Alperi suspende de empleo y sueldo al funcionario acusado de fraude

El concejal de Personal del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Alcalde, abri¨® ayer expediente disciplinario al funcionario Jos¨¦ Enrique R. T., adscrito al departamento de Servicios Sociales y sospechoso de cometer un presunto fraude con las ayudas sociales procedentes de las Prestaciones Econ¨®micas Regladas (PER), que concede la Consejer¨ªa de Bienestar Social y distribuye el Consistorio, dirigo por el alcalde Luis D¨ªaz Alperi. El expediente implica, como medida cautelar, la inmediata suspensi¨®n de empleo y sueldo para el trabajador p¨²blico, al menos hasta que la Fiscal¨ªa finalice la investigaci¨®n que ha puesto en marcha para determinar la comisi¨®n de delito.El expediente responde a la comisi¨®n de dos faltas graves: el pago de subvenciones a usuarios que no ten¨ªan derecho a ellas, y la variaci¨®n de los listados de beneficiarios de las ayudas. Seg¨²n Alcalde, el comportamiento presuntamente il¨ªcito del funcionario se ha prolongado a lo largo de los a?os, y ha causado un "grave da?o" a la Administraci¨®n. Fuentes municipales calculan que la cantidad global de las ayudas sociales desviadas a cuatro cuentas bancarias que el funcionario manejaba a su antojo podr¨ªa superar los 20 millones.

Control econ¨®mico

Adem¨¢s de las ayudas del PER, el funcionario se beneficiaba, seg¨²n el Ayuntamiento, de ayudas de emergencia dispuestas por la concejal¨ªa en la que trabajaba para atender casos urgentes, como accidentes en domicilios de familias sin recursos o asistencia a inmigrantes.

Desde 1987 y hasta 1994, el funcionario expedientado tuvo responsabilidad directa en los recursos econ¨®micos del departamento municipal de Servicios Sociales. Para desviar los fondos p¨²blicos hacia las cuentas bancarias que manejaba, activaba casos cerrados vali¨¦ndose de la informaci¨®n incluida en expedientes de ex beneficiarios de ayudas, como toxic¨®manos, transe¨²ntes o inmigrantes.

En 1995, el trabajador p¨²blico fue apartado del control econ¨®mico del departamento, pero mantuvo la instrucci¨®n de los expedientes que se tramitaban para distribuir ayudas sociales.

Su conocimiento de los tr¨¢mites administrativos, y un sistema inform¨¢tico municipal obsoleto, le facilitaron la labor de modificar los listados definitivos de beneficiarios de ayudas, de forma que el Ayuntamiento ingresaba peri¨®dicamente cantidades a cuatro cuentas abiertas en el Banco Central Hispano a nombre de supuestos usuarios del servicio, que ignoraban que su personalidad estaba siendo suplantada para cometer un fraude.

Los departamentos municipales de Servicios Sociales e Inform¨¢tica investigan ahora las operaciones fraudulentas consumadas. Se sabe, por el momento, que en el segundo semestre de 1997 el funcionario activ¨® dos ayudas. Al no ser descubierto, durante los ejercicios de 1998 y 1999 repiti¨® la operaci¨®n en numerosas ocasiones.