La calle es m¨ªa

A sus 88 a?os, Carmen Ramos Espin¨®s, vecina de la playa de San Juan de Alicante, mantiene en jaque al Ayuntamiento de esa ciudad, a la poderosa constructora Obrasc¨®n-Huarte-Lain (OHL) y a Hansa Urbana, una promotora participada por la Caja de Ahorros del Mediterr¨¢neo (CAM) que gestiona el plan parcial La Condomina, la mayor urbanizaci¨®n (m¨¢s de 5.000 viviendas y campo de golf) que se levanta en Alicante.De momento, Carmen se ha salido con la suya: parar la urbanizaci¨®n de la Avenida de Oviedo, un vial estrat¨¦gico que, seg¨²n acredita registralmente, le pertenece en parte. La anciana ha vallado una zona de la calle, que conecta el plan parcial y la Playa de San Juan. Por ah¨ª debe pasar un gran colector dise?ado para enviar las aguas pluviales al mar y evitar las inundaciones c¨ªclicas que sufre la zona. La paralizaci¨®n tambi¨¦n ha afectado a las obras de reurbanizaci¨®n de la plaza de A Coru?a, una gran rotonda que distribuye el tr¨¢fico en la zona de playas. All¨ª, adem¨¢s, arranca la V¨ªa Parque, el segundo gran cintur¨®n de Alicante, entre la Gran V¨ªa y la A-7.

Para que "no vuelvan a invadir la propiedad privada", la se?ora ha contratado los servicios de una empresa de seguridad y ha puesto el caso en manos de uno de los gabinetes jur¨ªdicos m¨¢s prestigiosos de la ciudad. Un guarda jurado vela la posesi¨®n d¨ªa y noche en el interior del recinto acotado.

El apoderado de Carmen Ramos, Vicente Orts Zaragoza, argumenta que la finca en litigio es "claramente" propiedad de la se?ora; y no porque ella lo diga, explica, sino porque "est¨¢ perfecta y legalmente registrada a su nombre". Y advierte de que el caso puede convertirse en un problema de orden p¨²blico, porque "ni a la fuerza vamos a dejar que el Ayuntamiento y las constructoras se apoderen de la finca".

El caso ha dado varios tumbos por los juzgados hasta llegar a la Audiencia de Alicante. Una juez de primera instancia se abstuvo en la causa. La competencia, esgrimi¨® la magistrada, es de la jurisdicci¨®n contencionso-administrativo. No obstante, sin llegar a entrar en el fondo del litigio y bajo el argumento de que la ejecuci¨®n de las obras es de "enorme inter¨¦s p¨²blico", la juez acaba de dictar un auto que deja v¨ªa libre a la constructora para seguir el trabajo. Al menos, as¨ª lo interpreta el Consistorio, que va a prepararar un decreto de ocupaci¨®n forzosa del vial.

El Ayuntamiento alega que la calle es p¨²blica, y argumenta esa consideraci¨®n con un plano del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana de 1968, que ya dibujaba el conflictivo vial. Quiz¨¢s, dice el Consistorio, el litigio no es m¨¢s que un vano intento de presi¨®n a la Administraci¨®n para "obtener un lucro inmerecido e injusto".

Sin embargo, el apoderado de la se?ora asegura que el Ayuntamiento no puede ocupar una propiedad privada a las bravas y sin demostrar que el vial es p¨²blico.

Mientras los abogados del Ayuntamiento hacen horas extra para solucionar el conflicto, las asesor¨ªas jur¨ªdicas de las constructoras agotan v¨ªas para no demorar m¨¢s las obras y los jueces dictan autos y providencias para resolver lo que les toca, Carmen Ramos est¨¢ muy tranquila. La calle es suya, dice su apoderado.