El Consell echa una mano

El Ayuntamiento de Benidorm parece haber encontrado el cuerno de la abundancia con el auge de la construcci¨®n, que se presenta como la gran oportunidad para superar definitivamente la crisis financiera de las arcas municipales y garantizar abundantes recursos para dotaciones p¨²blicas. No sin la oposici¨®n de las empresas urbanizadoras, el equipo de gobierno acaba de instaurar, con car¨¢cter general y obligatorio, el pago de 10.000 pesetas a la hacienda p¨²blica local por metro cuadrado de vivienda construida.No se trata de un impuesto, tasa o gravamen de nuevo cu?o, sino de una f¨®rmula ideada para evitar que la iniciativa privada se beneficie de las infraestructuras que asume la Generalitat cuando, seg¨²n el planeamiento urban¨ªstico, se trata de una inversi¨®n que deb¨ªan afrontar quienes se enriquecen con el desarrollo del suelo.

El concejal de Urbanismo, Antonio Botella, reconoce que la medida puede resultar dif¨ªcil de comprender, pero la cree de justicia. Seg¨²n la normativa en vigor, el desarrollo de millones de metros cuadrados para levantar bloques de apartamentos exig¨ªa compensaciones de la empresa privada a la ciudad, para dotar un vial estructurante cuya construcci¨®n requer¨ªa una inversi¨®n superior a los 2.000 millones de pesetas, plantas depuradoras, colectores, parques y jardines, plazas, nuevos accesos, desdoblamiento de carreteras y otras dotaciones p¨²blicas. Como quiera que esas obras han sido asumidas, ¨ªntegras, por la Generalitat, el Ayuntamiento ha decidido no dejar escapar el dinero, y traduce en ingreso l¨ªquido por unidad residencial lo que las empresas deb¨ªan invertir en obra.

De esta forma, si la ejecuci¨®n de un plan parcial se compensaba con obra p¨²blica por valor de 500 millones de pesetas, por ejemplo, el Ayuntamiento benidorm¨ª ingresar¨¢ en met¨¢lico una cantidad id¨¦ntica, ya que las infraestructuras se sufragan por cuenta de las arcas auton¨®micas.

Por esta v¨ªa, el Consistorio calcula una recaudaci¨®n de 10.000 millones de pesetas en los pr¨®ximos cuatro a?os, una cifra que se aproxima al total de la deuda municipal. "No es un gravamen, porque las urbanizadoras ya tienen prevista esa inversi¨®n cuando optan a un plan de desarrollo urban¨ªstico" en el municipio, se?ala el edil Antonio Botella. "Lo que ocurre es que la Generalitat Valenciana ejecuta esas obras, y el Ayuntamiento no liberar¨¢ a las empresas de esas cargas, que destinaremos a ejecutar otras obras".