent¨® presentarlo, ya estaba vencida la legislatura. En La Moncloa se consider¨® que un tema como el reparto del agua entre varias comunidades sin haberlo acordado previamente arruinar¨ªa la campa?a. As¨ª que han sido cuatro a?os perdidos.

En el caj¨®n se quedan muchas cosas pendientes, unas prometidas y otras obligadas por la UE. Entre las primeras, la Ley de Responsabilidad Civil de Medio Ambiente, que hubiera sido de gran utilidad en la cat¨¢strofe de Aznalc¨®llar, y la de Evaluaci¨®n Ambiental. Alarm¨® tanto al secretario de Estado de Aguas y Costas que se vio forzado a dejar por escrito su radical desacuerdo con la directora general que redact¨® el borrador, Dolores Carrillo, a salvo hoy de semejantes cr¨ªticas en un despacho de Bruselas.

La ministra ha mostrado su deseo de repetir suerte en un departamento en que ha batido un r¨¦cord: haber dispuesto de cinco jefes de prensa y tres jefes de gabinete en s¨®lo cuatro a?os.

Incumplimiento de penas

El Gobierno popular se comprometi¨® a que los condenados por delitos de terrorismo cumplieran ¨ªntegramente las penas y no consiguieran su excarcelaci¨®n anticipada mediante beneficios penitenciarios. Antes hab¨ªan denunciado al socialista Juan Alberto Belloch por su pol¨ªtica de reinserci¨®n de presos etarras. Durante el mandato popular no se ejecut¨® una pol¨ªtica tan dura como promet¨ªa y se mantuvieron los beneficios penitenciarios existentes para los condenados por terrorismo, aunque de una manera menos flexible que la aplicada por Belloch.

Sin reforma penal

Justicia es otro departamento que no ha hecho realidad el programa del PP. No ha aprobado la reforma del proceso penal que se anunci¨® ni ha conseguido incrementar la responsabilidad de los jueces, como se pretendi¨®. Margarita Mariscal de Gante no consigui¨® uno de los retos de su mandato. El programa promet¨ªa reformar la Polic¨ªa Judicial "para su especializaci¨®n y dedicaci¨®n exclusiva" y conseguir que estuviera adscrita "efectivamente a los juzgados y tribunales, atribuyendo al Consejo General del Poder Judicial la facultad de informar la designaci¨®n de sus mandos". Incumplido. Tampoco se atendieron los compromisos de reforma de la Fiscal¨ªa para garantizar su autonom¨ªa y para poner en manos de los jueces los permisos penitenciarios y las progresiones de grado, "acabando con la excarcelaci¨®n por la v¨ªa administrativa". La pol¨ªtica de personal tambi¨¦n qued¨® mal parada, pues no se restringi¨®, como prometi¨® el PP, la provisi¨®n temporal o interina de las plazas judiciales. Ni se complet¨® la "ordenaci¨®n e implantaci¨®n de un sistema inform¨¢tico que abarque desde la inform¨¢tica de gesti¨®n hasta la inform¨¢tica jur¨ªdica".

Cara energ¨ªa

El Gobierno abri¨® el mercado de la electricidad a la competencia en 1997 con la aprobaci¨®n de la Ley El¨¦ctrica. La libertad de las empresas para competir y generar electricidad es m¨¢s te¨®rica que real. Dos compa?¨ªas, Endesa -privatizada por completo en 1998- e Iberdrola, producen casi el 80% de la energ¨ªa el¨¦ctrica que se genera en Espa?a. Los precios de la electricidad han bajado en los tres ¨²ltimos a?os, pero los usuarios -y en su momento la Comisi¨®n Nacional del Sistema El¨¦ctrico- han cuestionado el recargo del 4,5% de la tarifa el¨¦ctrica pactada entre Industria y las el¨¦ctricas para pagar a las empresas 1,3 billones en concepto de costes de transici¨®n a la competencia (CTC). Los CTC est¨¢n pendientes de la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Europea.

Pese a la reiteraci¨®n de los mensajes optimistas, el ¨²ltimo informe de la Organizaci¨®n para la Cooperaci¨®n y el Desarrollo Econ¨®mico (OCDE) a¨²n sit¨²a a Espa?a como uno de los pa¨ªses m¨¢s caros del mundo en materia energ¨¦tica, con especial repercusi¨®n para el usuario dom¨¦stico, que, seg¨²n la organizaci¨®n, financia las sustanciales rebajas de precios de los grandes consumidores.

En el apartado de carburantes, el Gobierno decidi¨® la desaparici¨®n del sistema de precios m¨¢ximos. Los consumidores han pedido repetidas veces a la Administraci¨®n que investigue supuestos acuerdos para subir precios por parte de las petroleras. En el ¨²ltimo a?o, en l¨ªnea con la subida del petr¨®leo, el precio de los carburantes, descontados los impuestos, ha subido m¨¢s de un 40%.

