La Universidad de Tarragona alega buena fe en el caso del castellano

Los abogados de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) alegaron ayer -en la vista oral del proceso contencioso-administrativo que enfrenta a esta instituci¨®n con la profesora Josefina Albert- que el centro docente aplic¨® la normativa "con la mejor intenci¨®n y de buena fe". La URV excluy¨® a Albert de los ex¨¢menes de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) tras denunciar ¨¦sta la discriminaci¨®n del castellano en los cuestionarios de los ex¨¢menes. El proceso, iniciado por la profesora tras su marginaci¨®n de los ex¨¢menes de selectividad al haberse dirigido al Defensor del Pueblo denunciando la supuesta discriminaci¨®n del castellano en los mismos, qued¨® visto ayer para sentencia, despu¨¦s de que las dos partes ratificaran ante el juez sus posturas. La vista de ayer es s¨®lo la primera estaci¨®n del v¨ªa crucis judicial que va a tener que recorrer el rector de la URV, Llu¨ªs Arola, quien adem¨¢s, por el mismo caso, se enfrenta a un proceso penal por prevaricaci¨®n por el que el fiscal le pide ocho a?os de inhabilitaci¨®n.

Sanci¨®n encubierta

Para Juan Carlos Zayas, abogado de Albert, la marginaci¨®n de la profesora encubr¨ªa una sanci¨®n, mientras que los letrados de la URV la calificaron de cumplimiento escrupuloso de la normativa. Pero, Enrique Alc¨¢ntara, abogado de la universidad, tras afirmar en tono contundente que el comportamiento del equipo rectoral fue intachable, al final de su alegato, lleg¨® a admitir que "todo el mundo se equivoca". Alc¨¢ntara explic¨® que la exclusi¨®n de Albert se produjo despu¨¦s de que la URV fuera informada por el Defensor del Pueblo de supuestas incidencias acaecidas en las PAAU de 1998 y no por parte de la profesora que te¨®ricamente las presenci¨®.

En su comunicaci¨®n al Defensor del Pueblo, Josefina Albert asegur¨® que el presidente del tribunal le dio ¨®rdenes expresas de no repartir las preguntas del examen en castellano a dos alumnos que as¨ª se lo solicitaron. La decisi¨®n de apartarla de las pruebas estuvo motivada, seg¨²n la URV, porque la profesora no comunic¨® de forma oficial dichas incidencias -que la universidad niega que sucedieran- y por el "hecho irregular" de que la docente, por su cuenta, decidiera hacer fotocopias de los ex¨¢menes en castellano y repartirlos.

Albert, a juicio de Alc¨¢ntara, era conocedora de su irregularidad puesto que, seg¨²n expuso ayer el letrado, en su misiva al Defensor del Pueblo, la docente reconoce que reparti¨® los ex¨¢menes "a pesar de que se jugaba no volver a participar en las pruebas". El letrado record¨® que es la docente quien debe acreditar que fue sancionada por acudir al defensor y no por no ser id¨®nea para la correcci¨®n de las pruebas. Alc¨¢ntara reiter¨® en numerosas ocasiones que la URV hab¨ªa observado escrupulosamente el ordenamiento jur¨ªdico de la Generalitat y del Consejo Interuniversitario, que ha redactado la normativa de la selectividad.