?Ratif¨ªquenlo!

Ser¨ªa un buen gesto que una de las primeras decisiones del nuevo Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar fuera enviar finalmente al Parlamento el Estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), firmado en Roma en julio de 1998, para su r¨¢pida ratificaci¨®n. Se recoger¨ªa as¨ª el amplio consenso que al respecto se dio en la anterior legislatura, que se plasm¨® en una resoluci¨®n en junio de 1998, y en la reuni¨®n de diciembre pasado de los portavoces de los grupos para ser informados de los problemas que plantea la ratificaci¨®n.

Problemas, haylos. Se han puesto de manifiesto dos principales: la posible incompatibilidad del Estatuto con la irresponsabilidad constitucional del jefe del Estado, el Rey, y con la inmunidad de los parlamentarios. El Consejo de Estado ya se pronunci¨® hace meses en un dictamen, no hecho p¨²blico, en el sentido de que no ser¨ªa necesario reformar la Constituci¨®n para asumir los compromisos del TPI. Bastar¨ªa una soluci¨®n por la v¨ªa interpretativa, dado que los actos pol¨ªticos del Rey siempre van refrendados por el Consejo de Ministros, por lo que la responsabilidad pol¨ªtica es el del Gobierno. En cuanto a la inmunidad de los parlamentarios, siguen siendo las C¨¢maras las que han de votarlo, de acuerdo, sin duda, con la obligaci¨®n del Estado -todos sus poderes-, contenida en el Estatuto, de colaborar con el Tribunal Penal Internacional. Aunque no todos los juristas -ni algunos magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional (el juez Garz¨®n en su d¨ªa, el fiscal Santos ahora)- coinciden en esta apreciaci¨®n, no parece necesario ni conveniente una modificaci¨®n de la Constituci¨®n que acarrear¨ªa un refer¨¦ndum y disoluci¨®n de las Cortes, lo que complicar¨ªa sobremanera la ratificaci¨®n, y casi la imposibilitar¨ªa. Tambi¨¦n se pueden plantear otros problemas con las condenas a perpetuidad, y la extradici¨®n y entrega de nacionales espa?oles al TPI.

Otros pa¨ªses con reticencias similares las han superado de maneras diversas: Noruega, tambi¨¦n una monarqu¨ªa, en el sentido antes apuntado para Espa?a; Francia ha constitucionalizado el texto de Roma al introducir en su Constituci¨®n un reconocimiento de la competencia del TPI. La punta de lanza francesa es importante, pues es el primer pa¨ªs miembro permanente del Consejo de Seguridad que ha ratificado el Estatuto (s¨®lo falta la firma del presidente de la Rep¨²blica) y llevaba a?os a la gre?a con el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por las pruebas nucleares francesas en el Pac¨ªfico. Italia tambi¨¦n se adelant¨®. As¨ª, con tales retrasos, Espa?a ha dejado pasar una oportunidad de marcar terreno, especialmente de cara a Am¨¦rica Latina. Ser¨ªa positivo que los pa¨ªses de la UE marcasen el rumbo y presionasen por las ratificaciones para que este Tribunal vea la luz. Ser¨ªa tambi¨¦n importante que algunos de los pa¨ªses grandes e influyentes en cada continente siguieran este impulso ratificador. Argentina y Chile est¨¢n avanzados. En ?frica, la Rep¨²blica Surafricana tambi¨¦n. Pero entre los pa¨ªses ¨¢rabes, s¨®lo Jordania ha suscrito el texto.

Los trabajos preparatorios avanzan. En junio deber¨ªan aprobarse dos reglamentos necesarios para el funcionamiento del Tribunal: los Elementos de los cr¨ªmenes, una gu¨ªa detallada de las cuatro categor¨ªas -genocidio, crimen de lesa humanidad, crimen de guerra, y, en proceso de definici¨®n posterior, crimen de agresi¨®n- y hasta 70 formas de cr¨ªmenes; y otro sobre reglas y procedimientos. Hasta ahora han firmado 95 Estados, pero s¨®lo 8 han ratificado este acuerdo, que requiere 60 ratificaciones para entrar en vigor. Este bajo n¨²mero de ratificaciones no significa un par¨®n. Juan Antonio Y¨¢?ez, jefe de la delegaci¨®n espa?ola en los trabajos de la Comisi¨®n Preparatoria del TPI, prev¨¦ que en 2000 pueden haber ratificado de 15 a 20 Estados, y otros tantos -entre ellos todos los occidentales salvo el mayor, EE UU, que no suscribi¨® el Estatuto en Roma- en el curso del a?o siguiente. Luego habr¨ªa que hacer presi¨®n para llegar a la cifra de 60 para que el Estatuto entrara en vigor en 2002 o 2003. Si el TPI ve la luz, se habr¨¢ dado un paso de gigante hacia una globalizaci¨®n judicial ordenada.