Cardenal obliga a Anticorrupci¨®n a ceder dos asuntos a otras fiscal¨ªas

La Junta de Fiscales de Sala, que integra la c¨²pula de la carrera fiscal, respald¨® ayer la decisi¨®n del fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, para que la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se abstenga de intervenir en dos asuntos que deben ser investigados por otras fiscal¨ªas. El fiscal Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, esgrimi¨® el art¨ªculo 27 del Estatuto al considerar improcedentes las ¨®rdenes de Cardenal, pero 13 de los 15 integrantes de la Junta votaron en su contra y respaldaron al fiscal del Estado.

La Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, organismo asesor del fiscal general del Estado integrado por la c¨²pula de la carrera fiscal, respald¨® ayer la decisi¨®n de Jes¨²s Cardenal para que Anticorrupci¨®n se abstenga de intervenir en un proyecto de querella contra la exjuez decana de Marbella Pilar Ram¨ªrez por supuestos delitos de prevaricaci¨®n y detenci¨®n ilegal relacionados con el asunto de Milauto-Marbella, una sociedad de compraventa de autom¨®viles en la que eran socios el padre, el hermano de la magistrada y el presunto mafioso Gianni Menino. Este caso fue uno de los 16 asuntos por los que la ex juez fue denunciada por incumplir su deber de abstenerse. En relaci¨®n con esa causa, la juez decret¨® la prisi¨®n de unos detenidos por venta de coches robados supuestamente a sabiendas de que se les segu¨ªa un procedimiento por los mismos hechos en otro juzgado.La Fiscal¨ªa del Estado determin¨® que la querella debe estudiarla la Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, a lo que Anticorrupci¨®n objet¨® la complejidad de la causa y la gravedad de los hechos atribuidos a una juez recientemente expulsada de la carrera.

Investigaci¨®n a jueces

El otro asunto fue la investigaci¨®n de un supuesto delito de prevaricaci¨®n, atribuido a los magistrados de la Secci¨®n Cuarta de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de Barcelona, por no exigir la fianza que establece la ley a los recurrentes en procedimientos de ejecuci¨®n de la Agencia Tributaria. El caso fue remitido a Anticorrupci¨®n por el Servicio de Inspecci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, al estimar que los magistrados podr¨ªan haber incurrido en delito al no haber exigido fianzas a los recurrentes, con lo que el Estado result¨® perjudicado al dejar de recaudar millones de pesetas por ese concepto.

Cardenal decidi¨® que esa investigaci¨®n era del ¨¢mbito de la Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo y no de Anticorrupci¨®n.

En ambos casos, el fiscal jefe Anticorrupci¨®n, Carlos Jim¨¦nez Villarejo, opuso frente a la decisi¨®n de Cardenal el art¨ªculo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal, que establece que la Junta de Fiscales de Sala ser¨¢ o¨ªda cuando una orden del fiscal del Estado sea considerada improcedente o contraria a las leyes.

Seg¨²n fuentes fiscales, 13 de los 15 fiscales de Sala del Tribunal Supremo, entre ellos Cardenal, respaldaron la decisi¨®n de que Anticorrupci¨®n deje de actuar en ambos procesos. Jim¨¦nez Villarejo s¨®lo fue apoyado por el fiscal jefe de la Inspecci¨®n, Juan Jos¨¦ Mart¨ªnez Zato.

Por otra parte, a las diez y media de esta ma?ana dar¨¢ comienzo el Consejo Fiscal reclamado por la Uni¨®n Progresista de Fiscales y la Asociaci¨®n de Fiscales y el Inspector Fiscal para examinar el relevo del fiscal encargado del caso Ercros, Bartolom¨¦ Vargas, cuando iba a pedir al Tribunal Supremo la inculpaci¨®n del ministro Josep Piqu¨¦ en un supuesto delito de alzamiento de bienes.

El fiscal del Estado rechaz¨® el dictamen de Vargas y, tras intentar en vano que este fiscal lo cambiase, le relev¨® del caso e inst¨® al fiscal jefe de la Sala Penal, Jos¨¦ Aranda, a que presentase un dictamen totalmente opuesto a la competencia del Tribunal Supremo. El portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Adri¨¢n Salazar, anticip¨® que su asociaci¨®n volver¨¢ a pedir la dimisi¨®n de Cardenal si no les convencen las razones que exponga ante el Consejo.