Audiencia p¨²blica JAVIER PRADERA

La nueva presidenta del Congreso ha tomado la elogiable iniciativa de no esperar con los brazos cruzados a que los grupos parlamentarios aprueben la reforma completa del Reglamento de 1982 para proponer modificaciones provisionales -consensuadas por todos los diputados- que permitan limpiar de moho esas envejecidas normas de procedimiento y abrir las ventanas de la C¨¢mara a la sociedad. Por lo pronto, Luisa Fernada Rudi ha resuelto acelerar el cumplimiento de una promesa del programa electoral del PP: la comparecencia ante las correspondientes comisiones del Congreso de los candidatos a ocupar cargos de designaci¨®n parlamentaria en las instituciones del Estado a fin de valorar sus m¨¦ritos y examinar su idoneidad para el puesto. La ausencia de precedentes en nuestra r¨ªgida pr¨¢ctica parlamentaria (en Alemania los aspirantes al Tribunal Constitucional se hallan sometidos a escrutinio) y los hearings o audidiencias p¨²blicas del Senado americano para convalidar los nombramientos de jueces de la Corte Suprema, embajadores y dem¨¢s cargos de designaci¨®n presidencial no deber¨ªan llevar a la equivocada conclusi¨®n de que Luisa Fernanda Rudi quiere importar una pieza institucional de Estados Unidos: algo as¨ª como el homenaje prestado a la virtud presidencialista por el vicio parlamentario. El Congreso no pretende revisar los nombramientos hechos por el Gobierno -como el fiscal del Estado o el director de RTVE- en el ejercicio de sus atribuciones, sino ¨²nicamente valorar los m¨¦ritos de los candidatos para cargos institucionales -como los vocales del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y los consejeros de RTVE- cuya designaci¨®n compete a los diputados.

La regulaci¨®n y la pr¨¢ctica de esas comparecencias ante las comisiones tropezar¨¢n con serios obst¨¢culos. Para que el tr¨¢mite no se limitara a guardar las formas (logro en s¨ª mismo nada despreciable) ser¨ªa indispensable que el n¨²mero de aspirantes excediera a los puestos por cubrir y que las propuestas de candidatos naciesen extramuros del Parlamento y de los partidos. Es de temer, sin embargo, que en tal caso no fuesen demasiados los aspirantes de prestigio dispuestos a competir por unas plazas escasas, sufrir el trago de un examen y correr el riesgo de verse rechazados. M¨¢s dif¨ªcil ser¨ªa a¨²n que los partidos abdicasen del monopolio de proponer a los candidatos y de negociar entre s¨ª los nombres de los designados. Si los examinandos fuesen consensuados por las c¨²pulas de los grupos parlamentarios con mayor¨ªa cualificada suficiente para elegirlos (dos tercios o tres quintos de los esca?os seg¨²n los casos), el tr¨¢mite ser¨ªa una pamema: los diputados sometidos a disciplina partidista se ver¨ªan obligados a votar a los aspirantes previamente conchabados, por desastrosa que hubiese sido su comparecencia, y las preguntas dif¨ªciles o los recordatorios molestos proceder¨ªan exclusivamente de las minor¨ªas marginadas del acuerdo previo.

La pr¨®xima elecci¨®n del Defensor del Pueblo ser¨¢ una buena oportunidad para ver c¨®mo funciona ese mecanismo. El partido del Gobierno ha propuesto a Enrique M¨²gica, militante comunista encarcelado en su juventud por el franquismo, afiliado al PSOE a mediados de los sesenta, part¨ªcipe destacado en la refundaci¨®n de Suresnes en 1974, diputado por Guip¨²zcoa desde 1977 y ministro de Justicia con Felipe Gonz¨¢lez. No es la primera vez que populares y socialistas juegan a desconcertarse mutuamente con la presentaci¨®n de candidatos para ese cargo: en 1996 el PSOE propuso como Defensor del Pueblo al catedr¨¢tico Manuel Jim¨¦nez de Parga (hoy pregonado candidato del Gobierno de Aznar para la presidencia del Tribunal Constitucional) y el PP al magistrado Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn (fundador de Justicia Democr¨¢tica y comprometido desde hace muchos a?os con las causas de la izquierda y de los derechos humanos). Dejando a un lado el mosqueo de la gestora del PSOE al verse sorprendida a contrapie por el patrocinio popular de un veterano socialista alejado hoy del actual n¨²cleo dirigente, el episodio puede servir como banco de prueba para el tr¨¢mite que la presidenta del Congreso quiere introducir: si los aspirantes a ocupar cargos de designaci¨®n parlamentaria con historiales tan abultados como la ejecutoria de Enrique M¨²gica corriesen el riesgo de ser rechazados por aspectos criticables de su carrera profesional, s¨®lo podr¨ªan aspirar a tales puestos candidatos sin antecedentes, nimbados de una inocencia ad¨¢nica.