Justicia y prevaricaci¨®n

La Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha pronunciado de forma categ¨®rica en contra del indulto solicitado por el ex juez Javier G¨®mez de Lia?o, expulsado de la carrera judicial e inhabilitado por 15 a?os tras su condena por un delito de prevaricaci¨®n continuada. El auto desmonta los argumentos favorables esgrimidos por el fiscal Luz¨®n, que aleg¨® imprecisas "razones de equidad" y un "clamor popular" expresado en "innumerables" escritos y telegramas. "Cuando un juez ha prevaricado", escriben los tres magistrados, "el indulto carecer¨¢ completamente de razones de justicia o equidad, precisamente porque la reprobaci¨®n del orden jur¨ªdico coincide con la desaprobaci¨®n ¨¦tica de la sociedad". Y en cuanto al "clamor popular", replican que "lo verdaderamente llamativo es que el n¨²mero de ciudadanos que 'clama' sea tan absolutamente minoritario".Para desbrozar el camino a los magistrados que deb¨ªan pronunciarse sobre la petici¨®n de indulto, el fiscal Luz¨®n apelaba al "vago concepto de utilidad p¨²blica" previsto en el art¨ªculo 11 de la ley que regula el ejercicio del derecho de gracia. Tan vago es el art¨ªculo que se limita a dejar el criterio de utilidad p¨²blica "a juicio del tribunal sentenciador", sin precisi¨®n alguna sobre el concepto. Y aunque las razones de la justicia a veces no coincidan con las del sentido com¨²n, parece de estricta utilidad p¨²blica que un juez condenado por prevaricaci¨®n no vuelva a ejercer. La sala se?ala que no hay un solo precedente en nuestro pa¨ªs.

El propio fiscal Luz¨®n compart¨ªa este criterio hace unos meses. En octubre de 1999 se opuso a suspender la ejecuci¨®n de la condena "porque el delito de prevaricaci¨®n es la conducta m¨¢s grave que se puede imputar a un juez en el ejercicio de sus funciones". Es sorprendente un cambio tan significativo del fiscal en tan poco tiempo. La sala del Supremo le replica que el indulto obra necesariamente sobre la parte de la condena que falta por cumplir, lo que no es aplicable a la privaci¨®n definitiva del empleo de juez, que ya ha sido ejecutada. Se apoya para ello en la jurisprudencia consolidada del Supremo, y cita una sentencia sobre el recurso de un militar condenado por rebeli¨®n: "La p¨¦rdida de empleo y separaci¨®n del servicio, de naturaleza permanente, (...) han de entenderse definitivamente ejecutadas y no susceptibles de rectificaci¨®n". Concluye que lo contrario no ser¨ªa un indulto, sino una amnist¨ªa que borrar¨ªa el delito.

Pero quien recibe la mayor reprimenda es el propio Lia?o. Para el indulto hace falta que existan pruebas o indicios de arrepentimiento, algo que no puede estar m¨¢s lejos del comportamiento del ex juez tras su condena, como le recuerda la sala con justificada insistencia. Lia?o ha publicado dos libros, citados y agregados a la causa como pruebas precisamente de su "empecinamiento". Ha sostenido en distintas publicaciones que no fue juzgado por un tribunal imparcial. Y adem¨¢s ha demostrado su incapacidad para acatar las resoluciones de los tribunales, seg¨²n documenta la propia Sala Segunda, hasta intentar inculpar a los propios jueces que compon¨ªan el tribunal ante el que recurri¨®: "El condenado ha repetido, de una manera todav¨ªa m¨¢s grave, la misma conducta que le report¨® en su momento la mencionada sanci¨®n disciplinaria".

La conclusi¨®n del informe trasciende el caso Lia?o con un aldabonazo que no debiera permitir frivolidades: "Esta sala considera seriamente perjudicial para la funci¨®n preventiva general de la pena que la pena por un delito tan grave sea indultada". Los jueces prevaricadores no deben volver a sentarse en un tribunal. Siempre estar¨ªa bajo sospecha su imparcialidad.