Bruselas propone que los causantes de cat¨¢strofes paguen de entrada los da?os El proyecto establece que las industrias tengan una p¨®liza que cubra los riesgos ambientales

La rotura de la balsa con cianuro sobre el Danubio, el vertido del petrolero Erika en las playas francesas o la cat¨¢strofe de Aznalc¨®llar, cerca de Do?ana, han movilizado a la Comisi¨®n Europea. Para cubrir los costes de reparaci¨®n de los da?os al medio ambiente o el saneamiento de los lugares contaminados, el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental propone que sean los responsables de los accidentes los que asuman esos costes, aunque no quede probada su culpabilidad. Para lograrlo, la CE propone que las empresas paguen una p¨®liza que cubra los riesgos.

?Qui¨¦n va a pagar la reparaci¨®n del cauce del Guadiamar, que ha costado 30.000 millones de pesetas? De momento, ese dinero ha salido del bolsillo de todos los espa?oles. Dentro de uno o dos a?os, cuando la justicia resuelva qui¨¦n fue el culpable de que la balsa minera de Aznalc¨®llar vertiera todo su contenido contaminante al r¨ªo, quiz¨¢ pague algo la compa?¨ªa Boliden, que explotaba la mina. Si la justicia no encuentra culpabilidad en la gesti¨®n de la mina, nadie devolver¨¢ a los contribuyentes ni el dinero que adelantaron para restituir el ecosistema del r¨ªo ni las indemnizaciones pagadas a los agricultores.La Comisi¨®n Europea quiere acabar con esto: que paguen todos por los da?os que causan unos pocos. Seveso, Aznalc¨®llar, Erika, Baia Mare. Son demasiados sucesos encadenados como para permanecer impasibles.

En el borrador del Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental que la Comisi¨®n acaba de sacar a la luz, propone que en casos como el de Aznalc¨®llar, Erika o Baia Mare no sea necesario probar la culpabilidad del causante del da?o para deducir su responsabilidad.

"La responsabilidad basada en la culpa es aplicable a los casos de actuaci¨®n incorrecta deliberada, resultado de negligencia o de falta de atenci¨®n suficiente", dice. Pero este criterio "choca con un enorme obst¨¢culo: la gran dificultad a la que se enfrentan los demandantes para probar la culpabilidad de la parte demandada en los juicios por responsabilidad ambiental". Al final es el Estado, la sociedad en su conjunto, el que se hace cargo subsidiariamente de compensar esos da?os, como ha ocurrido en Espa?a en casos muy recientes, por la insolvencia de "los culpables", como la rotura de la presa de Tous (20.000 millones que todav¨ªa no han terminado de pagarse) y el envenenamiento por el aceite manipulado de colza, que ha costado medio bill¨®n de pesetas.

Dif¨ªciles pruebas

Otro argumento que apoya el modelo sugerido por la UE es que la asunci¨®n de riesgos por los da?os derivados de una actividad intr¨ªnsecamente peligrosa no corresponde a la v¨ªctima ni al conjunto de la sociedad, sino a los responsables de la misma. Es decir, una barriada no tiene por qu¨¦ asegurarse frente a los riesgos de un accidente en una industria qu¨ªmica instalada en sus inmediaciones, m¨¢s bien tienen que ser los propietarios de esa industria los que estar¨ªan obligados a suscribir p¨®lizas de seguro para cubrirse de cualquier riesgo frente a terceros, los vecinos de la barriada.

Recuerda el Libro Blanco que en los litigios medioambientales suele ser muy dif¨ªcil para el demandante probar la relaci¨®n causa-efecto entre un acto del demandado y el da?o provocado, mientras resulta muy f¨¢cil para el demandado probar lo contrario. Por ese motivo propone reducir la carga de la prueba en favor del demandante, como ya recogen las legislaciones m¨¢s avanzadas en esta materia en Estados Unidos, Alemania o Dinamarca.

En el caso de Aznalc¨®llar, y en el supuesto de que Boliden tuviera suscrita una p¨®liza de responsabilidad civil ambiental, no har¨ªa falta demostrar que la balsa se rompi¨® por una negligencia deliberada de la compa?¨ªa explotadora para que el seguro se hiciera cargo de los da?os causados.

