La competencia

La defensa de la competencia se ha convertido estos d¨ªas en el santo y se?a, al menos verbal, de nuestros pol¨ªticos, metidos ya de lleno en el fragor de la campa?a. Al hilo del reciente acuerdo estrat¨¦gico entre Telef¨®nica y el BBVA para desarrollar una retah¨ªla de proyectos conjuntos en el planeta Internet, el Gobierno ha recordado de pronto que todav¨ªa est¨¢n pendientes los flecos de la fusi¨®n entre el BBV y Argentaria. Concretamente, el expediente de concentraci¨®n que el ¨®rgano de Defensa de la Competencia instruye de oficio cuando se produce una fusi¨®n como la que dio origen al nuevo BBVA, cuya aprobaci¨®n provisional se produjo el 29 de diciembre y que dio lugar un mes despu¨¦s a su inscripci¨®n en el Registro Mercantil. De Aznar a Rato, con la adhesi¨®n encendida de Piqu¨¦, el PP ha levantado la bandera de la competencia como si nada le uniera a los empresarios que han protagonizado estas operaciones, mientras el PSOE arremete contra ellos por sus v¨ªnculos con el Gobierno.La llamada nueva econom¨ªa, que tuvo su primer gran episodio en nuestro pa¨ªs con la salida a Bolsa de Terra, ha estallado as¨ª de lleno en medio de la campa?a electoral. Es probable que no sea el mejor momento, pero los empresarios suelen decir con bastante raz¨®n que un acuerdo se alcanza cuando se puede, no siempre cuando se quiere. Su calendario rara vez casa con el de los pol¨ªticos.

Pero puestas as¨ª las cosas ser¨ªa deseable que los partidos con vocaci¨®n de gobernar se pusieran al menos de acuerdo en que la defensa de la competencia es una condici¨®n para ejercer la libertad de empresa y como tal debe estar sometida a normas estables. As¨ª naci¨® la legislaci¨®n espec¨ªfica que desde Estados Unidos -con las leyes antimonopolio del XIX- se extendi¨® a Europa como garant¨ªa de un mercado libre. El Estado democr¨¢tico asume as¨ª la funci¨®n de impedir los abusos. A mayor libertad de empresa, mayor necesidad de normas claras y ¨®rganos de vigilancia.

La defensa de la competencia supone de hecho entregar al Estado un poder excepcional. Por ello es crucial la elecci¨®n de los ¨®rganos del Estado encargados de su ejercicio. En Estados Unidos no es el Gobierno de turno quien decide al respecto; las actuaciones reguladoras son resueltas por agencias independientes o directamente por los jueces. El Gobierno federal o los Gobiernos estatales act¨²an como acusadores, no como ¨®rganos de decisi¨®n, tal como ha ocurrido en el caso Microsoft.

Desgraciadamente, en Espa?a el Gobierno no s¨®lo est¨¢ involucrado en la persecuci¨®n o la denuncia de las actuaciones empresariales que pueden poner en peligro la competencia, sino que adem¨¢s se reserva amplias facultades de resoluci¨®n en materia de concentraciones y act¨²a como instructor y juzgador, por mucho que sus decisiones puedan ser luego recurridas a los tribunales. La ley de 1989 -que en su momento supuso un paso importante- sigui¨® la pauta del modelo franc¨¦s frente al alem¨¢n, que fija una mayor separaci¨®n del Gobierno. La ley de 1999, aprobada a instancias del Partido Popular, no s¨®lo no ha mejorado aqu¨¦lla, sino que ha aumentado las facultades discrecionales del Gobierno para inmiscuirse de forma directa.

Un camino siempre peligroso, y m¨¢s con un Gobierno de marcada voluntad intervencionista como ha sido el de Aznar por mucho que predique liberalismo de boquilla. As¨ª, puede cerrar los ojos ante actuaciones contra la competencia que le gustan -por ejemplo, la fusi¨®n de Endesa, Sevillana y Fecsa, autorizada por acuerdo del Consejo de Ministros, que impidi¨® cualquier actuaci¨®n del Tribunal de Defensa de la Competencia-, o puede frenar otras operaciones que le desagradan. En definitiva, puede utilizar la amplia discrecionalidad que le ofrece la ley seg¨²n se trate de amigos o supuestos adversarios.

La defensa de la competencia, si se encomienda a ¨®rganos no independientes, se convierte en un arma que el Gobierno puede utilizar a su antojo. La libertad de empresa, como el resto de las libertades constitucionales, no puede estar sometida al albur del favor pol¨ªtico y debe gozar de un marco objetivo, cuya vigilancia recaiga sobre agencias independientes de la Administraci¨®n. S¨®lo as¨ª se conseguir¨¢ proteger a los ciudadanos frente a pactos ocultos, abusos de posici¨®n dominante o excesos del Gobierno. En la medida en que supone restringir una libertad b¨¢sica, ni siquiera el acuerdo de las partes deber¨ªa bastar al poder pol¨ªtico para meterse por medio. Conviene recordar estas cosas ahora que los que mandan se muestran preocupados por marcar distancias que ellos mismos han borrado en estos cuatro a?os. Puede que algo no les haya gustado, pero esto no es cuesti¨®n de gustos.