El Colegio de Interventores amenaza con llevar a los tribunales a Villalobos

Si la alcaldesa de M¨¢laga, Celia Villalobos, insiste en limitar a golpe de decreto las competencias del interventor de su Ayuntamiento, Carlos Claros, se ver¨¢ en los tribunales. As¨ª lo han advertido desde el Colegio Oficial de Secretarios e Interventores, cuyos responsables se reunieron ayer para tratar este y otros asuntos de distintos municipios que afectan al colectivo. "La ley deja claro que la contabilidad es una funci¨®n del interventor", dijo ayer el presidente del Colegio, Jes¨²s Gonz¨¢lez.

Los letrados del Colegio de Interventores ya tienen en marcha procesos similares en los tribunales. Es el caso, por ejemplo del Ayuntamiento de Algeciras, Jerez de la Frontera o las Diputaciones de C¨¢diz y Ja¨¦n. Adem¨¢s, este colectivo ya tiene precedentes en ganar sentencias como el pleito que mantuvieron contra el Ayuntamiento de Elche (Alicante).En lo que respecta a M¨¢laga, ayer dieron el primer aviso: "Estamos a la espera, si el decreto se dicta comenzaremos por utilizar la v¨ªa del recurso de reposici¨®n, hasta ver si la Administraci¨®n reconsidera su postura; de no ser as¨ª, la segunda v¨ªa ser¨¢ un recurso contencioso administrativo", advirti¨® el presidente de los interventores, Jes¨²s Gonz¨¢lez, que lo es del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid).

El colectivo asegura que esta intervenci¨®n no es una defensa corporativista, sino de las funciones del colectivo. "No sabemos ni queremos entrar en las razones que impulsan al Ayuntamiento de M¨¢laga a hacer esto, pero si consideran que este funcionario [Carlos Claros] no es eficiente que tomen las medidas oportunas, pero lo que no se puede es ir contra la ley, que es lo ¨²nico que nos queda".

Y creen que en el caso de M¨¢laga se est¨¢ vulnerando la ley que indica "claramente que la contabilidad es una competencia del interventor. As¨ª como en el caso de los organismos aut¨®nomos, la ley especifica que los interventores inspeccionar¨¢n la contabilidad. Esto lo dice la Intervenci¨®n del Estado, no nosotros", afirm¨® Gonz¨¢lez, tras una reuni¨®n ayer en Sevilla. El presidente de los interventores avisa a la alcaldesa Villalobos de que haga caso a su secretario que le est¨¢ diciendo c¨®mo son las cosas: "Si vamos a los tribunales no van a ganar. Esta se?ora [Villalobos] est¨¢ mal asesorada, porque hay un informe de una dependencia municipal, la del secretario, que en teor¨ªa es el que m¨¢s sabe, que indica que esa actuaci¨®n es contraria a la Ley de Haciendas Locales y a la Ley Reguladora de las Bases de Acci¨®n Local".

De momento, el colectivo de secretarios e interventores municipales est¨¢ a la espera de que Celia Villalobos promulgue el anunciado decreto en el que restar¨¢ competencias a Carlos Claros. La decisi¨®n iba a ser adoptada en el pleno municipal celebrado el pasado viernes, pero sorprendentemente, cuando el concejal de Econom¨ªa y Hacienda, Francisco Aguilar, defend¨ªa la propuesta, la alcaldesa cort¨® el debate para anunciar que ella asumir¨ªa todo el riesgo y que el recorte se realizar¨ªa por decreto suyo. Previamente, el secretario municipal hab¨ªa advertido de que el pleno no era competente para adoptar una decisi¨®n de tal calado.

El presidente de los interventores afirma que el caso de M¨¢laga no es el primero sino m¨¢s bien la gota que ha rebosado el vaso: "Esto es intrusismo, que es el problema fundamental que nos est¨¢ ocurriendo en varios sitios".

El Colegio ya tiene en marcha recursos contra el Ayuntamiento de Algeciras y Jerez de la Frontera, as¨ª como contra la Diputaci¨®n de C¨¢diz y parece que el mismo camino seguir¨¢n con la de Ja¨¦n. "Llevamos un a?o intentando que las plazas reservadas a los funcionarios de nuestro colectivo se convoquen, que no sean de libre designaci¨®n, y no las convocan". Dicen que estas tareas las est¨¢n desempe?ando personas, que si bien pueden ser eficientes en sus trabajos, no tienen la cualificaci¨®n espec¨ªfica para ello puesto que no han pasado una oposici¨®n que les habilite.

En estos casos, advierten, actuar¨¢n contra el alcalde y contra aquellos trabajadores que est¨¦n ejerciendo un empleo que no les corresponde.

La Ley de Bases de R¨¦gimen Local reserva las competencias de control y fiscalizaci¨®n interna exclusivamente a funcionarios con habilitaci¨®n de car¨¢cter nacional (interventores) y especifica en su art¨ªculo 92 si bien pueden ser encomendadas a miembros de la corporaci¨®n municipal o funcionarios sin habilitaci¨®n, s¨®lo "en aquellos supuestos excepcionales en que as¨ª se determine por la legislaci¨®n del Estado".