El Ayuntamiento indultar¨¢ el Meli¨¢ de Alicante a pesar de que fue declarado ilegal

El edificio que acoge el hotel Meli¨¢ de Alicante estaba condenado a desaparecer, pero el PP ha decidido pasar por alto estos antecedentes, indultar y legalizar el inmueble para que pueda modernizarse y mantener su actividad. Unilateralmente, los populares han roto un pacto alcanzado por todas las fuerzas pol¨ªticas de la ciudad en 1993.

Invade suelo de dominio p¨²blico mar¨ªtimo-terrestre. Se levant¨® en 1965 sobre terreno ganado al mar. No respet¨® la altura m¨¢xima permitida, limita la visi¨®n del mar y, adem¨¢s, fue declarado fuera de ordenaci¨®n en 1987, y el Ministerio de Obras P¨²blicas certific¨®, en 1990, que es ilegal.El edificio que hoy acoge el hotel Meli¨¢ de Alicante estaba condenado a desaparecer, pero el PP ha decidido pasar por alto estos antecedentes, indultar y legalizar el inmueble para que pueda modernizarse y mantener su actividad. Los populares han roto un pacto alcanzado por todas las fuerzas pol¨ªticas de la ciudad en 1993, cuando se aprob¨® llegar a un acuerdo con los propietarios para derribar el edificio. La oposici¨®n habla de pr¨¢cticas "especulativas" y "corruptas" para favorecer intereses privados.

El edificio del Meli¨¢, de nulo valor arquitect¨®nico, es una de las actuaciones del franquismo m¨¢s criticadas en Alicante. No gusta a nadie, y las voces que piden su demolici¨®n para que la ciudad recupere su fachada litoral y, sobre todo, la vista del mar, son un clamor.

"Nos lo tenemos que tragar". El alcalde Luis D¨ªaz Alperi, del PP, mantiene la tesis de que expropiar el inmueble para despu¨¦s derribarlo es "inviable", por costoso. Calcula el primer edil de Alicante que esa operaci¨®n costar¨ªa a las arcas p¨²blicas entre 15.000 y 20.000 millones de pesetas, "y ni el Ayuntamiento ni la Generalitat tienen capacidad econ¨®mica para hacer frente a ello", asegura al respecto.

Desde los bancos de la oposici¨®n se ofrece una versi¨®n distinta. Para los socialistas, bastar¨ªa negociar con los propietarios una permuta por terreno en otra parte de la ciudad para que Alicante pudiera recuperar el espacio p¨²blico que hoy ocupa el Meli¨¢. "Adem¨¢s", recuerda el conejal Pablo Rosser, "no debemos olvidar nunca que la propiedad afecta ¨²nicamente al edificio, y no al suelo, que pertenece al ministerio".

El debate sobre el futuro del hotel Meli¨¢ se ha reactivado por una inesperada propuesta de la Autoridad Portuaria, que plantea modificar el Plan Especial del Puerto para legalizar el pol¨¦mico edificio. La justificaci¨®n es peregrina: "Est¨¢ consolidado como uno de los hoteles de la ciudad de mayor categor¨ªa, que m¨¢s servicios ofrece y dispone de grandes salones que en los ¨²ltimos a?os vienen siendo utilizados para conferencias y congresos".

Mario Flores, presidente de la Autoridad Portuaria, confunde de esta forma continente y contenido, lo que ha forzado a los partidos de izquierda a matizar su postura: "No estamos en contra del hotel ni de la cadena Meli¨¢, que debe permanecer en Alicante, pero s¨ª del edificio que ocupa en r¨¦gimen de alquiler, que est¨¢ fuera de ordenaci¨®n, es ilegal y por tanto debe desaparecer", afirman socialistas y Esquerra Unida.

El alcalde intent¨® esta misma semana zanjar la pol¨¦mica adelantando la postura de su partido ante la solicitud del Puerto: "El hotel va a seguir donde est¨¢, es imposible expropiarlo y lo dem¨¢s son cantos de sirenas y hablar por hablar", declar¨®. El portavoz de los socialistas, Jos¨¦ Antonio Pina, mantiene la consolidaci¨®n del inmueble, que ocupa terreno p¨²blico, multiplicar¨¢ su valor en el mercado, y por tanto se abre las puertas a operaciones especulativas de todo tipo. "?Cu¨¢nto puede costar un edificio de esas dimensiones en primer¨ªsima l¨ªnea de mar?" El propio Pina responde a su pregunta: "Una fortuna, o, desde luego, no los 15.000 millones que podr¨ªa costar ahora su expropiaci¨®n".

"Quienes compraron y vendieron ese edificio sab¨ªan que estaba fuera de ordenaci¨®n, y plantear ahora legalizarlo puede sentar un precedente peligroso", asegura Rosser, "ya que cualquier particular podr¨ªa invertir en construcciones ilegales y luego pedir al Ayuntamiento que se reconozcan para dar rentabilidad a lo invertido".