Las cartas de Almunia

Los partidos se est¨¢n esforzando en estos ¨²ltimos d¨ªas de campa?a en concretar lo esencial de su oferta electoral. As¨ª ha sucedido en la cuesti¨®n de los impuestos o la de las pensiones, ejes de las ofertas de PP y PSOE-IU, respectivamente, aunque apenas digan c¨®mo financiar sus promesas. El principal aspirante a bisagra, CiU, ha cuantificado con admirable esp¨ªritu mercantil el coste de su apoyo al partido que resulte vencedor: 400.000 millones de pesetas (m¨¢s IVA: elevar el techo competencial).Almunia present¨® ayer 18 medidas que se compromete a aplicar en los primeros cien d¨ªas si es elegido presidente. El documento parte de una cr¨ªtica al estilo de gobierno del PP, al que contrapone las credenciales de la coalici¨®n de izquierdas para gobernar al pa¨ªs en el futuro. Almunia sostiene que tras la careta del "Espa?a va bien" hay grandes dosis de entreguismo a las minor¨ªas nacionalistas como precio para durar en el poder, lo que ha significado un paso atr¨¢s en la cohesi¨®n territorial. Tambi¨¦n critica el talante antip¨¢tico y reticente al consenso del partido de Aznar, y ofrece el acuerdo PSOE-IU como palanca para el cambio: para que la mayor¨ªa social de izquierda se plasme en una mayor¨ªa parlamentaria y de gobierno.

Consciente tal vez de que no es evidente que exista tan clara voluntad de cambio y, por otra parte, de que una parte del electorado tiene dudas sobre la capacidad de la alianza para gestionar eficazmente la Administraci¨®n, Almunia propone un contrato pol¨ªtico con los ciudadanos, que podr¨¢n exigirle responsabilidades si su aplicaci¨®n no se concreta en los cien primeros d¨ªas de su hipot¨¦tico mandato.

Al colocar como primera prioridad la recuperaci¨®n del consenso antiterrorista, reconoce Almunia que se trata del problema m¨¢s grave del momento. Prioridades relativas a la calidad de la democracia son la reforma del reglamento del Congreso para convertirlo en el centro de la vida pol¨ªtica, una ley de financiaci¨®n de los partidos que asegure transparencia y control y la creaci¨®n de un espacio aut¨®nomo para las televisiones p¨²blicas. Significativo es el anuncio de un proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que refuerce la independencia de los organismos reguladores, para que no se repitan actuaciones del Gobierno como juez y parte en favor de los amigos. En fin, la institucionalizaci¨®n del di¨¢logo entre Moncloa y los presidentes auton¨®micos se presenta como prueba de un nuevo talante en la forma de abordar los problemas territoriales. El adelanto de la extinci¨®n del servicio militar, la reducci¨®n de tarifas de electricidad y tel¨¦fonos, el cierre de dos centrales nucleares, las medidas contra la violencia contra las mujeres, son promesas que ya figuran en el programa. La novedad es el compromiso de ponerlas en marcha de inmediato. En cien d¨ªas.