Televisiones locales: la ley de la amenaza permanente Enrique Bustamante

La apelaci¨®n del Gobierno central al Tribunal Constitucional para impedir la legalizaci¨®n de la televisi¨®n local por el Gobierno de Castilla-La Mancha, en donde el Ministerio de Fomento se hab¨ªa empe?ado precisamente en los ¨²ltimos tiempos en cerrar emisoras, es la ¨²ltima se?al de una pol¨ªtica audiovisual autoritaria y declaradamente partidista, en donde el presunto viaje al centro no ha guardado ni siquiera las apariencias. Pero adem¨¢s, y en este caso concreto, pone en riesgo un rico panorama de m¨¢s de mil emisoras de televisi¨®n local terrestre que, contra viento y marea, han comenzado a generar un sector econ¨®mico prometedor y que, sobre todo, constituyen un indispensable dinamizador cultural y social de sus municipios y poblaciones.Desde el ya lejano bautismo de TV Cardedeu en 1981, la televisi¨®n local ha pasado en Espa?a casi dos d¨¦cadas de traves¨ªa del desierto, enfrent¨¢ndose al reto econ¨®mico de sobrevivir en una situaci¨®n de alegalidad que permit¨ªa peri¨®dicas olas de expedientes y amenazas de cierre. Mientras, a su alrededor se incrementaban los canales p¨²blicos y se abr¨ªa a la competencia privada la megatelevisi¨®n, sin que a ning¨²n poder parecieran interesarle esas decenas y luego centenares de iniciativas locales que nac¨ªan, y no pocas veces mor¨ªan, en una obligada precariedad. A finales de 1995 pareci¨®, por fin, que la regulaci¨®n pod¨ªa conciliarse con la realidad cuando se promulg¨® la Ley de Televisiones Locales por Ondas Terrestres que, aun con cautelas excesivas, permit¨ªa legalizar su funcionamiento. Pero la euforia dur¨® poco.

El Gobierno popular ha intentado efectivamente, en 1997 y 1999, modificar esa ley sin que consiguiera los apoyos parlamentarios suficientes y, mientras tanto, ha optado por no realizar el reglamento de desarrollo, de forma que las televisiones locales se encuentran obligadas a legalizarse, pero sin v¨ªas para hacerlo; y los Gobiernos auton¨®micos y Ayuntamientos deben regular las concesiones de unas frecuencias que el Gobierno no establece.

La situaci¨®n es aun m¨¢s kafkiana en el contexto de la pol¨ªtica audiovisual del PP: licencias m¨²ltiples de radio digital a empresas y grupos pol¨ªticamente afines sin experiencia alguna en el sector y profusi¨®n de nuevas cadenas de televisi¨®n digital hertziana, abiertas y codificadas, nacionales y regionales. Una generosidad que olvida toda previsi¨®n de viabilidad financiera y de consolidaci¨®n de nuestra industria audiovisual a favor de un escenario de m¨²ltiples agentes, pol¨ªticamente afectos en su mayor¨ªa, pero econ¨®micamente debilitados y, por ello, permanentes deudores del poder.

Pese a todo, la televisi¨®n local ha logrado consolidarse en Espa?a como un fen¨®meno comunicativo importante en muchas regiones, aun con una enorme diversidad de tipos de propiedad, de fuentes de financiaci¨®n, de horarios y de programaci¨®n. En medio del vac¨ªo legal ha conseguido comenzar a asociarse para la compra y producci¨®n de programas, a mejorar sus ofertas y aprovechar sus ventajas de cercan¨ªa al espectador, a profesionalizar su gesti¨®n. En muchas localidades, sus emisoras constituyen un factor fundamental para la creaci¨®n y difusi¨®n de la informaci¨®n y la cultura local y, por esa v¨ªa, para la conciencia y la participaci¨®n ciudadanas. Un panorama que requerir¨ªa una regulaci¨®n que incentivara esos aspectos positivos y que consolidara la situaci¨®n econ¨®mica de lo que podr¨ªa constituir, adem¨¢s, en el futuro, ese segundo mercado para la producci¨®n audiovisual que tanto se ha echado en falta en Europa.

En cambio, las acciones recientes del Gobierno amenazan esa laboriosa construcci¨®n con una represi¨®n parad¨®jicamente amparada bajo la bandera de la liberalizaci¨®n.

Liberalizaci¨®n controlada, que permite que decenas de Ayuntamientos gobernados por los populares gestionen y controlen emisoras locales sin problemas, que otras muchas televisiones locales en manos de empresarios afines extiendan sus emisiones a ¨¢mbitos transmunicipales y casi regionales, pero que hace pender una permanente y caprichosa amenaza sobre la mayor¨ªa. Porque las emisoras creadas despu¨¦s de 1994 no se consideran legales, pero las que operaban antes tampoco lo son.

En el caso de Castilla-La Mancha, parece adem¨¢s concurrir una especial intenci¨®n: cerrar el paso ejemplarmente, como ya se busc¨® en parte en Canarias, a todo intento de las regiones menos ricas de generar un nuevo modelo de canales regionales sobre el tejido de las televisiones locales existentes. As¨ª, los errores del modelo de televisi¨®n auton¨®mica actual s¨®lo tendr¨ªan como salida la privatizaci¨®n completa de su gesti¨®n y su comercializaci¨®n extrema.

Enrique Bustamante es catedr¨¢tico de Comunicaci¨®n Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense.