Mench¨² se expone a una pena de hasta 20 a?os por "traici¨®n a la patria"

Una querella presentada ayer contra la premio Nobel de la Paz Rigoberta Mench¨² y las personas que le acompa?an en su demanda contra ocho ex presidentes y generales guatemaltecos en la Audiencia Nacional espa?ola pide que Mench¨² y sus colaboradores sean condenados a penas de prisi¨®n de entre 10 y 20 a?os por un delito de traici¨®n a la patria.

La inculpaci¨®n contra la activista maya, a la que se acusa de pretender devolver este pa¨ªs centroamericano al colonialismo espa?ol, viene contenida en una querella cursada a la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica por el abogado y notario Julio Cintr¨®n G¨¢lvez, y admitida por la fiscal¨ªa, que dirige C¨¢ndido Bremer. Este letrado defendi¨® anteriormente a militares cuya comparecencia ante los tribunales reclamaban familiares de v¨ªctimas de la cruenta guerra interna concluida en 1996 con un saldo de 200.000 muertos o desaparecidos. En esta ocasi¨®n insta a la Fiscal¨ªa a que investigue y persiga a la Nobel, y al tribunal correspondiente, a que condene "tan deleznables hechos", en referencia a la iniciativa de preferir un tribunal espa?ol a los nacionales. De acuerdo con el texto de la denuncia de Cintr¨®n, al que ha tenido acceso este diario, el hecho de que Mench¨² haya pedido a una instancia espa?ola -al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco- que ejerza jurisdicci¨®n en Guatemala, significa que "someter¨ªa totalmente a dominio extranjero el territorio nacional. Definitivamente, sin lugar a dudas, compromete nuestra soberan¨ªa y atenta contra la unidad nacional, cuanto que el caos jur¨ªdico de Guatemala ser¨ªa de una magnitud tal que volver¨ªamos al coloniaje espa?ol, finalizado el 15 de septiembre de 1821". Apoya su argumentaci¨®n en las obligaciones y penas establecidas en el C¨®digo Penal contra quienes pongan en peligro la integridad del Estado o tiendan a menoscabarla comprometiendo su soberan¨ªa.

No es aislada la iniciativa del abogado guatemalteco, contrario a que oficiales y jefes implicados en los excesos cometidos durante un conflicto civil de casi 39 a?os entre Ej¨¦rcito y guerrillas, en el que la poblaci¨®n civil puso en el mayor n¨²mero de vidas, sean conducidos a los tribunales. Cintr¨®n ya actu¨® en la primera fase de la instrucci¨®n de caso Xaman, poblaci¨®n en la que, el 5 de octubre de 1995, once ind¨ªgenas q'eqchies murieron a manos de una patrulla militar. Defendi¨® a 23 militares acusados de participar en la matanza de la aldea de Dos Erres, en el a?o 1982, e intervino en el caso B¨¢maca. El jefe guerrillero Efra¨ªn B¨¢maca fue detenido por el Ej¨¦rcito durante las negociaciones de paz, abiertas en 1990. Al arreciar las reclamaciones a favor de su liberaci¨®n, sus captores, seg¨²n la parte litigante, decidieron matarlo antes que admitir su detenci¨®n y tortura. No se permiti¨® la exhumaci¨®n del cad¨¢ver.

El abogado, cuya demanda data de diciembre de pasado a?o, poco despu¨¦s del viaje de Mench¨² a Madrid, evita pronunciarse sobre los aspectos ideol¨®gicos de la iniciativa de su compatriota, y subraya que ¨¦sta infringe, entre otros c¨®digos, el derecho a la defensa de los acusados, pues se supone que deber¨¢n hacerla en Espa?a, bajo leyes espa?oles y bajo el patrocinio de abogados espa?oles. Cintr¨®n, adem¨¢s de invocar la nulidad absoluta de los procedimientos interpuestos por las organizaciones de derechos humanos, alerta contra la existencia de un ataque en toda regla al sistema jur¨ªdico guatemalteco a cargo de quienes, "con ejemplos muy pobres, de los que se ha llamado globalizaci¨®n jur¨ªdica, pretenden hacer pol¨ªtica en Guatemala traicionado todo un sistema nacional, sin reparar en algo que desconocen por completo que se llama dignidad".

Los abogados de los ocho reos se?alados por la premio Nobel de la Paz de 1992 examinan la situaci¨®n para eludir los eventuales edictos en su contra. Se trata de los generales retirados Efra¨ªn R¨ªos Montt, dictador entre 1982 y 1983, hoy presidente del Congreso de Guatemala despu¨¦s de haber ganado su partido las elecciones de diciembre pasado; ?scar Humberto Mej¨ªa, jefe del Gobierno golpista de 1983 a 1986, no ha emitido opini¨®n alguna, no interpondr¨¢ acciones de momento contra Mench¨² y dice no haber recibido notificaci¨®n legal alguna. "Me enter¨¦ por la prensa", declar¨®. Completan la relaci¨®n Fernando Romeo Lucas Garc¨ªa (1978-82), ?ngel Anibal Guevara, Benedicto Lucas Garc¨ªa, Donaldo ?lvarez Ruiz, Germ¨¢n Chupina Barahona y Pedro Garc¨ªa Arreondo. Diferente es la situaci¨®n de Fernando Romeo Lucas, con domicilio en Venezuela, y de su ex ministro de Gobernaci¨®n, Donaldo ?lvarez Ruiz, que viaja frecuentemente a Miami.

Los abogados y activistas de derechos humanos que trabajan para documentar con pruebas la querella de Mench¨², sumaron a los primeros casos concretos otros m¨¢s generales. A los militares buscados por el juez Ruiz Polanco, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), integrado por familiares de desaparecidos y parte querellante, les atribuye el asesinato o desaparici¨®n forzosa de 90 catedr¨¢ticos, 314 estudiantes universitarios y 200 sindicalistas.