La fiscal¨ªa apoya refundir las penas a Ismael Miquel, miembro del GAL
La fiscal¨ªa del Tribunal Supremo se ha sumado a la petici¨®n realizada por la defensa del miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberaci¨®n (GAL) Ismael Miquel Guti¨¦rrez para que se refundan las dos penas de c¨¢rcel a las que ha sido condenado: primero en Tailandia (40 a?os por narcotr¨¢fico), y despu¨¦s en Espa?a, 45 a?os por el asesinato del franc¨¦s Robert Caplanne en 1985. Si la Sala Segunda del Tribunal Supremo admite el recurso de casaci¨®n, el mercenario de los GAL, que lleva en prisi¨®n casi 14 a?os, podr¨ªa conseguir en pocos a?os el tercer grado (que permite ir a dormir a casa), y en cinco la libertad. La Audiencia Nacional rechaz¨® la refundici¨®n porque las sentencias las dictaron tribunales de diferentes pa¨ªses y por delitos de diferente naturaleza que no pueden juzgarse conjuntamente.
Ismael Miquel se convirti¨® en mayo de 1999 en el primer ciudadano condenado en Espa?a por "militancia" en el "grupo armado" de los GAL. Su comando asesin¨® en Francia el 14 de diciembre de 1985 a Caplanne al confundirlo con el miembro de ETA Enrique Errazti Villar. La Audiencia Nacional le conden¨® a un total de 45 a?os de c¨¢rcel. En la resoluci¨®n, la Audiencia lamentaba que este caso se volv¨ªa "a cerrar en falso" porque no hab¨ªan conseguido identificar a las "autoridades" del Ministerio del Interior que ordenaron el crimen y estaban en la c¨²pula de los GAL. Miquel no recurri¨® la sentencia, y su abogado pidi¨® en noviembre la refundici¨®n de las penas.
La primera condena contra el mercenario y confidente policial fue dictada en Tailandia, donde Miquel fue arrestado por tenencia de 705 gramos de hero¨ªna pura el 2 de abril de 1986. El mercenario de los GAL estuvo en prisiones tailandesas, "ininterrumpidamente encadenado" seg¨²n su abogado, hasta el 18 de enero de 1997, cuando fue trasladado a Espa?a para ser juzgado por el asesinato de Caplanne.
El fiscal Antonio del Moral basa su apoyo a la petici¨®n de la defensa en la acumulaci¨®n de penas a un m¨¢ximo de 30 a?os en una interpretaci¨®n "flexible y generosa" del principio constitucional favorable a la resocializaci¨®n del reo. La acusaci¨®n cree que no hay conexi¨®n posible entre los hechos juzgados en Espa?a y Tailandia y que su diferente naturaleza hubiese imposibilitado un juicio conjunto.
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