La deuda de RTVE se duplica

Aznar prometi¨® reducir la dimensi¨®n de RTVE, garantizar la "objetividad, neutralidad e imparcialidad de la informaci¨®n y respeto al pluralismo" y poner fin al "exorbitante nivel de endeudamiento" dejado por los socialistas en el ente p¨²blico. Nada de esto ha sucedido. Al cabo de cuatro a?os, la deuda de RTVE se eleva a 570.000 millones, el doble de la que dej¨® la gesti¨®n socialista. Y la informaci¨®n de la televisi¨®n estatal ha provocado no s¨®lo protestas constantes a lo largo de la legislatura, sino una ruptura institucional entre el Gobierno y la oposici¨®n, que ha culminado en la denuncia de manipulaci¨®n de la precampa?a formulada por todos los partidos, excepto el PP, ante la Junta Electoral Central.

El doble por Internet

A principios de 1999, Aznar se comprometi¨® a abaratar sensiblemente los precios de la conexi¨®n telef¨®nica a la red. Su ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, encargado de hacer realidad el compromiso del presidente, anunci¨® el establecimiento de una tarifa plana de 5.000 pesetas al mes por el uso de Internet. En pocos meses se comprob¨® el incumplimiento: tras negociar con el Ministerio de Fomento, Telef¨®nica lanz¨® una tarifa plana de 9.300 pesetas al mes, casi el doble de lo anunciado desde el Gobierno.

Una mili demasiado larga

El PP se present¨® en 1996 con la promesa de reducir el servicio militar a seis meses y aumentar la paga de los soldados hasta el 50% del salario m¨ªnimo interprofesional (70.655 pesetas al mes). Cuatro a?os despu¨¦s, la mili dura nueve meses y los reclutas cobran 1.500 pesetas al mes. En materia de Defensa, el pacto de investidura con CiU oblig¨® al PP a reescribir su programa: pas¨® a defender la profesionalizaci¨®n total de las Fuerzas Armadas y la supresi¨®n del reclutamiento forzoso, como muy tarde en diciembre del 2002. La promesa de "acometer por ley una profunda reforma" del Cesid tampoco se ha llevado a la pr¨¢ctica, ni la de aprobar una "Ley plurianual de programas para las Fuerzas Armadas". La falta de ambas leyes ha impedido un control eficaz del funcionamiento del servicio secreto y de las billonarias inversiones militares.

?Regeneraci¨®n democr¨¢tica?

La regeneraci¨®n democr¨¢tica contra los esc¨¢ndalos de la etapa socialista marc¨® el programa del PP, pero el Gobierno incumpli¨® algunos de sus puntos b¨¢sicos. As¨ª, la prometida reforma del Reglamento del Congreso, con la pretensi¨®n de agilizar el procedimiento legislativo, ha quedado en nada. Lo mismo ha sucedido con la reforma de las comisiones de investigaci¨®n.

La ley de financiaci¨®n de los partidos ha sido otro de los incumplimientos m¨¢s notorios, ya que trataba de responder a uno de los esc¨¢ndalos de la ¨¦poca. Su pretensi¨®n era exigir transparencia sobre las fuentes de ingreso y gasto de los partidos y el establecimiento de un l¨ªmite a las aportaciones privadas.

Sin reformas en el Senado

El PP adquiri¨® compromisos program¨¢ticos que luego no ha podido cumplir, aunque no sea de su exclusiva responsabilidad. Es el caso, por ejemplo, de su promesa de culminar el proceso de traspasos al Pa¨ªs Vasco, Catalu?a y Galicia. Lo mismo puede decirse del traspaso de competencias a los ayuntamientos, recogido en el compromiso del Pacto Local.

En cuanto al acuerdo sobre el modelo de financiaci¨®n auton¨®mica, el Gobierno se comprometi¨® a realizarlo con todas las comunidades aut¨®nomas en el seno del Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. As¨ª lo hizo, pero hubo un incumplimiento previo que vici¨® la posibilidad de acuerdo con todas las autonom¨ªas: lo pact¨® previamente con CiU y la Generalitat catalana.

El PP se comprometi¨® al comenzar la legislatura con la reforma del Senado y no la ha hecho. No s¨®lo ha paralizado la comisi¨®n que trataba de convertir el Senado en C¨¢mara territorial. Ni siquiera ha cumplido el compromiso de convocar debates anuales sobre el estado de las autonom¨ªas. S¨®lo se ha celebrado uno en toda la legislatura.

Menos investigaci¨®n

En investigaci¨®n cient¨ªfica y desarrollo tecnol¨®gico, Espa?a sigue muy alejada de la media europea, y mucho m¨¢s si se compara con los pa¨ªses m¨¢s desarrollados en cuando a I+D. Y eso pese a las promesas del Gobierno del PP de aproximaci¨®n al nivel medio europeo. En 1999, el gasto fue de 226.000 millones de pesetas, lo que signific¨® recuperar el nivel de 1991 y remontar por fin la ca¨ªda registrada desde entonces.

Para este ejercicio, el presupuesto es de 242.000 millones. Pese a ello, Espa?a sigue en el 0,9% del PIB dedicado a I+D, cuando la media europea ronda el 2%. El PP maquilla el esfuerzo en I+D al sumar 266.000 millones que corresponden a cr¨¦ditos para fabricaci¨®n de aviones militares, fragatas y carros de combate.