Espa?a, por el TPI

Espa?a ha tardado casi dos a?os en decidirse a ratificar el estatuto del Tribunal Penal Internacional (TPI), aprobado en Roma en julio de 1998, pero aun as¨ª se ha adelantado a la mayor¨ªa de los 120 pa¨ªses que entonces apoyaron su creaci¨®n. Esta instancia jurisdiccional universal de car¨¢cter permanente contra los cr¨ªmenes de lesa humanidad, en la que muchos ven la forma de superar los inconvenientes del caso Pinochet, todav¨ªa est¨¢ lejos de entrar en vigor. Antes tendr¨¢ que ser ratificado su estatuto por al menos 60 de los estados firmantes.El Gobierno ha dado este paso decisivo con el env¨ªo al Congreso del proyecto de ley org¨¢nica para la ratificaci¨®n del estatuto del TPI. Previamente a esta decisi¨®n, que supone adherirse a un tratado de rango internacional, se hab¨ªan suscitado dudas sobre la necesidad de reformar o no la Constituci¨®n en lo que se refiere a la inviolabilidad y no responsabilidad penal del Rey, as¨ª como a la inmunidad de los parlamentarios. El estatuto del TPI no admite reserva alguna en la persecuci¨®n de los presuntos responsables de los delitos que contempla, como genocidio, torturas y desaparici¨®n de personas, entre otras violaciones de los derechos humanos.

A juicio del Gobierno, no es necesario reformar la Constituci¨®n. Es tambi¨¦n la opini¨®n del Consejo de Estado. En el caso del Rey, sus actos deben ser refrendados por el presidente del Gobierno o los ministros, y de ellos "ser¨¢n responsables las personas que los refrenden", seg¨²n se?ala el art¨ªculo 64 de la ley fundamental. M¨¢s dudoso ser¨ªa el caso de los parlamentarios, aunque los informes manejados por el Ejecutivo no creen que su inmunidad pueda alegarse ante actuaciones del Tribunal Penal Internacional. Con la ratificaci¨®n del estatuto, Espa?a se compromete a que ninguno de sus nacionales quede exento de responsabilidad frente a los delitos que esta instancia enjuiciar¨¢ en un futuro pr¨®ximo.