El regreso de la 'tierra arrasada'

En Guatemala, nombrar tierra arrasada es mentar al diablo. Esa estrategia represiva practicada por los reg¨ªmenes militares para luchar contra la guerrilla dej¨® m¨¢s de 43.000 muertos, oblig¨® a huir hacia M¨¦xico a decenas de miles de ind¨ªgenas mayas, pas¨® a fuego comunidades enteras y sembr¨® la semilla del rencor. Los acuerdos de paz, firmados sobre papel en 1996, empujaron a miles de ind¨ªgenas mayas a regresar del exilio, a volver a levantar sus comunidades. Algunos, convencidos de la necesidad de justicia, denunciaron a principios de mayo al r¨¦gimen de Fernando Romeo Lucas Garc¨ªa (1978-1982) por genocidio y delitos de lesa humanidad. Pero, cuatro a?os despu¨¦s de la firma, denuncian que reclamar justicia es a¨²n un delito y que la tierra que cultivan con af¨¢n de supervivencia puede volver a ser arrasada."No, no creo que se haya desmontado la estructura represora. Los escuadrones de la muerte siguen, pero lo dif¨ªcil ahora es saber qui¨¦n manda en ellos, porque la divisi¨®n interna en el poder es fuerte". El an¨¢lisis es de alguien que ha vivido el conflicto guatemalteco al lado de las v¨ªctimas: Luis Gurriar¨¢n, misionero espa?ol de la orden del Sagrado Coraz¨®n de Jes¨²s, que ha empe?ado 39 de sus 66 a?os en este pa¨ªs. Gurriar¨¢n ayud¨® a los ind¨ªgenas en la imposible tarea de abrir paso y cultivos en la selva del Ixc¨¢n, en el fr¨ªo y est¨¦ril Altiplano del Quich¨¦, en 1970; vivi¨® la represi¨®n que los oblig¨® a huir a M¨¦xico en 1982, y regres¨® con ellos desde el exilio en 1994. "Los acuerdos no terminan de aplicarse. Estoy sumamente preocupado".

Esa preocupaci¨®n del padre Gurriar¨¢n se confirm¨® el pasado 14 de mayo. Diez d¨ªas despu¨¦s de que se interpusiera la querella contra Lucas Romeo, la comunidad de Santa Mar¨ªa del Tzej¨¢ revivi¨® la guerra que el papel dice finalizada. A las 2.10 horas, las instalaciones de la cooperativa, motor de vida de esta comunidad de poco m¨¢s de 1.000 habitantes, fueron quemadas. Se perdi¨® producci¨®n, dinero, mobiliario y toda la documentaci¨®n. El fuego se trag¨® cerca de 10 millones de pesetas en bienes y el edificio, construido con ayuda de la cooperaci¨®n oficial espa?ola. "Sospechamos que hubo un m¨®vil pol¨ªtico por la denuncia sobre las masacres de 1982, en la que los familiares de las v¨ªctimas de Santa Mar¨ªa han tenido un papel muy activo", denuncia Gurriar¨¢n.

Gaspar Quiro, presidente de la comisi¨®n de vigilancia de la cooperativa, confirma la sospecha del religioso: "Quieren atemorizarnos, pero la gente est¨¢ animada. ?Qu¨¦ m¨¢s nos queda! Reconstruir otra vez". Quiro no duda en responsabilizar al Gobierno de esta nueva extensi¨®n de tierra arrasada. "No est¨¢n aplicando los acuerdos de paz, las leyes no se respetan y la represi¨®n sigue. Siempre aparecen los cuerpos de gente aparentemente secuestrada". Para afianzar m¨¢s la desconfianza en el articulado de paz, Quiro explica c¨®mo la ¨²nica respuesta de la polic¨ªa al incendio de las instalaciones de la cooperativa ha sido pedir "evidencias". "Ocurre siempre: a alguien se le encuentra un delito, lo detienen y el denunciante es el que tiene que llevar el proceso, buscar las pruebas y eso. Si no tiene la plata [dinero] para hacer gestiones, para viajar a la capital, el detenido sale en libertad".

Lo ocurrido en Santa Mar¨ªa de Tzej¨¢ no es un hecho aislado. La comunidad de Cuartopueblo, tambi¨¦n en la selva del Ixc¨¢n, se encuentra militarizada. Y los militares, a Cuartopueblo le provocan sarpullidos de memoria: en marzo de 1982, 360 personas de esta comunidad fueron asesinadas en una matanza dise?ada por el aparato del Estado. Para el padre Gurriar¨¢n no hay motivo para la presencia masiva de los soldados. "La excusa de ahora para militarizar es la lucha contra el contrabando, las drogas o el desminado, pero la ¨²ltima vez que quitaron una mina