La Generalitat y el Gobierno se acusan de falta de vigilancia en los juzgados

La falta de vigilancia policial en los juzgados denunciada en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a se convirti¨® ayer en objeto de acusaciones cruzadas entre los gobiernos central y auton¨®mico. N¨²ria de Gispert, consejera de Justicia, acus¨® directamente a la delegada del Gobierno, Julia Garc¨ªa-Valdecasas, de ser la responsable de la falta de seguridad en los juzgados al haber retirado sin previo aviso la vigilancia policial.Un portavoz de la Delegaci¨®n del Gobierno respondi¨® de inmediato que las afirmaciones de la consejera eran falsas, que el aviso se hab¨ªa producido con antelaci¨®n suficiente y que, adem¨¢s, los edificios judiciales pertenecen al Gobierno catal¨¢n y su protecci¨®n es, por consiguiente, de su exclusiva incumbencia.

La Delegaci¨®n del Gobierno resalt¨® que los edificios judiciales "son edificios p¨²blicos de la Generalitat" y a?adi¨®: "Tanto el Estatuto como la Ley de Polic¨ªa de la Generalitat de 1994 se?alan que la vigilancia de edificios p¨²blicos de la Generalitat corresponde a los Mossos d'Esquadra. Si se quieren habilitar otros m¨¦todos que no sean [la vigilancia de] los Mossos, es una cuesti¨®n suya". La custodia de edificios y el traslado de presos, afirm¨® el portavoz, suponen un gasto de 800 millones de pesetas que no asume la Generalitat. De Gispert asegur¨® que la protecci¨®n policial hab¨ªa sido retirada tras un aviso que se produjo 48 horas antes y que la Delegaci¨®n de Gobierno hab¨ªa aducido para ello una falta de efectivos y la necesidad de destinar a los disponibles a otros menesteres.

De Gispert explic¨® que la presencia de la polic¨ªa en los edificios judiciales se ha ido reduciendo progresivamente en los ¨²ltimos tres o cuatro a?os. Para paliarlo, dijo la consejera, se ha recurrido temporalmente a guardias privados de seguridad.

La memoria se?ala: "Mayores problemas han surgido en 1999 en materia de seguridad de personas y edificios judiciales. Partidos judiciales como los de L'Hospitalet, Sant Feliu de Llobregat y la nueva sede de los juzgados de familia de Barcelona han presentado serias reclamaciones por la falta absoluta de medios oficiales de protecci¨®n".