El TSJC se opone a las reformas para hacer m¨¢s accesible la justicia

El pleno de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC), dominado por la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), ha redactado un documento en el que expresa su rotunda oposici¨®n a diversas medidas adoptadas en los ¨²ltimos a?os, o que est¨¢n en estudio, para reformar la justicia y acercarla al ciudadano, como la justicia municipal, que los funcionarios dependan de la comunidad aut¨®noma y la actual Ley del Jurado.

El documento ha sido remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace unos meses encarg¨® a las salas de gobierno que se pronunciaran sobre las modificaciones legislativas que har¨ªan falta para mejorar la justicia. El TSJC encarg¨® la redacci¨®n del documento al juez decano de Barcelona, Joaqu¨ªn Bayo, de la asociaci¨®n progresista Jueces para la Democracia, quien elabor¨® un texto del que pr¨¢cticamente no ha quedado nada. La APM -organizaci¨®n mayoritaria en la carrera judicial y en el pleno de la sala de gobierno del TSJC, compuesto por 15 personas- ha introducido tantas enmiendas que varios magistrados han formulado votos particulares para desmarcarse de la mayor¨ªa, entre ellos, Guillem Vidal, presidente del TSJC; ?ngel Garc¨ªa Fontanet, presidente de la sala de lo contencioso-administrativo, y el propio Bayo.

Puntos de coincidencia

A grandes rasgos, esos votos particulares coinciden con los planteamientos para reformar la justicia que defienden los programas electorales de la izquierda e incluso de Converg¨¨ncia i Uni¨®, mientras que algunas tesis de la APM est¨¢n muy pr¨®ximas al PP.

As¨ª, por ejemplo, el documento propone que los vocales del CGPJ deben ser elegidos por los jueces y no por el Parlamento, como sucede ahora, porque eso comporta un "riesgo de politizaci¨®n de la justicia". El voto particular defiende, por el contrario, que los vocales sean examinados por una comisi¨®n parlamentaria, que est¨¦n sometidos al control de las Cortes y que se nombren sin tener en cuenta las cuotas de partido.

En otro apartado, el texto de la ponencia que fue derrotado propon¨ªa que el TSJC fuese la ¨²ltima instancia judicial en Catalu?a en todos los ¨¢mbitos (civil, penal, social y contencioso-administrativo) y que el Tribunal Supremo se encargase s¨®lo de unificaci¨®n de doctrina.

Tambi¨¦n fue derrotada una propuesta en la que se reclamaba la puesta en marcha de la justicia de proximidad o municipal, especialmente en las grandes ciudades, y para los cuatro ¨¢mbitos jurisdiccionales. Esa reclamaci¨®n est¨¢ prevista en la Carta Municipal de Barcelona, pendiente de aprobar por las Cortes, pero el texto aprobado se refiere ¨²nicamente a que se recupere la justicia de distrito, que el Gobierno socialista aboli¨® hace m¨¢s de una d¨¦cada y que ¨²nicamente juzgaba pleitos de escasa entidad. La ponencia derrotada tambi¨¦n propon¨ªa que esos jueces municipales dependiesen del TSJC, y los funcionarios, del Ayuntamiento.

En otro apartado, la mayor¨ªa conservadora tambi¨¦n consigui¨® que se reclamara el traspaso al CGPJ de los funcionarios de justicia que actualmente dependen del ministerio o de algunas comunidades aut¨®nomas, entre ellas Catalu?a, Galicia y Valencia. El voto particular reclama no s¨®lo la "dependencia plena de la comunidad", sino que se creen cuerpos de funcionarios de ¨¢mbito aut¨®nomo. Ahora, los funcionarios forman parte de un cuerpo nacional.

Menos formaci¨®n

En cuanto al funcionamiento de la Escuela Judicial, instalada en Barcelona y dirigida por un equipo de magistrados de reconocido talante progresista, el documento aprobado por el TSJC propone que se acabe con la situaci¨®n actual, en la que se exigen dos a?os de estancia antes de ejercer. La propuesta es que sea un solo a?o y que, en todo caso, el CGPJ establezca en cada caso el tiempo que ha de permanecer cada promoci¨®n en funci¨®n de la necesidad de cobertura de plazas.

La mayor¨ªa en el TSJC tambi¨¦n reclama que se suprima el acceso directo a la carrera de juristas de reconocido prestigio (lo que se conoce como el cuarto turno) y que se reforme la Ley del Jurado para que el acusado pueda elegir que le juzgue un tribunal popular o uno formado por jueces.