El Tribunal Superior anula el acuerdo de la Generalitat de retirar 3 emisoras a la COPE

VIENE DE LA P?GINA 1 El Gobierno catal¨¢n anunci¨® ayer que en los pr¨®ximos meses volver¨¢ a realizar la adjudicaci¨®n de las tres pol¨¦micas frecuencias retiradas a las emisoras de la COPE en Barcelona, Manresa y Tarragona, y de un nuevo paquete de seis: dos en Barcelona, una de ellas utilizada tambi¨¦n por la COPE en la actualidad, y cuatro por las que se emite desde Roses, Berga, Blanes y La Bisbal d'Empord¨¤, la ¨²nica libre en la actualidad.

El consejero de Presidencia, Joaquim Triad¨², anunci¨® ayer que la f¨®rmula jur¨ªdica que se emplear¨¢ para resolver esas concesiones todav¨ªa no est¨¢ decidida, pero anunci¨® que, en cualquier caso, "se aplicar¨¢ el criterio que fija el tribunal" en la sentencia. Es decir, se reducir¨¢ la "desproporcionada" puntuaci¨®n de las cuestiones relativas al uso de la lengua y la cultura catalanas que se estableci¨® en las concesiones de hace un a?o.

Las dos f¨®rmulas que estudian los servicios jur¨ªdicos de la Generalitat para realizar las nuevas concesiones consisten en convocar un nuevo concurso al que puedan concurrir por segunda vez todos los interesados o bien en evaluar las caracter¨ªsticas de las empresas que se presentaron en su d¨ªa y resolver las adjudicaciones a trav¨¦s de la mesa de contrataci¨®n.

"No tenemos ninguna voluntad pol¨ªtica de dar o no dar emisoras a un grupo o a otro, sino que se las llevar¨¢ el que ofrezca mejores condiciones", afirm¨® Triad¨². Por su parte, el portavoz del Gobierno catal¨¢n y consejero de Econom¨ªa, Artur Mas, asegur¨®: "La Junta de Andaluc¨ªa o la de Extremadura tambi¨¦n conceden licencias y no renuevan otras, pero no se llenan los kilos de papel que se llenan cuando la decisi¨®n la adopta la Generalitat".

La sentencia explica que el tribunal no cuestiona que el pliego de cl¨¢usulas de la Generalitat valore las propuestas concretas para fomentar las manifestaciones de la cultura catalana, ni que se emita al menos la mitad de la programaci¨®n en esta lengua, ni que se garantice "una presencia significativa del aran¨¦s" o que las emisoras se adapten a las "necesidades socioculturales" de su ¨¢mbito de influencia". Se trata, en todos los casos, de criterios recogidos en la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998 que la sentencia califica de "obligaciones de estricto cumplimiento legal".

"Bajo estos par¨¢metros no se cuestionan por la sala esos criterios, pero s¨ª su puntuaci¨®n desproporcionada", afirma el tribunal, con relaci¨®n a otros requisitos, como la viabilidad del proyecto, la vinculaci¨®n de la emisora con otros medios de comunicaci¨®n de Catalu?a o su presencia en el entorno radiof¨®nico. En concreto, recuerdan los jueces, los primeros criterios se valoraron hasta con 20 puntos cada uno de ellos, frente a los 10 puntos de los segundos.

La Generalitat, por el contrario, sostiene en su interpretaci¨®n de la sentencia que no se ha vulnerado ning¨²n derecho fundamental, sino que "el tribunal ha descendido a valorar los criterios enumerados en el pliego de condiciones desde una perspectiva m¨¢s propia de la legalidad ordinaria".

Voto particular

El voto particular del magistrado Antonio Moya Garrido considera que el recurso de la COPE debi¨® desestimarse porque la puntuaci¨®n de los criterios para exigir el catal¨¢n est¨¢n orientados a normalizar esta lengua en los medios de comunicaci¨®n y "ha de ser necesariamente entendido como medida de fomento y de promoci¨®n (...) en funci¨®n de la existencia de una situaci¨®n de hecho a¨²n caracterizada por su desigualdad y su uso a¨²n minoritario".

