Audiencia Supernacional.

?Para qu¨¦ hace falta un Tribunal Penal Internacional (TPI), si tenemos a la Audiencia Nacional? Sin duda la pregunta es exagerada, pero cuando tras el caso argentino, el chileno, llega el guatemalteco, y se anuncian los de El Salvador y Bolivia, junto con la defensa de la justicia, no cabe ignorar los costes pol¨ªticos del efecto demostraci¨®n del caso Pinochet, por otra parte imparable. Matutes dijo hace tiempo que ning¨²n pa¨ªs puede soportar el convertirse en justiciero universal. Algo habr¨¢ que hacer. Evidentemente que a la Audiencia Nacional le ampara el derecho, en una nueva situaci¨®n de globalizaci¨®n o reticularizaci¨®n judicial, sobre la base, no totalmente firme, de la red tupida por la legislaci¨®n espa?ola y los acuerdos internacionales y la jurisprudencia que ha generado el caso, desde los Lores al Supremo en Espa?a.En este avance de la justicia universal, ser¨ªa deseable que hubiera una legalidad supernacional operativa. Pero su mejor plasmaci¨®n, el TPI, tardar¨¢ en nacer (sin EE UU ni China, entre otros), y adem¨¢s, no tendr¨¢ car¨¢cter retroactivo, es decir, no podr¨¢ juzgar cr¨ªmenes anteriores. Entretanto, y dada la receptividad del derecho espa?ol y de la Audiencia Nacional -y la falta de garant¨ªas judiciales en pa¨ªses como Guatemala, como se acaba de demostrar cuando la denuncia presentada por Rioberta Mench¨² en Espa?a se ha vuelto contra ella ante la justicia guatemalteca-, la instituci¨®n espa?ola, sin ser la ¨²nica, corre el riesgo de convertirse en un suced¨¢neo del TPI, en un Tribunal Universal sobre los Derechos Humanos, especializada, adem¨¢s, en casos latinoamericanos, y no todos, claro. Y si el derecho est¨¢ de parte de la Audiencia Nacional, tambi¨¦n hay que ser conscientes de los riesgos, entre otros, de que llegue una avalancha de demandas contra dictadores de todo g¨¦nero. Eso no ser¨ªa en s¨ª malo si logra hacer avanzar la causa contra la impunidad de los que han cometido cr¨ªmenes contra la humanidad. Pero, de momento, ha dado pocos resultados pr¨¢cticos.

El problema, una vez m¨¢s, es para Espa?a como Estado. Pues de ¨¦l forman parte tanto el poder ejecutivo, y el legislativo que han aprobado las leyes y ratificado los tratados que han situado a Espa?a en esa posici¨®n, como el judicial que los aplica. Y es un problema, no s¨®lo por los efectos en el sentido de Comunidad Iberoamericana o las relaciones entre Madrid y Washington, u otros intereses, como las inversiones en Am¨¦rica Latina, sino, ante todo, porque este pa¨ªs, a trav¨¦s de su Gobierno y en ocasiones su Parlamento, ha avalado y fomentado procesos de transici¨®n en algunos pa¨ªses de Am¨¦rica Latina, basados en el realismo y en su propia experiencia. Pas¨® en Chile -en la Embajada de Espa?a se fragu¨® en parte la transici¨®n chilena-; ocurri¨® con Guatemala (donde sin embargo se sigue matando a gente, y no cabe hablar siquiera de transici¨®n) y con otros pa¨ªses en el llamado Proceso de Contadora. Espa?a no entr¨® ni dej¨® de entrar en cuestiones de amnist¨ªa o impunidad. Pero resulta dif¨ªcil de entender que, como Estado, por un lado avale unas transiciones y por otra persiga sus carencias. Pero quiz¨¢s el problema mayor, y el que importa, al cabo, es para los propios pa¨ªses afectados. No es seguro -la impresi¨®n vari¨® seg¨²n momentos, y sigue variando- que el caso Pinochet haya contribuido a la transici¨®n chilena hacia una democracia plena y no tutelada, aunque s¨ª a dejar por los suelos la imagen del exdictador.

El mundo ha cambiado de sistema, con el nacimiento de una globalizaci¨®n judicial que rompe esquemas anteriores. Pero a¨²n es un mundo ca¨®tico, sin reglas claras, por construir. Y en el torbellino, una instituci¨®n como la Audiencia Nacional se convierte en Audiencia Supernacional, cuando no estaba pensada para ello. Pero tambi¨¦n debe ser porque ahora nos creemos que somos los buenos, o al menos que podemos resolver entuertos ajenos presentes e incluso pasados, y que si no lo hacemos nosotros, nadie lo har¨¢.