El espionaje al alcance de todos

La buena mujer se alarm¨® como si hubiera visto el demonio. Oculto bajo la mesa del televisor, un peque?o cable guiaba sus manos hasta un aparato m¨¢s peque?o que un paquete de cigarrillos. Apuntaba directamente a la cama. Avis¨® a su compa?era del personal de limpieza de un conocido hotel madrile?o de cinco estrellas, un hotel por donde pululan con frecuencia mujeres de a tanto la hora. Era un descubrimiento inesperado: alguien hab¨ªa instalado una c¨¢mara en la habitaci¨®n. La seguridad del hotel fue diligente. No hubo denuncia a la polic¨ªa. La investigaci¨®n privada concluy¨® que los infractores, quienes fuesen, no buscaban informaci¨®n delicada: simplemente filmar a inocentes hu¨¦spedes en la intimidad, con la esposa, o en una noche loca. Pero la noticia corri¨® entre la clientela y el establecimiento pas¨® apuros durante un tiempo. El pasado febrero se supo que en Italia, en varios hoteles de alto standing, se hab¨ªan instalado videoc¨¢maras en habitaciones y cuartos de ba?o para difundir im¨¢genes ¨ªntimas y reales como la vida misma a trav¨¦s de Internet, donde, bajo la palabra voyeur es posible encontrar m¨¢s de 150.000 p¨¢ginas por la red a trav¨¦s de cualquier servidor que se precie. Es norma desde entonces en muchos hoteles espa?oles efectuar barridos peri¨®dicos en sus habitaciones o salas de reuniones y mostrar la correspondiente certificaci¨®n a los clientes para su tranquilidad. Eso si no son los propios usuarios quienes reclaman dichos servicios. Los hay que retiraron c¨¢maras de pasillos y ascensores ante las quejas por exceso de seguridad. Observar a trav¨¦s de una c¨¢mara es una pr¨¢ctica tan extendida en Espa?a como incontrolada, a pesar de la aprobaci¨®n en 1997 de una ley que regula la utilizaci¨®n de videoc¨¢maras en lugares p¨²blicos, que, en la pr¨¢ctica, no se cumple. ?Cu¨¢ntas c¨¢maras nos vigilan? Fuentes del sector de la seguridad privada entienden que "quiz¨¢s cientos de miles de c¨¢maras". Lo hacen a lo largo de una jornada, tanto en edificios p¨²blicos como en establecimientos privados, en la calle, en el aparcamiento, qui¨¦n sabe d¨®nde.

Evidentemente, el objeto de esa vigilancia es la seguridad de personas y locales, pero su falta de control es un hecho. Entre otras cosas, porque proveerse de una c¨¢mara con sistema de grabaci¨®n est¨¢ al alcance de cualquier bolsillo: por unas 60.000 pesetas, un particular puede adquirir los Ojos de Charo (Eyes Charo), un sistema de videocomunicaci¨®n port¨¢til que permite la conexi¨®n de cuatro c¨¢maras.

Tratar de estimar un censo de los aparatos de vigilancia operativos en Espa?a resulta imposible. Las empresas de seguridad no facilitan datos alegando confidencialidad. Un estudio de mercado realizado para la Asociaci¨®n Espa?ola de Empresas de Seguridad (AES) se?alaba que en Espa?a se invirtieron 142.000 millones de pesetas en servicios de seguridad ya en el a?o 1996, cifra que ahora supera los 200.000 millones, y revela problemas de intrusismo.

La ley regula la utilizaci¨®n de c¨¢maras fijas y m¨®viles en edificios p¨²blicos por las fuerzas de seguridad. Exige la autorizaci¨®n del delegado del Gobierno de cada comunidad aut¨®noma previo informe de una comisi¨®n formada al efecto, presidida por el correspondiente presidente del Tribunal Superior de Justicia. La ley detalla que "el p¨²blico ser¨¢ informado de manera clara y permanente de la existencia de videoc¨¢maras fijas, sin especificar su emplazamiento, y de la autoridad responsable" y tambi¨¦n que "toda persona interesada podr¨¢ ejercer los derechos de acceso y cancelaci¨®n de las grabaciones en que razonablemente considere que figura". Las grabaciones ser¨¢n destruidas en el plazo m¨¢ximo de un mes (art¨ªculo 8), "salvo que est¨¦n relacionadas con infracciones penales o administrativas". La ley de seguridad privada contempla multas de hasta cinco millones e inhabilitaci¨®n para todo empleado poco escrupuloso, a salvo de que el C¨®digo Penal protege el derecho a la intimidad con sanciones de dos a siete a?os de c¨¢rcel.

