Consejeras del PSPV critican ante el juez la opacidad de RTVV

Las tres representantes del PSPV en el consejo de administraci¨®n de R¨¤dio Televisi¨® Valenciana (RTVV) que ayer declararon en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de Paterna, cuyo titular investiga si varios altos cargos de Canal 9 crearon una trama para detraer recursos de la empresa p¨²blica, fueron claras: aseguraron no tener constancia de la comisi¨®n de irregularidad o delito alguno, pero no escatimaron cr¨ªticas hacia el oscurantismo y opacidad de la c¨²pula de RTVV.

Marina Gilabert, consejera de RTVV desde la creaci¨®n del ente, fue la m¨¢s dura en su contestaci¨®n al interrogatorio del magistrado. La llegada del PP al Gobierno de la Generalitat en 1995 supuso una total falta de transparencia en la gesti¨®n de RTVV, cuyo director general -concretamente, Jos¨¦ Vicente Villaescusa- y el anterior presidente del consejo de administraci¨®n -Leonardo Ram¨®n- faltaron a sus obligaciones al obstaculizar la labor de control que, en principio, ese organismo debe realizar sobre el ente p¨²blico, afirm¨®.Gilabert y dos de sus ex compa?eras, Evangelina Rodr¨ªguez y Pilar Pedraza, declararon como testigos en la investigaci¨®n abierta para aclarar si Villaescusa, Ram¨®n, los ex directores de Televisi¨® Valenciana (TVV), Jos¨¦ Forner y Jes¨²s S¨¢nchez Carrascosa y dos de los principales colaboradores, de ¨¦ste, Vicent Andreu y Francisco Aura, organizaron un entramado de empresas para desviar fondos p¨²blicos a sus manos. El juez encargado del caso, a instancia del PSPV, partido que denunci¨® los hechos, ha imputado a los cargos antes mencionados por tres supuestos delitos: societario, tr¨¢fico de influencias y malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

Obstruccionismo

Las consejeras declararon durante toda la ma?ana. Seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, Rodr¨ªguez y Pedraza, apartadas de la vida pol¨ªtica, no fueron tan contundentes en sus respuestas como Gilabert. Ahora bien, en la l¨ªnea de ¨¦sta, denunciaron que la mayor¨ªa de peticiones de documentos, preguntas respecto a operaciones econ¨®micas o cualquier otra solicitud de informaci¨®n se encontraba, por lo general, con evasivas. Esta actitud, que calificaron de obstruccionista y antidemocr¨¢tica, era, dijeron, m¨¢s que la excepci¨®n, la norma.

Ahora bien, siempre seg¨²n las mismas fuentes, ninguna de las tres testigos aport¨® prueba alguna de las irregularidades que se imputan a Villaescusa y el resto de directivos. Es m¨¢s, siempre a preguntas del juez, negaron tener constancia alguna de los hechos de los que les acusa el PSPV.

La querella redactada por el abogado de los socialistas, Francisco Granados -actual presidente de la gestora del partido-, denuncia que un entramado de empresas creado por o con la anuencia de los encausados sirvi¨®, supuestamente, para lucrar a Carrascosa, Andreu o Aura. La fortuna de Astel, una empresa que logr¨® suculentos contratos de Canal 9 nada m¨¢s ser creada, ejemplificar¨ªa c¨®mo funcionaba la trama denunciada.