La justicia anula un acuerdo de la Generalitat por primar el catal¨¢n para dar emisoras El tribunal afirma que la retirada de tres frecuencias a la Cope viol¨® un derecho constitucional
El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) anul¨® ayer la decisi¨®n de la Generalitat de no renovar a la cadena Cope tres frecuencias de radio por las que ven¨ªa emitiendo en Barcelona, Manresa y Tarragona. La sentencia considera que el pliego de cl¨¢usulas utilizado para revocar esas concesiones y otorgar otras 30 licencias valor¨® de manera "desproporcionada" el uso del catal¨¢n en la programaci¨®n y que de esa manera se vulner¨® el derecho constitucional a comunicar o recibir libremente una informaci¨®n veraz. La Generalitat no recurrir¨¢ la sentencia.
El tribunal asegura que no cuestiona que la Generalitat aplicara en el pliego de cla¨²sulas del concurso la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica de 1998, como la obligaci¨®n de emitir en catal¨¢n un m¨ªnimo del 50% de la programaci¨®n, fomentar las diferentes manifestaciones de la cultura catalana o garantizar una presencia significativa del aran¨¦s, una variante del catal¨¢n. Lo que el tribunal cuestiona y por eso declara nulos algunos aspectos de ese pliego de cl¨¢usulas es que la Generalitat realizara una "puntuaci¨®n desproporcionada" de esos requisitos. La sentencia recuerda que los criterios referidos al uso de la lengua se valoraron en un 64,3%, frente al 35,7 % con el que se puntuaron otros criterios, como la viabilidad del proyecto, las horas de programaci¨®n o si se trataba de una programaci¨®n propia. En este sentido, la sentencia precisa que las obligaciones legales que marca la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica son de obligado cumplimiento, pero "no pueden servir como criterios valorativos" para adjudicar las emisoras.
En otro apartado el TSJC afirma que no se puede limitar el n¨²mero de frecuencias a otorgar, sino que la Administraci¨®n debe conceder todas las disponibles, "para no interferir m¨¢s all¨¢ de lo que el estado actual de la t¨¦cnica permita". Lo contrario, afirma la Sala, vulnera el derecho constitucional a la libertad de informaci¨®n.
Frente a esas afirmaciones de la sentencia, el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Joaquim Triad¨², asegur¨® ayer que la sentencia "reafirma la bondad de la Ley de Pol¨ªtica Ling¨¹¨ªstica" en el ¨¢mbito de la presencia del catal¨¢n en los medios de comunicaci¨®n. En su opini¨®n, el TSJC "ha valorado los criterios del pliego de condiciones desde una perspectiva de la legalidad ordinaria".
La sentencia de la Secci¨®n Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha sido dictada tras el recurso que present¨® la Cope contra una parte del decreto de 4 de mayo de 1999, por el que el Gobierno catal¨¢n concedi¨® 33 nuevas frecuencias de radio. Al resolver ese concurso no se renov¨® la concesi¨®n administrativa de las tres emisoras por las que emit¨ªa la Cope. Las de Barcelona y Manresa fueron adjudicadas a la cadena Radiocat XXI (participada en un 85% por el grupo God¨®, editor del diario La Vanguardia, y en un 15% por Carles Vilarrub¨ª). Radiocat XXI fue el mayor beneficiario de ese concurso, al conseguir 12 frecuencias. La emisora de Tarragona se otorg¨® al locutor Justo Molinero.
Voto particular
La Cope recurri¨® ante los tribunales alegando la vulneraci¨®n de varios derechos constitucionales y ahora los jueces le han dado la raz¨®n. La sentencia contiene el voto particular del magistrado Antonio Moya Garrido, m¨¢s extenso que la propia resoluci¨®n de la Sala, en el que afirma que el recurso debi¨® rechazarse porque no se conculc¨® derecho alguno.
Mientras se resolv¨ªa el recurso judicial la Cope sigui¨® emitiendo. Radiocat XXI obtuvo todos los permisos administrativos y se declar¨® lista para salir en antena, pero el TSJC no se lo permiti¨® hasta que se dictara sentencia. Esa resoluci¨®n se convertir¨¢ en firme en los pr¨®ximos d¨ªas porque la Generalitat anunci¨® ayer que no la recurrir¨¢ ante el Tribunal Supremo. La fiscal¨ªa tampoco lo har¨¢ porque durante la tramitaci¨®n del recurso se pronunci¨® a favor de los argumentos de la Cope y de revocar el acuerdo de la Generalitat.
El Gobierno catal¨¢n conceder¨¢ de nuevo las tres licencias de la cadena episcopal y otras seis m¨¢s
El Gobierno catal¨¢n anunci¨® ayer que realizar¨¢ una nueva adjudicaci¨®n de las tres frecuencias de la Cope y de otras seis que ten¨ªa pendientes, usando para ello el criterio se?alado en la sentencia de ayer, en lugar del utilizado para la decisi¨®n que el TSJC ha anulado. El consejero de la Presidencia, Joaquim Triad¨², explic¨® que a¨²n no est¨¢ decidida la f¨®rmula jur¨ªdica -otro concurso o bien a trav¨¦s de la mesa de contrataci¨®n-, pero en cualquier caso se har¨¢ reduciendo la puntuaci¨®n que se otorg¨® el a?o pasado a los criterios que se refieren al uso de la lengua o la cultura catalana.
"No tenemos ninguna voluntad pol¨ªtica de dar o no dar emisoras a un grupo o a otro, sino que se las llevar¨¢ el que ofrezca mejores condiciones", dijo Triad¨². Por su parte, el portavoz del Gobierno catal¨¢n y consejero de Econom¨ªa, Artur Mas, afirm¨®: "La Junta de Andaluc¨ªa o la de Extremadura tambi¨¦n conceden licencias y no renuevan otras, pero no llenan los kilos de papel que ocurre cuando la decisi¨®n la adopta la Generalitat".
Mientras tanto, el Grupo God¨® difundi¨® un comunicado en el que asegura que la sentencia conocida ayer supone un espaldarazo judicial a su proyecto radiof¨®nico y que las tres licencias que ahora utiliza la Cope pasar¨¢n a ser de Radiocat XXI cuando la Generalitat resuelva la nueva concesi¨®n.
Por el contrario, la Cope, cadena controlada por el Episcopado, entiende que la resoluci¨®n judicial restaura el derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n. Y que la satisfacci¨®n de esa empresa se fundamenta en haber logrado lo ¨²nico que pretend¨ªa al iniciar el procedimiento judicial: seguir emitiendo por las tres emisoras.
Los partidos pol¨ªticos catalanes tambi¨¦n valoraron la sentencia de manera desigual. Para el presidente del Partido Popular en Catalu?a, Alberto Fern¨¢ndez D¨ªas, supone "un suspenso" a la pol¨ªtica de "intervenci¨®n" y "designaciones a dedo" de la Generalitat. El Partit dels Socialistes (PSC) e Iniciativa per Catalunya (IC-V), por el contrario, coincidieron en que la concesi¨®n de licencias de radio y televisi¨®n debe ser competencia del Consejo Audiovisual de Catalu?a "por seguridad jur¨ªdica y de imparcialidad". La Generalitat dijo "no tener ning¨²n inconveniente" en que ese organismo emita sus informes para resolver las nuevas concesiones, pero rechaz¨® la sugerencia de los grupos de la izquierda.
Finalmente, Esquerra Republicana censur¨® la decisi¨®n del Tribunal Superior de Catalu?a, al asegurar que la Generalitat actu¨® en el uso de sus competencias y pidi¨® "m¨¢s sensibilidad a los jueces".
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