El TSJ proh¨ªbe al Consell registrar en un fichero la "ideolog¨ªa" de los representantes sindicales.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana emiti¨® ayer una sentencia que proh¨ªbe a la Generalitat registrar en un fichero inform¨¢tico datos relativos a la "ideolog¨ªa" de los representantes sindicales dentro y fuera de la Administraci¨®n. La sentencia considera que la pretensi¨®n de registrar la ideolog¨ªa entra?a "tanto un claro, indubitado, grave y directo ataque a la intimidad personal" como "una vulneraci¨®n esencial" de un derecho fundamental.

La Consejer¨ªa de Empleo emiti¨® una orden en abril de 1999 que pretend¨ªa registrar a todos los representantes sindicales de la Comunidad Valenciana en un fichero inform¨¢tico. Formalmente, la iniciativa persegu¨ªa agilizar "usos estad¨ªsticos y de control de la gesti¨®n, elaboraci¨®n de la representatividad de las elecciones sindicales, de sindicatos de trabajadores y funcionarios".La orden pretend¨ªa que los candidatos a representantes de los trabajadores en las elecciones sindicales aportaran una serie de datos gen¨¦ricos habituales y que consignaran, adem¨¢s, su "ideolog¨ªa" y el "sindicato" al que pertenec¨ªan.

La Federaci¨®n de Servicios P¨²blicos de la UGT del Pa¨ªs Valenciano recurri¨® la orden ante el TSJ y exigi¨® que se retiraran las menciones a la "ideolog¨ªa" y a la adscripci¨®n sindical de los candidatos. La Generalitat solicit¨® que se confirmara la redacci¨®n de la normativa mientras que el fiscal solicit¨® que se desestimara el recurso. Pero la Sala Tercera del Contencioso Administrativo del TSJ ha emitido un fallo tajante que "anula" la orden firmada por el ex consejero de Empleo Diego Such, "en el extremo relativo al dato de ideolog¨ªa, as¨ª como su exclusi¨®n de los ficheros informatizados en que se halla incluido", porque vulnera dos preceptos constitucionales. Sin embargo, invoca el "libre derecho de sindicaci¨®n" para desestimar la segunda exigencia de UGT.

La orden de la Consejer¨ªa de Empleo recoge toda una serie de garant¨ªas sobre el uso de los ficheros inform¨¢ticos. Pero la pretensi¨®n de registrar la "ideolog¨ªa en sentido amplio" de los candidatos a delegados sindicales entra?a, seg¨²n la sentencia del TSJ, "tanto un claro, indubitado, grave y directo ataque al derecho a la intimidad personal garantizado por el art¨ªculo 18.1 de la Constituci¨®n, como una vulneraci¨®n esencial del derecho fundamental precisado en el art¨ªculo 16.2, en el que se precept¨²a que nadie podr¨¢ ser obligado a declarar sobre su ideolog¨ªa, religi¨®n o creencias". La sentencia concluye que "se est¨¢ produciendo un ataque al derecho a la intimidad y a la libertad ideol¨®gica".

El tribunal desestima, sin embargo, la segunda parte del recurso de la FSP de UGT, que pretend¨ªa eliminar la menci¨®n a la adscripci¨®n sindical de los candidatos. La sentencia establece que "a¨²n cuando la pertenencia a una agrupaci¨®n o asociaci¨®n pol¨ªtica, o sindical, o cultural o religiosa determina y presupone de hecho una concreta ideolog¨ªa" que los candidatos "se ven obligados a declarar", el hecho de que "las circunstancias" se refieran precisamente a las elecciones sindicales "lleva impl¨ªcita la renuncia" de los aspirantes a representantes de los trabajadores a ocultar su pertenencia a un sindicato concreto.

As¨ª, el tribunal considera que la orden no vulnera "el derecho de libre sindicaci¨®n", que la FSP de UGT consideraba lesionado en su recurso.

La orden de la Consejer¨ªa de Empleo atribu¨ªa la custodia del fichero inform¨¢tico de representantes sindicales a la direcci¨®n general de Trabajo y preve¨ªa la cesi¨®n del registro informatizado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Agria pol¨¦mica

La publicaci¨®n de la orden gener¨® una agria pol¨¦mica pol¨ªtica. La oposici¨®n parlamentaria denunci¨® la agresi¨®n a la intimidad de las personas y la oculta intenci¨®n de la Generalitat de disponer de datos sobre los funcionarios desafectos al color pol¨ªtico del Consell para coartar la libertad de acci¨®n sindical.

La iniciativa de la Consejer¨ªa de Empleo ven¨ªa avalada por un decreto previo, elaborado por el entonces subsecretario para la Modernizaci¨®n de las Administraciones P¨²blicas, Jos¨¦ Emilio Cervera, sobre el tratamiento informatizado de datos personales. La Consejer¨ªa de Econom¨ªa y Hacienda fue la primera que aprovech¨® la iniciativa para registrar a todo el personal al servicio de la Generalitat Valenciana.

El propio Cervera se apresur¨® a aplicar su propio decreto en la Consejer¨ªa de Sanidad, que ocupa en la actualidad, y en diciembre del a?o pasado decidi¨® reunir en un ¨²nico registro de soporte inform¨¢tico datos cl¨ªnicos especialmente sensibles recogidos hasta entonces en una treintena de archivos dispersos.