Un somero sondeo por las comunidades aut¨®nomas revela el descontrol actual. En la Delegaci¨®n de Gobierno de Madrid reconocen que a la comisi¨®n de videovigilancia s¨®lo ha llegado una petici¨®n para instalar c¨¢maras en el Ayuntamiento de Majadahonda y que establecer un censo en Madrid es imposible. "Es como contar el n¨²mero de televisores que hay en la capital", afirma un responsable de la delegaci¨®n. En la Comunidad Valenciana la respuesta es similar: "Apenas han llegado dos o tres expedientes. Nadie cumple los requisitos. Los ayuntamientos hacen lo que les da la gana". En la delegaci¨®n de Catalu?a, la situaci¨®n no mejora: "Se enviaron circulares a 50 ayuntamientos para que dieran cuenta de sus instalaciones de videoc¨¢maras con resultado negativo". En la comisi¨®n figuran s¨®lo 17 expedientes. En otra comunidad aut¨®noma reconocen que no hay registro de c¨¢maras en edificios p¨²blicos y tambi¨¦n que carecen de sistemas de grabaci¨®n.

As¨ª que si el sector p¨²blico carece de control, qu¨¦ podr¨ªa afirmarse del sector privado. Las c¨¢maras son habituales en todo tipo de centros comerciales, de mayor o menor tama?o, sin un control espec¨ªfico. Esas c¨¢maras apuntan al interior o a la v¨ªa p¨²blica, graban o no graban, de acuerdo a la decisi¨®n del empresario de turno. De hecho, es frecuente que ante la comisi¨®n de un delito, la polic¨ªa se acerque por los establecimientos pr¨®ximos para preguntar si se han registrado im¨¢genes que puedan ayudar a desvelar el caso.

?Qui¨¦n las instala?, ?Qui¨¦n las vende? Todo va a gusto del consumidor. "La demanda va en aumento", reconoce Jes¨²s Delgado, director general de Contraespionaje Electr¨®nico S.L., "entre otras cosas, porque el empresario quiere saber si su listado de clientes est¨¢ bien protegido, si sus conversaciones no las escucha nadie, si hay empleados desleales en su empresa, o el mero ciudadano que quiere saber si la persona que cuida al ni?o es de confianza". En su cat¨¢logo constan hasta 160 productos, unos abiertos al p¨²blico en general y otros restringidos a fuerzas de seguridad. "Durante 1995, se vendieron en la Uni¨®n Europea 800.000 equipos de escucha, intervenci¨®n y localizaci¨®n electr¨®nica. En 1996, esa cifra se duplic¨®. El negocio no para de crecer".

No hace mucho, la polic¨ªa detuvo a una persona en Barcelona con una microc¨¢mara en uno de sus zapatos con la que se dispon¨ªa a grabar por debajo de las faldas de las mujeres. M¨¢s recientemente, el 27 de abril de este a?o, el Juzgado de lo Penal n¨²mero 1 de Sabadell absolvi¨® a Laura Macarro, acusada por sus vecinos de un delito contra la intimidad. Hab¨ªa instalado siete videoc¨¢maras en su domicilio, que "controlaban el per¨ªmetro de su propiedad". Laura se quejaba de recibir amenazas e insultos de sus vecinos, que le hac¨ªan "la vida imposible". Denunci¨® estos hechos sin resultado. El juez estim¨® que las c¨¢maras no permit¨ªan "ver m¨¢s all¨¢ de una distancia de visi¨®n de 10 o 12 metros" y no pod¨ªan penetrar en el interior de las viviendas de sus vecinos.

De todo ello se deduce que el sector mejor regulado, hasta el momento, es el f¨²tbol, donde las c¨¢maras est¨¢n censadas (1.800) y controladas por la polic¨ªa desde una unidad central en Madrid. ?S¨®lo nos queda el f¨²tbol? Durante alg¨²n tiempo se discuti¨® qui¨¦n controlaba esas c¨¢maras en cada estadio, si empleados del club o fuerzas de seguridad, dado que se pagan con cargo a la quiniela. Corren numerosas an¨¦cdotas sobre empleados que fisgoneaban en el interior de los edificios colindantes, que han grabado de todo, desde hijos de directivos cazados en indiscreta compa?¨ªa femenina hasta actos sexuales en el recinto o en sus proximidades.