Historiadores e intelectuales llaman a recobrar la memoria de la represi¨®n franquista

La imposibilidad de incriminar a los responsables de la represi¨®n franquista, el pacto del olvido de la transici¨®n, es una de las taras con las que naci¨® la actual democracia espa?ola. As¨ª lo se?alan los miembros del Centro de Trabajo y Documentacion, una entidad que naci¨® en 1976 para promover el debate dentro de la izquierda catalana y que ha organizado, con el Centro de Cultura Contempor¨¢nea de Barcelona (CCCB), el V Memorial Octavi Pellissa, sobre el tema Oblit, mem¨°ria hist¨°rica i comissions de la veritat. En la clausura, ayer, se dio lectura a un manifiesto en el que se apunta que si bien "no se trata de pedir responsabilidades penales de ning¨²n tipo", se insta a los parlamentos aut¨®nomos y al Congreso de los Diputados a condenar moralmente a los responsables de los cr¨ªmenes del franquismo.

Asimismo el documento, que fue le¨ªdo por Maria del Mar Bonet, pide a la jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica espa?ola "que pida perd¨®n p¨²blicamente por su complicidad en el sostenimiento de la dictadura".La lectura del manifiesto fue el colof¨®n de dos jornadas en las que historiadores espa?oles disertaron acerca de la represi¨®n y la violencia ejercidas por la dictadura del general Franco. El objetivo de las ponencias fue demostrar la efectividad del aparato represivo del franquismo en todos los ¨¢mbitos: social, laboral, cultural, econ¨®mico y el de la vida cotidiana. Los mismos historiadores pusieron sobre la mesa la dificultad con la que se encuentran a la hora de estudiar esos a?os. Un solo ejemplo: el profesor de la Universidad Aut¨®noma de Barcelona Manuel Risques record¨® que s¨®lo desde los a?os 1997 y 1998 se tiene acceso a los archivos militares.

En las mismas jornadas, representantes de las comisiones de reconciliaci¨®n y de la verdad de Argentina, Chile, Guatemala y la Rep¨²blica Surafricana expusieron sus respectivas experiencias.

El historiador Paul Preston, que clausur¨® el memorial -organizado por el Centro de Trabajo y Documentaci¨®n cada dos a?os-, afirm¨® que en Espa?a el trabajo de este tipo de comisiones lo realizan ahora los historiadores. Y subray¨®: "El poder p¨²blico deber¨ªa favorecer su trabajo fomentando la investigaci¨®n y abriendo y conservando archivos. Tenemos la obligacion de hablar por los muertos".

El manifiesto empieza a recoger adhesiones hoy.

Cuatro son las opciones que, seg¨²n apunt¨® el pasado viernes el soci¨®logo chileno Manuel Antonio Garret¨®n, representante de su pa¨ªs en la Conferencia de Ginebra sobre el papel de las comisiones de la verdad en pa¨ªses en transici¨®n, se presentan a un pa¨ªs cuando intenta la reconciliaci¨®n nacional tras a?os, d¨¦cadas en algunos casos, de dictaduras, gobiernos militares y represi¨®n por parte del Estado de grupos concretos de sus sociedades. Uno: dejar pasar el tiempo. Dos: hacer borr¨®n y cuenta nueva. Tres: coexistir en un arreglo acomodaticio. Y cuatro: establecer la verdad, hacer justicia y reparar a las v¨ªctimas.

En las sesiones dedicadas a las comisiones de la verdad, los representantes de Argentina, Chile, Guatemala y la Rep¨²blica Surafricana pudieron compartir sus respectivas experiencias en el auditorio del CCCB. Participaron 10 ponentes, que dieron cuenta de la magnitud enciclop¨¦dica de los trabajos e informes de sus respectivas comisiones y de las tareas que quedan pendientes. Poco tienen que ver, en lo concreto, los casos que se relataron, excepto que, ante las cuatro opciones se?aladas por Garret¨®n, todos esos pa¨ªses optaron por la cuarta.

Una opci¨®n que, sin embargo, ha abierto en ellos, seg¨²n dijeron, una nueva v¨ªa de conflicto: la contradicci¨®n, la tensi¨®n en muchos casos, entre el conocimiento de la verdad acerca de los millares de cr¨ªmenes de lesa humanidad que en ellos se cometieron y la posibilidad real de hacer actuar a la justicia.

A juicio de Alex Boraine, miembro de la Comisi¨®n de la Verdad y la Reconciliaci¨®n surafricana, la construcci¨®n de una democracia estable no debe pasar ni por la "amnesia" ni por la "persecuci¨®n". En la Rep¨²blica Surafricana, explic¨®, "la transici¨®n no se produjo mediante una revoluci¨®n, sino alrededor de una mesa de negociaciones. Cuando se busca el consenso, nadie consigue del todo lo que quiere".

La soluci¨®n surafricana a una historia de colonizaci¨®n y racismo institucional, el tristemente famoso apartheid, fue proporcionar la amnist¨ªa a quienes la pidieran. A cambio, eso s¨ª, de la confesi¨®n p¨²blica y pormenorizada de todos sus delitos en un proceso que se vivi¨® en el pa¨ªs como una aut¨¦ntica catarsis.

"?Es esto justicia?", se pregunt¨® a continuaci¨®n Dumisa B. Ntsebeza, juez de la Corte Suprema y miembro de la comisi¨®n. "S¨ª", contest¨®. "El reconocimiento p¨²blico de los propios cr¨ªmenes significa una condena de por vida. A veces es mejor que los verdugos no vayan a la prisi¨®n, porque muchos de ellos, cuando salen, tienen la tranquilidad de que han pagado su deuda con la sociedad".