Prisi¨®n debida

La audiencia Nacional no ha esperado a que el Tribunal Supremo diga la ¨²ltima palabra sobre el caso Lasa-Zabala para ordenar el ingreso en prisi¨®n de los condenados. El general Enrique Rodr¨ªguez Galindo y el teniente coronel ?ngel Vaquero ingresaron ayer en la prisi¨®n militar de Alcal¨¢ de Henares, mientras que el ex gobernador de Guip¨²zcoa Julen Elgorriaga hizo lo propio en la de Alcal¨¢-Meco. Unen as¨ª su suerte a la de los otros dos condenados -los ex guardias civiles Enrique Villalobos y Felipe Bayo- que cumplen prisi¨®n preventiva desde el inicio de la investigaci¨®n judicial, hace ahora cuatro a?os.Con condenas tan fuertes como las impuestas en el caso Lasa-Zabala -entre 69 y 71 a?os-, acordes, por otra parte, con la gravedad de los hechos declarados probados en el juicio, era improbable que la Audiencia Nacional adoptara una decisi¨®n distinta. En este caso, la prisi¨®n preventiva acordada no responde a meros indicios de delito, sino a una sentencia que, aunque no sea firme por estar pendiente de recurso, impone graves penas por delitos que el C¨®digo Penal reputa de los m¨¢s aborrecibles, como la detenci¨®n ilegal y el asesinato de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado. La prisi¨®n del general Rodr¨ªguez Galindo y de los otros condenados en el caso Lasa-Zabala no est¨¢ motivada, pues, en un posible riesgo de fuga, sino por por la extrema gravedad de lo que hicieron hace 17 a?os. La Audiencia ya se preocupa en aclarar que los condenados "siempre han cumplido sus obligaciones con el tribunal" y que su decisi¨®n de privarles de libertad no pretende atribuir "sospechas de indignidad" -como ser¨ªa la raz¨®n de una posible fuga del general Galindo- a "quienes desde la Guardia Civil y desde diversos cargos p¨²blicos han prestado tantos y tan meritorios servicios a la sociedad".