Ocho a?os de investigaci¨®n y ning¨²n agente causal V. MAROTO, Valencia

La ya tradicional lentitud de la Justicia, la indeterminaci¨®n cient¨ªfica de la enfermedad y los constantes recursos interpuestos por las defensas de algunos de los procesados han impedido que el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Alcoy cierre, tras una investigaci¨®n que ya dura ocho a?os, el caso Ardystil. "En este octavo a?o del s¨ªndrome Ardystil, creemos haberlo dicho todo, haberlo escrito todo y tambi¨¦n haberlo reivindicado todo", clamaba el pasado 14 de febrero, presa del des¨¢nimo, la comisi¨®n de afectados.No es para menos. El 14 de febrero de 1992 fallec¨ªa Isabel Mir¨®, una joven de 28 a?os natural de Cocentaina que trabaj¨® en Ardystil, una modesta industria textil radicada en ese peque?a localidad del interior de Alicante. Mir¨® fue la primera de las seis v¨ªctimas del s¨ªndrome, que tambi¨¦n alcanza a un centenar de afectados. Todos ellos tienen otras tres cosas en com¨²n: su ¨¢rea de residencia (L' Alcoi¨¤, una comarca industrial); su desdichado paso por empresas del ramo textil de la zona y su desconfianza hacia la administraci¨®n de Justicia.

El caso Ardystil naci¨® en 1992, con la muerte de Mir¨® y la detecci¨®n de los graves problemas de salud que estaban sufriendo los trabajadores de hasta seis industrias que estampaban las prendas que facturaban mediante la aerograf¨ªa. Desde entonces, los tres titulares que han desfilado por ese juzgado no han podido cerrar el asunto, de gran complejidad por varias razones.

La dificultad de concretar el agente causal del s¨ªndrome es, tal vez, la principal de ellas. Ni los expertos de la Generalitat Valenciana ni los especialistas del instituto estadounidense consultado han sido capaces de determinar el factor desencadenante del s¨ªndrome, una tarea que ha lastrado la investigaci¨®n desde el inicio del procedimiento. Adem¨¢s, la gran cantidad de afectados por la enfermedad y, de igual manera, el importante n¨²mero de supuestos responsables de la misma (casi 30 imputados han declarado desde el inicio de la instrucci¨®n) han dilatado la resoluci¨®n del caso, cuyo juicio ni siquiera ha sido fijado.

A pesar de ello, el fiscal adscrito al caso, Ricard Cabedo, ya elev¨® al juzgado en mayo de 1998 su petici¨®n de penas: entre seis meses y seis a?os de prisi¨®n para los responsables de las seis empresas en las que se detect¨® la enfermedad. Adem¨¢s, pidi¨® que las tres multinacionales del sector qu¨ªmico que suministraban los productos con los que trabajaron los afectados asuman la posible responsabilidad civil subsidiaria derivada del caso. El juez tard¨® un a?o m¨¢s (no lo hizo hasta mayo de 1999) en decretar la apertura del juicio, pero este a¨²n parece lejano. Las defensas de los encausados han recurrido reiteradamente el definitivo procesamiento de sus clientes, a estas alturas, a¨²n en el aire a falta de la resoluci¨®n de las apelaciones.