El n¨²mero de reclusos tratados con metadona en prisi¨®n se ha disparado hasta 16.000 al a?o El PSOE lamenta que se dejen fuera los programas alternativos a la c¨¢rcel para drogadictos

Una reciente sentencia del Supremo pide que se exima de la c¨¢rcel a un drogadicto si se desintoxica en un centro de rehabilitaci¨®n. El C¨®digo Penal de 1995 abri¨® la puerta a esta posibilidad, pero su aplicaci¨®n no es tan extensa como se previ¨®: un estudio evalu¨® que 7.000 reclusos se beneficiar¨ªan de ello cada a?o, pero s¨®lo lo hacen apenas un millar. A cambio, se ha disparado el n¨²mero de reclusos tratados con metadona tras las rejas: m¨¢s de 16.000 al a?o. Esto significa, seg¨²n el PSOE, que se abandonan los programas alternativos a la prisi¨®n a favor de los tratamientos carcelarios.

Un estudio del Grupo Interdisciplinar sobre Drogas para el Plan Nacional sobre Drogas pronostic¨® en 1995 que las modificaciones legales contenidas en el nuevo c¨®digo afectar¨ªan a 7.000 personas, que podr¨ªan acogerse cada a?o a programas alternativos a la prisi¨®n. Los datos de la memoria del plan relativos a 1998 hablan s¨®lo de 801 personas, si bien advierte de que se infravalora la realidad.Para el senador socialista Octavio Granado, "es evidente que hay un claro sesgo pol¨ªtico, que se est¨¢n dejando fuera los programas alternativos a la prisi¨®n" y favoreciendo los tratamientos dentro. De hecho, los programas de metadona en las c¨¢rceles se han disparado. En 1995 eran tratados con este opi¨¢ceo sint¨¦tico 2.041 reclusos. Tres a?os m¨¢s tarde, seg¨²n el dato oficial del Observatorio Espa?ol sobre Drogas, ya eran 16.283. "La metadona no est¨¢ mal", explica Granado. "Lo que critico es que se use haciendo retroceder otras pol¨ªticas, como los programas libres de drogas. La metadona, yo lo comprendo, es una forma de mantener a la poblaci¨®n reclusa calmada, pero no puede ser la ¨²nica alternativa".

En el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio del Interior, alegan que las c¨¢rceles no se limitan a dispensar la metadona, sino que ofrecen un programa completo, con apoyo psicol¨®gico y sanitario. De hecho, seg¨²n datos de Instituciones Penitenciarias, el presupuesto de la atenci¨®n sanitaria dentro de las c¨¢rceles se eleva a 11.000 millones de pesetas anuales. Una gran parte del dinero se va en f¨¢rmacos contra el sida -3.000 millones-, pero la mayor partida es para personal sanitario.

En todo caso, los estamentos oficiales tambi¨¦n creen que se recurre poco a los programas alternativos a la c¨¢rcel. "Una de las principales dificultades en la aplicaci¨®n de estas medidas", dice la memoria citada, "estriba en el hecho de que en la aplicaci¨®n de ¨¦stas confluyen dos sistemas, el judicial y el sistema sociosanitario, con dos concepciones claramente diferenciadas de la forma en la que conviene actuar".

Granado cree que el problema es que el juez quiz¨¢ no tiene suficiente informaci¨®n sobre los centros a los que puede enviar a un delincuente drogadicto, mientras que s¨ª conoce en mayor profundidad la instituci¨®n penitenciaria. Gonzalo Robles, delegado del Gobierno para el Plan sobre Drogas, tambi¨¦n ha lamentado en ocasiones que los jueces sean tan reacios a recurrir a estas medidas.

Otra cuesti¨®n que critica el PSOE es que se est¨¦n recortando los programas de atenci¨®n a delincuentes toxic¨®manos en comisar¨ªas y juzgados -11.578 casos en 1995; 4.846 en 1998-. "Estos programas de atenci¨®n son esenciales para que el reo pueda demostrar que cuando delinqui¨® era toxic¨®mano, porque s¨®lo demostrando tal cosa pueden beneficiarse de eximentes o atenuantes", explica el senador Granado.