El juez Armengol solicita el amparo del Poder Judicial
La fiscal jefe de Bilbao, ?ngeles Montes, ha solicitado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco (TSJPV) que "incoe diligencias de investigaci¨®n" para depurar las responsabilidades disciplinarias que procedan entre los magistrados del caso Brouard, Ana Iracheta, Antonio Gim¨¦nez y Olatz Aizpurua, por si hubieran revelado a Juli¨¢n Sancrist¨®bal, procesado en el caso, datos conocidos en el ejercicio del cargo.
Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, juez instructor del caso Brouard, solicit¨® ayer amparo al Consejo General del Poder Judicial "por entender inquietada o perturbada" su independencia en la instrucci¨®n del citado proceso.El magistrado se?ala en su escrito que con posterioridad al oto?o de 1998 comenz¨® a "engendrarse un ambiente de inquietud y tensi¨®n conforme la investigaci¨®n deparaba datos incriminatorios contra personas vinculadas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y destacados dirigentes del Ministerio del Interior de etapas anteriores".
El escrito denuncia una campa?a del diario El Mundo para exonerar de responsabilidad criminal al procesado Juli¨¢n Sancrist¨®bal y "pretendiendo incardinar en la preparaci¨®n de los hechos [el asesinato de Brouard] a antiguos responsables del Ministerio del Interior bajo mandato socialista".
El juez relata tambi¨¦n llamadas telef¨®nicas amenazantes de las que han sido objeto su esposa, tambi¨¦n magistrada, y sus hijos.
El escrito califica de "campa?a de atosigamiento" la informaci¨®n publicada por El Mundo el pasado 5 de abril, en el que la ex esposa de un conocido abogado de Madrid, presa por haber intentado matarle, declaraba que la instrucci¨®n del caso hab¨ªa sido un montaje orquestado en reuniones en el que habr¨ªa participado el juez en el domicilio del letrado.
La Fiscal¨ªa vasca pide investigar a todo el tribunal del 'caso Brouard'
La fiscal relata que la Secci¨®n primera de la Audiencia de Bilbao era el tribunal encargado de resolver los recursos de apelaci¨®n del caso Brouard, y que el procesado Juli¨¢n Sancrist¨®bal, ex gobernador civil de Vizcaya y ex director de la Seguridad del Estado, que se encontraba en prisi¨®n preventiva por su presunta intervenci¨®n en el crimen del ex dirigente de HB Santiago Brouard, solicit¨® y obtuvo el 1 de diciembre de 1999 una fianza por importe de 10 millones de pesetas con la que eludi¨® la prisi¨®n, un d¨ªa antes de que el tribunal se reuniese y acordase su imposici¨®n. Sancrist¨®bal, que fue alcalde de la localidad vizca¨ªna de Ermua, est¨¢ declarado insolvente en el mencionado proceso.Por ello, la fiscal jefe considera que si la fianza fue gestionada con anterioridad a que fuera impuesta quiere decir que los magistrados realizaron una "deliberaci¨®n previa" en la que se acord¨® la fianza de 10 millones para Sancrist¨®bal y que ese "acuerdo" anterior al 2 de diciembre, fecha de la vista de la apelaci¨®n, lleg¨® a conocimiento de Sancrist¨®bal o su entorno, que lo supieron por alg¨²n funcionario de la Secci¨®n Primera de la Audiencia Provincial de Bilbao.
La fiscal considera que los hechos pueden ser constitutivos de una falta grave prevista en el art¨ªculo 418.7 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial que establece: "Falta grave: revelar hechos o datos por el Juez o Magistrado, conocidos en el ejercicio de sus funciones o con ocasi¨®n de ¨¦ste, cuando no constituyese falta muy grave del apartado 12 del art¨ªculo 417 de esta Ley".
Adem¨¢s, la fiscal jefe ?ngeles Montes ha instado a la magistrada Ana Iracheta, que es a la vez presidenta de la Audiencia Provincial de Bilbao, y de la Sala de Gobierno de Tribunal Superior del Pa¨ªs Vasco, a que se abstenga en la "deliberaci¨®n y votaci¨®n" de la petici¨®n de investigaci¨®n en la Sala de Gobierno, debido a que, como presidente de la Secci¨®n Primera de la Audiencia de Bilbao, presidi¨® la vista de apelaci¨®n en la que se decidi¨® la fianza de Sancrist¨®bal, y por tanto, es una de las personas afectadas.
La fiscal ya remiti¨® un escrito a la Sala de Gobierno del TSJPV el pasado 10 de febrero, en el que informaba de los hechos, pero el 1 de marzo el ¨®rgano de Gobierno decidi¨® "limitarse a tomar conocimiento de lo comunicado y abstenerse de resolver al respecto". En aquel momento la Sala de Gobierno indicaba que el escrito de la fiscal no solicitaba nada expl¨ªcitamente sobre extremos concretos.
Ahora ya no hay escapatoria: la fiscal jefe pide la apertura de una investigaci¨®n y solicita que se tome declaraci¨®n a los magistrados Ana Iracheta, Antonio Gim¨¦nez y Olatz Aizpurua, integrantes del tribunal; a Soledad Gonz¨¢lez, secretaria de la sala; a la fiscal del caso Brouard, Paloma Abad; al propio Juli¨¢n Sancrist¨®bal; a su abogado, Jos¨¦ Luis S¨¢daba; a la apoderada del BBV Candelas Lombra?a y al abogado de la acusaci¨®n Jos¨¦ Mar¨ªa Montero.
Igualmente solicita a la sucursal del BBV de la calle de Marqu¨¦s de Valdespina, 9, de Ermua (Vizcaya) para que aporte toda la documentaci¨®n relativa al aval de 10 millones concedido a Sancrist¨®bal. Pide tambi¨¦n al Registro Especial de Garant¨ªas que informe sobre la fecha en la que tuvo entrada para su registro el citado aval.
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