En este sentido, el magistrado recuerda que tres cadenas de ¨¢mbito espa?ol obtuvieron frecuencias en el concurso, lo que pone de manifiesto que el baremo fijado "no resulta inalcanzable". Asimismo se?ala que la "¨²nica beneficiada" por el pliego de las cl¨¢usulas es la lengua hablada y la m¨²sica cantada en catal¨¢n, as¨ª como las distintas manifestaciones de la cultura catalana. Por ello a?ade que el "esfuerzo de adaptaci¨®n" y los cambios de estructura, organizativos y de programaci¨®n que las empresas estatales deban hacer para adecuarse a este modelo "no afectan a la constitucionalidad de las condiciones del concurso".

Seg¨²n el juez discrepante, el concurso da prioridad a exigencias que fomentan y normalizan el uso de catal¨¢n, "evitando dilaciones en el tiempo o la relativizaci¨®n en el cumplimiento de las previsiones y exigencias de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica".

Adem¨¢s del derecho constitucional a comunicar o recibir libremente informaci¨®n veraz, que reconoce el tribunal, el recurso de la COPE invoc¨® que la retirada de la tres licencias tambi¨¦n hab¨ªa vulnerado otros derechos constitucionales que el tribunal no analiza.

El Grupo God¨®, accionista mayoritario de la cadena Radiocat XXI, considera que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) no s¨®lo no supone un rev¨¦s a su proyecto empresarial, sino, al contrario, "un espaldarazo judicial". Este grupo period¨ªstico conf¨ªa en que tras las nuevas adjudicaciones que ha de realizar la Generalitat podr¨¢ recuperar las dos frecuencias de Barcelona y Manresa por las que actualmente emite la COPE y que le fueron otorgadas hace un a?o por el Gobierno catal¨¢n. El motivo, seg¨²n explica un comunicado difundido ayer por el Grupo God¨®, es que Radiocat XXI obtuvo una puntuaci¨®n m¨¢s alta que la COPE en aquel concurso. El Grupo God¨® anunci¨® que tiene la intenci¨®n de empezar sus emisiones dentro de un mes a trav¨¦s de la cadena RAC 1, la emisora convencional, con sede en Barcelona.Por el contrario, la cadena Cope entiende que la sentencia restaura el derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n y muestra la satisfacci¨®n de la empresa por haber logrado lo ¨²nico que pretend¨ªa al iniciar el procedimiento judicial: seguir emitiendo por las tres emisoras.

Los partidos pol¨ªticos catalanes tambi¨¦n valoraron la sentencia de manera desigual. Para el presidente del Partido Popular en Catalu?a, Alberto Fern¨¢ndez D¨ªaz, la decisi¨®n del tribunal supone "un suspenso" a la pol¨ªtica de "intervenci¨®n" y "de designaciones a dedo" de la Generalitat.

Por su parte, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) e Iniciativa per Catalunya-Verds, (IC-V) coincidieron en reclamar que la concesi¨®n de licencias de radio y televisi¨®n sea competencia del Consell de l'Audiovisual de Catalu?a "por seguridad jur¨ªdica y de imparcialidad". El diputado socialista Miquel Iceta justific¨® esta reclamaci¨®n en la necesidad de "disipar cualquier duda" sobre la transparencia de este tipo de adjudicaciones, mientras que el portavoz del partido ecosococialista, Joan Boada, asegur¨® que si se mantiene el criterio actual "priman los intereses partidistas".

El consejero de Presidencia, Joaquim Triad¨², anunci¨® que el Gobierno catal¨¢n "no tiene ning¨²n inconveniente" en que el Consell de l'Audiovisual emita sus informes para resolver las nuevas concesiones, pero rechaz¨® la sugerencia de los grupos de la izquierda.

Finalmente, Esquerra Republicana de Catalunya censur¨® la decisi¨®n del tribunal al asegurar que la Generalitat actu¨® en el uso de sus competencias y pidi¨® "m¨¢s sensibilidad a los jueces".