La profesora que denunci¨® a la URV, excluida de la selectividad

Josefina Albert, la profesora que denunci¨® al rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV) por prevaricaci¨®n tras ser apartada de la correcci¨®n de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) por haber denunciado al Defensor del Pueblo la discriminaci¨®n en las mismas de la lengua castellana, ha sido de nuevo excluida este a?o de las pruebas. La decisi¨®n, que se har¨¢ oficial en los pr¨®ximos d¨ªas, ha sido tomada por la comisi¨®n de las PAAU de la Generalitat, despu¨¦s de que la URV decidiera inhibirse sobre la idoneidad o no de la profesora.

La URV ha decidido no pronunciarse sobre la capacidad de Albert, a la que ya dio por no id¨®nea el a?o pasado alegando que no hab¨ªa respetado las normas del Tribunal de Correcci¨®n sobre reparto de ex¨¢menes en catal¨¢n. Esta exclusi¨®n ha motivado que el rector Llu¨ªs Arola y el coordinador de las pruebas de selectividad, Joan Igual, se enfrenten ahora a un proceso judicial por prevaricaci¨®n. El fiscal pide para ambos ocho a?os de inhabilitaci¨®n.La decisi¨®n ha corrido pues esta vez por cuenta de la Generalitat en el sentido de que Albert no corrija ex¨¢menes de selectividad hasta que no haya una resoluci¨®n judicial en firme sobre el conflicto.

La trascendencia de la denuncia de Albert ha llegado incluso a modificar el propio funcionamiento de la selecci¨®n de los profesores: si hasta el momento el nombramiento se hac¨ªa oficial tras la firma del rector, ahora ser¨¢ la propia comisi¨®n quien lo haga oficial. Seg¨²n fuentes cercanas a la comisi¨®n, en estos momentos se est¨¢ debatiendo si al resto de profesores excluidos tambi¨¦n se les debe comunicar la decisi¨®n. Cada a?o suele haber entre 300 y 400 profesores que, pese a solicitarlo, son apartados de los tribunales de correcci¨®n.

El a?o pasado, Albert, as¨ª como el profesor Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez, plantearon sus quejas porque no se les comunic¨® de forma oficial su exclusi¨®n de las pruebas. Fern¨¢ndez ha decidido este a?o no renovar su solicitud.

Tras las pruebas de selectividad de 1998, los dos profesores se dirigieron por separado al Defensor del Pueblo. Mientras Fern¨¢ndez se quejaba de una situaci¨®n de discriminaci¨®n del castellano, Albert se refiri¨® a lo sucedido en el transcurso de uno de los ex¨¢menes, en el que, seg¨²n su versi¨®n, un alumno le solicit¨® un ejemplar del cuestionario en castellano. Albert traslad¨® la petici¨®n al presidente del tribunal, quien le exhort¨®, seg¨²n ella, a dar explicaciones orales al alumno pero le prohibi¨® rotundamente entregarle el cuestionario en castellano. Pese a esta indicaci¨®n, la profesora realiz¨® fotocopias del ejemplar y lo entreg¨® a dos alumnos. Seg¨²n Albert, su decisi¨®n de recurrir al Defensor del Pueblo motiv¨® su exclusi¨®n, no comunicada, de las pruebas de 1999, por lo que decidi¨® interponer una querella. La universidad sostiene que no se produjo ning¨²n incidente en las pruebas de 1998 y que, de haberlo habido, la profesora tendr¨ªa que haber dado cuenta del mismo al presidente del tribunal.