Juicio al alcalde de Folgueroles por permitir vertidos ilegales de purines
El fiscal de Medio Ambiente, José Joaquín Pérez de Gregorio, pidió ayer un a?o de prisión y 18 meses de inhabilitación para el alcalde de Folgueroles (Osona), Gil Orriols, y su concejal de Medio Ambiente, Sebastià Martí, por permitir el vertido de purines en la red pública de aguas residuales de su población y no disponer de depuradora. Estos residuos porcinos, detectados en un análisis realizado en noviembre de 1997, provenían de las granjas de cerdos situadas en el término municipal, las cuales suman cerca de 10.000 animales.
El proceso se inició en 1997, cuando la propietaria de una granja situada cerca del río en el que desembocaba el colector de aguas residuales de Folgueroles denunció unas filtraciones tóxicas en su pozo que le estaban intoxicando el ganado. Los Mossos d'Esquadra descubrieron que la contaminación del pozo y del río empezaba justo en la desembocadura del colector. Los peritos que ayer declararon en el juicio aseguraron que, además de aguas fecales urbanas, el colector contenía residuos supuestamente porcinos que, por su alta toxicidad, tienen que recibir el tratamiento propio de los residuos industriales. Las aguas urbanas suelen tener entre 30 y 40 miligramos de amonio por litro de agua, mientras que las de Folgueroles alcanzaban 66. Y la demanda química de oxígeno, otro de los factores analizados, era casi el doble de la cantidad habitual en aguas fecales. En el momento de la denuncia, Folgueroles no disponía de ningún tipo de depuradora, aunque en 1992 el Ayuntamiento había firmado un convenio con el Consejo Comarcal de Osona según el cual este último pasaba a ser el responsable del plan de gestión de residuos, que incluía la construcción de depuradoras. Folgueroles tiene sólo 1.300 habitantes, por lo que figuraba entre las últimas en ese plan.
La defensa argumentó ayer que la construcción de la depuradora no dependía del propio Ayuntamiento, sino del consejo comarcal y de la Junta de Residuos, pero el fiscal acusó al alcalde de "querer cargar el muerto a otros" y de no haber actuado pese a tener conocimiento de que las granjas de la población podían verter sus purines directamente a la red urbana de saneamiento.
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