Colza: dinero a la vista

EL LARGO proceso judicial del llamado caso de la colza, desde que en 1981 se produjo el envenenamiento masivo hasta que en 1998 el Supremo convirti¨® en firmes las condenas, tiene como ep¨ªlogo la ejecuci¨®n de las sentencias, especialmente lenta y compleja en lo que se refiere a la indemnizaci¨®n a las m¨¢s de 20.000 v¨ªctimas reconocidas judicialmente, a las que el Estado tiene que pagar medio bill¨®n de pesetas. Las expectativas de dinero seguro, junto a la tard¨ªa pero cierta reparaci¨®n a los afectados, han desencadenado entre algunos desaprensivos abogados u oportunistas intermediarios una ambici¨®n desbocada que a?ade a los sufrimientos de los damnificados el de ser, finalmente, v¨ªctimas de sus propios defensores.No hay duda de que los letrados defensores, en especial los que trabajaron desde el primer e incierto momento de las reclamaciones, las pruebas y los incesantes recursos, tienen derecho a sus honorarios. Lo que ya no resulta tan claro, y de ah¨ª que haya sido objeto de denuncias sobre las que tendr¨¢n que decidir los jueces, es que abogados que ya percibieron sus honorarios, bien de los afectados o de entidades como la Organizaci¨®n de Consumidores y Usuarios, aprovechen ahora la llegada del dinero estatal para embolsarse unos porcentajes suculentos. Cuando quienes reclaman esos porcentajes son reci¨¦n llegados al proceso, cuyo trabajo es ya m¨¢s de contables que de juristas, el aprovechamiento resulta m¨¢s hiriente. Y no vale que alguno de ellos declare imp¨²dicamente que los afectados a los que ha pedido el 3% de las indemnizaciones que les corresponden "est¨¢n dispuestos a pagar". No es extra?o que, tras 19 a?os de tribulaciones y desesperanza, las v¨ªctimas de aquel espantoso suceso traguen tambi¨¦n con pagar lo que les pidan a cambio de obtener alguna reparaci¨®n para lo mucho que se les debe.

Al margen de las decisiones que a los jueces corresponden respecto a las denuncias de extorsi¨®n, apropiaci¨®n indebida o estafa, ser¨ªa de rigor que los colegios de abogados, y en su caso el Consejo de la Abogac¨ªa, tomaran cartas en el asunto y pusieran orden y deontolog¨ªa frente a esa suerte de arrebatacapas en el que se han convertido algunos de sus profesionales.