Cuando estos da?os no tienen repercusi¨®n directa en la salud o la econom¨ªa de las personas, pero s¨ª en ecosistemas protegidos por la red Natura 2000 -h¨¢bitat, fauna y flora silvestre, espacios protegidos por la calidad de su biodiversidad-, el Libro Blanco dice que debe haber un umbral m¨ªnimo de cobertura de riesgos. ?C¨®mo evaluarlos?, se pregunta. "Deben quedar cubiertos los da?os significativos, especialmente si son irreparables. En cada caso se deber¨¢ realizar un an¨¢lisis de costes y beneficios razonable. En aquellos en que la restauraci¨®n sea posible debe cubrir los costes de restauraci¨®n".

Acceso a la justicia

El documento propone incorporar a una pr¨®xima directiva sobre responsabilidad civil ambiental facilitar el acceso a la justicia en l¨ªnea con el Convenio de Arhus. En cualquier litigio convencional la v¨ªctima no tiene m¨¢s que presentar una denuncia ante los juzgados para salvaguardar sus intereses particulares afectados. Pero ?qui¨¦n defiende al medio ambiente. Como su protecci¨®n es de inter¨¦s p¨²blico, el Libro Blanco apunta a que cada vez est¨¢ m¨¢s extendida la noci¨®n de que la ciudadan¨ªa en su conjunto debe sentirse responsable y ha de poder actuar para protegerlo en determinadas circunstancias. Por ello propone incorporar a la legislaci¨®n comunitaria la parte del Convenio de Arhus en la que se permite tanto a los particulares como a grupos de inter¨¦s y ONG impugnar decisiones de una autoridad ante un tribunal u otro organismo independiente, solicitar la aplicaci¨®n de medidas efectivas y recurrir contra las actuaciones de personas jur¨ªdicas y autoridades p¨²blicas que contravengan las disposiciones de la legislaci¨®n en materia de medio ambiente.

Mar¨ªa Artola, socia directora de la consultora Pr¨¢ctica Ambiental, cree que esta "legitimaci¨®n activa" que se les proporciona a los organismos ambientales es de gran inter¨¦s, porque el C¨®digo Civil espa?ol s¨®lo autoriza a los directamente afectados a intervenir ante los tribunales. "En este esquema no hace falta, con lo que se facilitar¨ªa mucho la intervenci¨®n activa de las organizaciones ecologistas o de cualquier otro tipo frente a actuaciones contrarias al medio ambiente".

Espa?a se queda rezagada

Aunque el Libro Blanco de la Comisi¨®n Europea reconoce que la implantaci¨®n de una directiva sobre responsabilidad ambiental llevar¨¢ tiempo por la escasa cultura del sector seguros en la cobertura de riesgos ambientales, no duda de que ser¨¢ una realidad. En Europa ya hay pa¨ªses como Alemania -su ley es una referencia para los juristas- y Dinamarca, que la han desarrollado. En EEUU lleva tiempo implantado. Estima que el coste para las actividades de riesgo de un seguro medioambiental tendr¨¢ una repercusi¨®n del 5% en sus presupuestos.

En Espa?a, la finalizaci¨®n de la legislatura ha dejado en suspenso una ley de responsabilidad civil. Fue uno de los proyectos estrella de Isabel Tocino nada m¨¢s acceder al Ministerio de Medio Ambiente. El borrador fue duramente criticado en el ¨²ltimo congreso de juristas medioambientales, celebrado en Barcelona. Despu¨¦s, fue retocado y ya ha sido informado por el Consejo Econ¨®mico y Social. "Si no se ha aprobado por el Gobierno, ha sido porque no quedaba tiempo material", dice un portavoz del ministerio. El texto se ajusta a las l¨ªneas dise?adas por el Libro Blanco de responsabilidad ambiental, a?ade. Los redactores del libro se dan de plazo hasta el mes de julio para que los interesados env¨ªen a la Direcci¨®n General de Medio Ambiente sus sugerencias.