El juez afirma que el Ayuntamiento puede ser responsable civil por el crimen de la Villa Ol¨ªmpica
El magistrado Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a, encargado de tramitar el sumario por la muerte de Carlos Javier Robledo, de 22 a?os, a consecuencia de una brutal paliza ocurrida en la Villa Ol¨ªmpica el pasado 1 de abril, considera que el Ayuntamiento de Barcelona podr¨ªa ser responsable civil subsidiario de los hechos. Por ese motivo, el juez ha exigido al consistorio una fianza de un mill¨®n de pesetas antes de decidir si acepta a la Administraci¨®n municipal como acusaci¨®n particular y pide a la Guardia Urbana que informe sobre el dispositivo que hab¨ªa en la zona aquel d¨ªa.
Los servicios jur¨ªdicos del Ayuntamiento de Barcelona ya solicitaron a los pocos d¨ªas de ocurrir los hechos que el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 14 de Barcelona les permitiera ejercer la acusaci¨®n particular pero el juez se lo neg¨® en un auto dictado el 15 de abril y le exigi¨® un mill¨®n de pesetas de fianza y que indicara a cargo de qu¨¦ partida presupuestaria proced¨ªa el dinero. Esa resoluci¨®n fue recurrida por el consistorio y ahora el juez no s¨®lo ha vuelto a insistir en su razonamiento sino que en un nuevo auto dictado ayer Fern¨¢ndez Oubi?a advierte que el Ayuntamiento pudiera ser declarado al final de este proceso responsable civil subsidiario al entender que los hechos sucedieron "en una zona -el Puerto Ol¨ªmpico- en la que la seguridad est¨¢ tutelada por el consistorio".El magistrado precisa, en este sentido, que la Guardia Urbana de Barcelona no lleg¨® a "tomar parte activa en el intento de controlar la grave situaci¨®n de ruptura social que se hab¨ªa producido, en buena parte, por el claro incumplimiento de las normas que para la convivencia vecinal dicta el propio municipio". Esa circunstancia, explica el juez, "bien podr¨ªa significar" para el Ayuntamiento "alguna suerte de responsabilidad civil subsidiaria". Si as¨ª ocurriera, opina el magistrado, el hecho de depositar la fianza "facilitar¨ªa la materializaci¨®n de dicha responsabilidad si, en definitiva, as¨ª se acordara".
En sinton¨ªa con los argumentos del juez la asociaci¨®n de vecinos de la Villa Ol¨ªmpica hab¨ªa venido reclamando desde antes de que ocurrieran los hechos un mayor control del Ayuntamiento en el cumplimiento de horarios en los locales de la zona. Sin embargo, hasta que se produjo esa muerte las administraciones local y auton¨®mica, as¨ª como la Delegaci¨®n del Gobierno, no coordinaron una actuaci¨®n conjunta en la zona. A consecuencia de esa actuaci¨®n 80 locales acabaron expedientados por la Administraci¨®n tras un fin de semana en el que la polic¨ªa tom¨® por la noche el Puerto Ol¨ªmpico.
La misma resoluci¨®n dictada ayer por el magistrado Adolfo Fern¨¢ndez Oubi?a solicita al consistorio que le detalle la hora de apertura y cierre de la discoteca Black Fire situada en el Puerto Ol¨ªmpico y en cuyas inmediaciones se produjo la muerte de Robledo. La decisi¨®n del juez razona en otro apartado que la cuantificaci¨®n de la fianza en un mill¨®n de pesetas "no se aleja del justo l¨ªmite que prev¨¦ la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial en el aspecto mesurable", as¨ª como tampoco el reclamo de solicitar la procedencia de la partida presupuestaria. "No va m¨¢s all¨¢ del deseo de conocer su concreto car¨¢cter p¨²blico o privado, ya que en un principio parece que van a dedicarse a un objetivo de este ¨²ltimo tipo", precisa el juez, "dada la aparente ausencia de un leg¨ªtimo inter¨¦s procesal en el organismo que de ellos dispone", en alusi¨®n al consistorio.
Silencio del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Barcelona declin¨® ayer realizar ning¨²n comentario sobre la decisi¨®n judicial porque no se les hab¨ªa notificado. Pese a ello, un portavoz oficial asegur¨® que si es cierto que se desestima la petici¨®n del consistorio de ejercer la acusaci¨®n particular en el proceso, se agotar¨¢n todos los recursos judiciales posibles para lograrlo. Por el contrario, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, municipio en el que resid¨ªa la v¨ªctima, ha sido aceptado en el proceso desde el primer momento como acusaci¨®n particular y ha contratado los servicios jur¨ªdicos del despacho formado por Josep Rofes y Ferm¨ªn Morales.
Los 10 acusados por el caso que permanecen en prisi¨®n empezar¨¢n a pasar a partir de hoy por el juzgado para que se les notifique personalmente el auto de procesamiento dictado la semana pasada por el magistrado en el que les acusaba de un delito de asesinato, de otros dos asesinatos en grado de tentativa y de tres robos. Del mismo modo, el juez aprovechar¨¢ el encarcelamiento de los j¨®venes para practicar una rueda de reconocimiento en la que participar¨¢n los dos amigos que acompa?aban a Robledo la noche en que se produjeron los hechos y que pudieron huir tras sufrir varias contusiones.
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