El Parlamento tacha de "abusiva" la pr¨®rroga de la A-68 y pide al Gobierno central que la anule

El pleno del Parlamento vasco censur¨® ayer el acuerdo entre el Gobierno central y Autopista Vasco Aragonesa, en virtud del cual los peajes de la A-68 (Bilbao Zaragoza) se ha reducido un 32,5% a cambio de prorrogar la concesi¨®n 15 a?os. PNV, EA, PSE, IU y UA transaccionaron una proposici¨®n no de ley en la que califican la decisi¨®n de "abusiva" porque supone un "perjuicio" para los usuarios y un "cuantioso beneficio" para la empresa explotadora. El PP se qued¨® solo en la defensa de la prolongaci¨®n de la concesi¨®n, mientras Euskal Herritarrok se abstuvo.

La proposici¨®n aprobada tambi¨¦n insta al Consejo de Ministros a que declare la nulidad de la pr¨®rroga, por ser "contraria a los intereses generales de la comunidad aut¨®noma" y anima al Gobierno vasco a que recurra judicialmente el acuerdo en si no hay marcha atr¨¢s. Desde que el pasado 4 de febrero trascendiera la ampliaci¨®n de la concesi¨®n (de 2011 a 2026), las instituciones vascas afectadas, excepto la Diputaci¨®n de ?lava, gobernada por el PP, se han pronunciado en contra de la medida.El parlamentario del PSE Jos¨¦ Antonio Maturana, autor de la proposici¨®n original que propici¨® el texto finalmente acordado, resalt¨® que el Consejo de Ministros actu¨® de "tapadillo, en campa?a [electoral] y de manera desconsiderada para los usuarios, sin explicar a la opini¨®n p¨²blica las ventajas y los beneficios que va a obtener la empresa explotadora. "Los ciudadanos vascos no tienen por qu¨¦ pagar por una infraestructura ya amortizada en beneficio de una empresa privada", critic¨®.

Falta de lealtad

Juan Mar¨ªa Juaristi, del PNV, destac¨® que las negociaciones que permitieron el acuerdo del Consejo de Ministros se realizaron de espaldas a las diputaciones de ?lava y Vizcaya, por cuyo territorio discurre parcialmente la autopista, a las que el Estatuto de Gernika atribuye la competencia en materia de carreteras. "Tras veinte a?os, el Estatuto sigue sin completarse en esta materia por la falta de voluntad pol¨ªtica del PP, que est¨¢ m¨¢s prepotente que nunca", dijo.

El representante de EA, Yon Goikoetxea, acus¨® al Gobierno central de "falta de lealtad" por no informar ni consultar previamente a las instituciones vascas. "Ha desarrollado [el Gobierno central] una actuaci¨®n malintencionada que ha dado la espalda a las diputaciones y al Gobierno vasco", lament¨®.

El parlamentario del Partido Popular Gonzalo Mach¨ªn tuvo que emplear toda su intervenci¨®n en rebatir las cr¨ªticas que le llovieron desde todos los flancos de la C¨¢mara, excepto desde los bancos de Euskal Herritarrok, cuyos parlamentarios no participaron en el debate. "Acusan al PP de tomar una decisi¨®n en campa?a, pero lo cierto es que ning¨²n partido critic¨® la decisi¨®n durante la etapa electoral, porque saben que supone una rebaja muy importante en lo que tienen que pagar los usuarios por peajes", se defendi¨® el parlamentario popular. En esta l¨ªnea, Mach¨ªn record¨® que la anulaci¨®n de la pr¨®rroga conllevar¨ªa la eliminaci¨®n de la reducci¨®n del peaje y, por lo tanto, un "perjuicio econ¨®mico muy sensible" para los conductores que utilizan esta v¨ªa de circulaci¨®n.

Con la resoluci¨®n parlamentaria de ayer, el Ejecutivo foral alav¨¦s es el ¨²nico que no va a promover ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la decisi¨®n del Consejo de Ministros. El Gabinete de Ram¨®n Rabanera ha justificado esta postura en un informe de los servicios jur¨ªdicos de la Diputaci¨®n que determina que no "procede" impulsar el procedimiento legal.

La Diputaci¨®n de Vizcaya, por su parte, ya ha formalizado el recurso ante el Supremo solicitando la anulaci¨®n de la pr¨®rroga por no consultar previamente a la instituci¨®n foral, una de las partes interesadas, con lo que habr¨ªa incumplido un tr¨¢mite "preceptivo". Lo que no ha solicitado es la suspensi¨®n cautelar del acuerdo, que en el caso de ser aceptada provocar¨ªa volver a las tarifas anteriores a la rebaja.

Mientras, el Gobierno vasco se encuentra a la espera de que el Ejecutivo central responda al requerimiento que ya le ha enviado reclamando la suspensi¨®n del acuerdo. En caso de no obtener respuesta, recurrir¨ªa al Tribunal Supremo. El plazo para presentar el recurso no vence hasta el pr¨®ximo 10 de abril, justo cuando se cumplan dos meses desde la publicaci¨®n del real decreto del Consejo de Ministros en el Bolet¨ªn Oficial del Estado.